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sábado, 11 de marzo de 2017

De riquezas y tiesuras andaluzas


Artículo de Luis Marín Sicilia



“Unos partidos endogámicos, incapaces de plantear una alternativa política e ideológica al socialismo gobernante, completan el triste panorama de una región condenada a la desidia y el atraso”

“De dejarnos llevar por la demagogia al uso, el único futuro que nos espera es el de la única igualdad posible: la de ser iguales en la miseria”

 Las aguas bajan un poco revueltas por tierras andaluzas. A la contestación popular sobre las pretensiones sanitarias de la Junta se añade una fuerte indignación sobre la presión fiscal ejercida sobre las herencias. Son puntos de fricción que están sometiendo a un notable desgaste las expectativas, más allá de Despeñaperros, de la presidenta andaluza, muy dada, por otra parte, a actuar con un cierto populismo de base en lo que, sin duda, enmascara una deficiente gestión de los recursos públicos.

El derecho a la herencia, además de su legitimidad constitucional tiene su fundamento en la propia concepción de la familia, en la naturaleza del derecho de propiedad y en el principio de autonomía de la voluntad, en cuya virtud un individuo pretende prolongar su personalidad en aquellos que han compartido su vida, con sus adversidades y sus alegrías. Tal derecho solo fue abolido en la Rusia soviética entre 1917 y 1926.

La batalla se ha planteado ante el diferente trato que, dentro de un mismo Estado como es España, se da a los herederos en las distintas Comunidades Autónomas, lo que pone en cuestión el principio constitucional de igualdad de todos los españoles. Si las diferencias entre unas y otras comunidades fueran de menor importancia, como ocurre por ejemplo con los tramos autonómicos del impuesto sobre la renta, la cuestión no se habría salido de madre. Sin embargo en las herencias se producen relaciones de uno a cien, lo que resulta un auténtico disparate si nos atenemos al puro concepto de nación única.

¿Cuál ha sido, en mi opinión, el mayor error de la presidenta andaluza? Sencillamente acusar a quienes, como en Madrid, aplican un tipo puramente simbólico, de practicar "dumping fiscal", olvidando que la propia ley faculta a las comunidades para aplicar, sin limitación, bonificaciones fiscales. Y olvidando quizá que fueron comunidades como La Rioja y Cantabria de las primeras en aplicar bonificaciones, con el objetivo de evitar la fuga que siempre se produjo a las vecinas Vascongadas y Navarra, donde los privilegios forales exoneraban, en la práctica, el pago del impuesto sucesorio.

Creo que el tema solo se resolverá si el Gobierno del Estado, que es quien tiene la competencia regulatoria, decide homogeneizar el tributo estableciendo una horquilla razonable de tipos mínimo y máximo entre los cuales optarán las distintas comunidades. Pero una horquilla pequeña, de no más de tres o cuatro puntos de diferencia, pues en otro caso la desigualdad sería -es- manifiesta. Y habría que intentar, por todos los medios, que País Vasco y Navarra no fueran el único oasis en materia sucesoria.

Pero lo que interesa resaltar ahora es que este debate ha puesto en cuestión la política andaluza, donde el cansancio de casi cuarenta años de gobierno monocolor socialista (con pequeños apósitos andalucistas o comunistas) empieza a provocar resistencia y fatiga. Y aquí ha entrado otra vez el mantra de "los ricos" y "los que más tienen", latiguillo sin sustancia al que recurre una izquierda que utiliza la demagogia palabrera para evitar el rigor intelectual.

La presidenta andaluza, en debate parlamentario, decía que los ricos no se van a escabullir de pagar por heredar, concluyendo con un contundente "¡quien herede 5, 10, 15 o 20 millones de euros, que pague!". ¡Pero, señora presidente, que en Andalucía paga quien hereda más de 250.000 euros! Considerar rico a tal persona es caer en la obsesión de igualar por abajo, tal como los enemigos de la propiedad han pretendido históricamente.

En realidad la cuestión del gravamen sucesorio ha puesto en marcha un recordatorio de la deficiente gestión del interés público en Andalucía, donde a la problemática de los "eres" se ha añadido la de los cursos de formación, acrecentada esta por la ocultación a la Comisión parlamentaria que los investiga del informe remitido por el funcionario que los destapó, el cual ni siquiera aparece registrado en el libro oficial de entrada, con el consiguiente escándalo. O el desamparo a la atención temprana tan magistralmente expuesto por Cornelia Cinna ayer en este diario. 

Una radiografía actualizada de Andalucía pone de manifiesto, por ejemplo, que miles de maestros y profesores de infantil y de otras ramas educativas, tras obtener brillantes notas en las oposiciones, vagan por Andalucía o fuera de ella, porque ni siquiera pueden optar a una interinidad copada por sistemas benefactores del oportunismo o el favor.

En la tierra que bate todos los récords de paro y riesgo de pobreza, médicos, ingenieros, licenciados múltiples, arquitectos y un sin fin de titulados esperan una oportunidad mientras miles de enchufados copan organismos e instituciones creados sin otra finalidad que dar cobijo a los correligionarios.

Para percatarse del alcance real del enchufismo institucionalizado, basta con saber que alrededor de doscientas empresas y agencias, casi todas deficitarias, han sido erigidas por la Junta de Andalucía, dando cobijo a unas treinta mil personas colocadas digitalmente. La operación clientelar instaurada por el partido gobernante en Andalucía supone un despilfarro y un dislate empresarial donde, solo en el año 2015, según los datos conocidos, se inyectaron por la vía de subvenciones cerca de 2.700 millones de euros. Si a ello sumamos las pérdidas cercanas a los 3.000 millones de euros y una deuda de 1.270 millones, nos daremos cuenta de la indignación de quienes, para heredar, tienen que pignorar su patrimonio o renunciar a la herencia.

Son muchos los años de gestionar de una forma determinada la autonomía andaluza. El entramado clientelar sobre el que se basa la permanencia en el poder es difícil de salvar dada la ingente cantidad de recursos y de intereses personales puestos en juego. El agujero y descontrol de los fondos públicos ha llegado incluso al programa digital de la Junta, según denuncia la Cámara de Cuentas. De ahí que, una sociedad harta, recurra a la protesta que es hábilmente silenciada o manipulada por los medios del propio régimen, tal como la radio televisión autonómica, cuyo presupuesto, siempre desbordado por las pérdidas acumuladas, rebasa con creces el de cualquier canal televisivo de ámbito nacional.

Unos partidos endogámicos, incapaces de plantear una alternativa política e ideológica al socialismo gobernante, completan el triste panorama de una región condenada a la desidia y el atraso, cuyo furgón de cola sigue ostentándolo si lo comparamos con el resto de regiones europeas, y cuyo nivel de corrupción es el más alto de España según el Índice de Competitividad Regional de la Unión Europea publicado recientemente.

Por una parte, la izquierda ansía pactar con el PSOE, si no puede sustituirlo, no para cambiar su política sino para hacerla más intervencionista, igualitarista y ruinosa a la postre. El socio coyuntural de Ciudadanos se siente satisfecho, engañándose a sí mismo, con sus pretensiones de impulsar cambios que no son contrastables. Y los populares no son capaces de impulsar un proyecto atractivo con otra base ideológica más emprendedora y menos atávica, imbuidos, al parecer de ese complejo de inferioridad con que la derecha se ha conducido en el puro debate político y programático con la izquierda.

Así las cosas, algunos temen a lo que llaman "concentración de la riqueza" como generadora de desigualdad, intentando combatirla, como sugiere Thomas Piketty en 2013 ("El capital en el siglo XXI"), poniendo límites a la herencia con impuestos progresivos y un impuesto mundial a la riqueza. Otros seguimos defendiendo lo que propuso Stuart Mill hace ya siglo y medio: establecer elementos correctores del efecto riqueza, mediante la "igualdad de oportunidades". Y es ahí donde deben tener su papel preponderante la tutela del Estado y los poderes públicos.

De dejarnos llevar por la demagogia al uso, el único futuro que nos espera es el de la única igualdad posible: la de ser iguales en la miseria. A partir de ahí, no sólo Susana Díaz se habría casado, según ella misma, con un "tieso". Es que seríamos todos "tiesos"... excepto los guardianes del engendro, o sea los políticos que nos habrían llevado a la ruina y que solo ellos administrarían en provecho propio.

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