La Agencia de la Competencia multa a Hospitales Pascual con 5,3 millones de euros

Artículo de Antonio Barreda

La Agencia de la Competencia multa a Hospitales Pascual con 5,3 millones de euros mientras calcula que la empresa obtuvo un beneficio ilícito de más de 164 millones de euros.

Mientras la sanidad pública se apoye en Pascual para completar su mapa sanitario estaremos pagando la factura sanitaria a una empresa privada.

El Servicio Andaluz de Salud atribuía a dicha entidad la aplicación de precios abusivos por los servicios facturados fuera de concierto.

La denuncia del SAS argumenta que Pascual se está aprovechando con fines económicos de la dependencia que la Junta de Andalucía tiene de los tres hospitales que la empresa dispone en ciudades donde no existe ningún otro centro sanitario.

La Agencia de la Competencia de Andalucía indica en su resolución que la actuación de la entidad José Manuel Pascual Pascual, S.A habría respondido a una doble estrategia destinada a hacer del SAS un cliente totalmente dependiente de sus servicios.

La empresa José Manuel Pascual se fundó en Cádiz en 1947 y se convirtió en la principal muleta del sistema sanitario andaluz en 1973, cuando el hospital Zamacola, en Cádiz, cerró y aún no estaba construido el Puerta del Mar.

Hace varios años, una polvareda periodística saltaba en torno a la obligatoriedad que la Clínica San Rafael de Cádiz, concertada por la Junta de Andalucía, imponía a sus enfermeras para que se pusiesen minifaldas mientras desempeñaban sus trabajos clínicos habituales. En mayo de 2011 el Tribunal Supremo daba la razón a CC.OO y establecía que la obligación de llevar falda, delantal y cofia a las enfermeras de consultas y planta era una práctica "discriminatoria" frente a los pijamas sanitarios que usa el personal que trabaja en quirófano.

Como contaba Fernando Santiago en un artículo de 2008 publicado en El País. “A mediados de los años ochenta el Partido Socialista se empeñó en hacer una muy necesaria reforma sanitaria. Se creó el SAS para formar una única red pública. Se cerraron los psiquiátricos, la Junta se quedó con todos los hospitales de beneficencia de las diputaciones y con las casas de socorro y centros sanitarios de los ayuntamientos. Se inició la creación de la red de atención primaria, se le metió mano a las incompatibilidades de los médicos para evitar que cobraran de lo público y trabajaran en lo privado. Y se empezaron a suprimir los conciertos sanitarios con clínicas privadas. En Cádiz, al frente de la operación estaba un intrépido gestor, Agustín Ortega Limón. Se suprimieron los conciertos con la clínica de la Salud y con el hospital de San Juan de Dios. Pero cuando le tocó el turno a la clínica de San Rafael el proceso se paró, hasta el punto de que Ortega Limón pasó a directivo del Grupo Pascual. Pero el asunto no acabó ahí, sino que José Manuel Pascual hijo no sólo consiguió mantener su concierto en San Rafael, sino que fue comprando y construyendo hospitales por toda Andalucía hasta el día de hoy, que tiene seis hospitales concertados con un coste inicial de 300 millones de euros al año, una red privada sostenida con fondos públicos que se disemina ya por toda Andalucía”.

Sin embargo, la expansión de Pascual sólo encontró freno cuando quiso establecerse en Córdoba. En junio de 1999 se aventuró a construir el Hospital Virgen de las Viñas para el que esperaba la misma respuesta de la administración andaluza. Sin embargo, ya con Francisco Vallejo como consejero de Salud, la respuesta fue muy distinta, levantó un edificio justo enfrente, que es hoy el Hospital Comarcal de Montilla, íntegramente de gestión pública.

En Andalucía se derivan cerca de un 3% de los pacientes del SAS a centros concertados y los principales son de Pascual. Más de dos millones de los 75 millones de actos sanitarios que realiza la Junta necesitan apoyo privado, debido a que la crisis y las políticas de apoyo a las Agencias sanitarias de la Junta han impedido concluir el mapa público hospitalario.

Un hecho que en Cádiz es más sangrante porque la Junta ha venido engañando a la ciudad de Cádiz y a la provincia con un nuevo hospital para la capital que nunca se ha construido, ni hay intenciones a pesar de haber firmado un convenio todas las administraciones para su construcción. Y ha permitido que el mapa sanitario de la capital y la provincia se complemente con los conciertos con los hospitales privados de Pascual. Esta relación de dependencia ha llevado a los centros del grupo Pascual a asumir el 35% de las operaciones que se realizan en la provincia.

Ahora hace un año, en marzo, el consejo de gobierno de la Junta de Andalucía autorizó al Servicio Andaluz de Salud (SAS) la suscripción de un concierto sanitario con el grupo hospitalario José Manuel Pascual Pascual para complementar la asistencia hospitalaria del sistema público en los municipios gaditanos de El Puerto de Santa María, Sanlúcar de Barrameda y Villamartín . El contrato, por cuatro años y un importe total de 380,48 M€, incluye atención sanitaria urgente y programada (hospitalización, intervenciones quirúrgicas, consultas y pruebas diagnósticas) para unos 260.000 usuarios.

Como ejemplo de la actuación de este empresario, recordemos que en julio del pasado año el alcalde de Vejer, José Ortiz, dejaba patente que Grupo Pascual, propietario de los terrenos anexos por los que ha de discurrir el tendido eléctrico, es el máximo responsable de que el hospital siga aún cerrado al público después de estar terminado desde abril del pasado año, ya que solo faltaba la autorización de todos los propietarios para iniciar las obras de suministro eléctrico del Hospital Comarcal.  La única respuesta negativa ha sido de un solo propietario, la empresa privada Pascual que tiene unos terrenos desde hace años junto al actual hospital. El ayuntamiento de Vejer de la Frontera, a través de su alcalde, anunciaba que iba a expropiar los terrenos a la empresa Pascual para concluir el expediente del suministro eléctrico del hospital.

Luego, el equipo jurídico de Pascual requirió al Ayuntamiento de Vejer, mediante un escrito registrado el pasado 20 de julio de 2017, documentación que acredite la legalidad de las obras desarrolladas por el SAS en su nuevo Hospital de Alta resolución (HARE) en la ciudad, reclamando el documento de modificación puntual de las normas subsidiarias de Vejer que regulan el uso del suelo, el informe ambiental y de licencia municipal de obra.

Lo que es un hecho irrefutable es que mientras la sanidad pública se apoye en Pascual para completar su mapa sanitario, estaremos pagando la factura sanitaria a una empresa privada. Y eso es responsabilidad directa del PSOE que ha gobernado ininterrumpidamente la Junta de Andalucía los últimos 40 años. Y lo peor de este tema es la que posición dominante de la empresa Hospitales Pascual hay sido permitida y pagada con los impuestos de todos los andaluces.

Por eso hay que pedir responsabilidades a la Junta de Andalucía y a su presidenta de porqué se ha permitido durante tantos años este hecho, la ausencia de hospitales públicos allí donde Pascual tenía privados. Y lo peor de todo es que se multa a Hospitales Pascual con 5,3 millones de euros mientras se estima que la empresa obtuvo un beneficio ilícito de más de 164 millones de euros.

El SAS denuncia a Hospitales Pascual.

El 15 de septiembre de 2016, el Departamento de Investigación de la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía (ADCA), acordó la incoación de expediente sancionador a la entidad “JOSÉ MANUEL PASCUAL PASCUAL, S.A.”. La incoación del expediente tenía como fundamento la existencia de indicios racionales de la realización por parte de dicha entidad de conductas que presuntamente serían contrarias al artículo 2 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, que prohíbe “la explotación abusiva por una o varias empresas de su posición de dominio en todo o en parte del mercado nacional”, tanto si se trata de “imposición, de forma directa o indirecta, de precios u otras condiciones comerciales o de servicios no equitativos” como de “subordinación de la celebración de contratos a la aceptación de prestaciones suplementarias que, por su naturaleza o con arreglo a los usos de comercio no guarden relación con el objeto de dichos contratos”.

El Servicio Andaluz de Salud, atribuía a dicha entidad, por una parte, la aplicación de precios abusivos por los servicios facturados fuera de concierto, y, por otra, el intento de vincular la suscripción de un nuevo concierto para los tres hospitales citados con la contratación de otros servicios que no guardan relación directa con el objeto del concierto. En esa denuncia, Salud admite que, ahora mismo, necesita y no puede prescindir de los centros sanitarios que Pascual tiene en El Puerto, Sanlúcar y Villamartín. Tanto que admite, de forma literal, que sin ellos aumentaría la tasa de mortalidad en la provincia.

En el transcurso del tiempo durante el cual tenían lugar las conductas denunciadas, el Servicio Andaluz de Salud se encontraba en fase de renovación de los conciertos suscritos con entidades privadas en diversas poblaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía. La denuncia dedicaba gran parte de sus 33 folios a argumentar que Pascual se está aprovechando con fines económicos de la dependencia que la Junta de Andalucía tiene ahora mismo de los tres hospitales que la empresa dispone en ciudades, donde no existe ningún otro centro sanitario, ni público ni privado, que pueda atender esta demanda. "No concertar con los hospitales de Pascual ocasionaría graves consecuencias para la asistencia sanitaria de los ciudadanos en estas tres ciudades", dice la denuncia.

Además, añade la denuncia que  en los últimos cinco años, estos tres hospitales de Pascual han contabilizado por año una media de 58.900 estancias de pacientes ingresados, 19.625 intervenciones y 24.703 estancias de cirugías con ingreso, además de 174.278 consultas anuales y 143.590 asistencias de urgencias. Si la Junta dejara de contar con los hospitales de El Puerto, Villamartín y Sanlúcar, todos estos pacientes tendrían que ser atendidos en los hospitales públicos de Jerez o Puerto Real, lo que superaría "con creces" el 100 % de las camas, consultas y quirófanos disponibles. Es por eso que resume con crudeza. "Esta situación descrita hace imposible prestar la asistencia en los pacientes en los tiempos adecuados en otros centros del SAS y puede provocar un incremento en las tasas de mortalidad, así como de las complicaciones o comorbilidades generadas por el retraso en la asistencia".

A lo que se añade que la empresa está exigiendo al SAS unas condiciones económicas "imposibles de cumplir por parte de la administración". Es lo que define la denuncia como "persistencia en el abuso de poder". El SAS indicaba en su denuncia que Pascual intentó poner como condición indispensable para concertar nuevamente los hospitales de El Puerto, Sanlúcar y Villamartín la cesión para su gestión de los hospitales construidos por la Junta en Lepe, Vejer y Cártama. El problema posterior vino con los precios que pretendía fijar Pascual, "muy por encima del valor de mercado", con valores hasta un 150 % más caros que los servicios concertados con otras empresas.

El SAS reclamaba que Pascual deje de pedir "prestaciones suplementarias injustificadas", y pedía "satisfacer una multa del 5 % de su facturación anual o multa de 10 millones de euros" y una multa coercitiva de 12.000 euros diarios a la empresa por cada jornada en la que Pascual siga incumpliendo las obligaciones que, en virtud de esta denuncia, se le impongan por la Agencia. Multa que subiría a 60.000 euros para cada miembro del Consejo de Administración que avale con su voto esta actitud.

Competencia multa con 5,3 millones de euros a Pascual.

El Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía ha impuesto dos sanciones a Hospitales Pascual por un importe total de 5,33 millones de euros (2.665.132 euros, cada una), por conductas anticompetitivas, ya que durante tres años y medio esta empresa aplicó precios abusivos por los servicios que prestaba al Servicio Andaluz de Salud (SAS) en las provincias de Cádiz y Huelva. Además, trató de imponer condiciones excesivas durante la negociación de los nuevos conciertos hospitalarios con el fin de obstaculizar cualquier posible competencia. Las sanciones son el resultado de una investigación abierta por la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía (ADCA) el 15 de septiembre de 2016, a raíz de una denuncia por presunto abuso de posición de dominio presentada por el SAS.

La Resolución de la Agencia de la Competencia tiene 172 hojas. En la misma se indica que “tal y como ya se ha indicado, nos encontramos con la existencia de dos conductas prohibidas por el artículo 2 de la LDC, consistentes, por un lado, en la exigencia en las negociaciones para celebrar nuevos conciertos entre el SAS y JMPP, de aceptar por la primera prestaciones suplementarias que no guardan relación con los conciertos para la prestación de asistencia sanitaria especializada en hospitales con puerta de urgencias, y, por otro lado, en la imposición de precios abusivos por los servicios facturados por JMPP en los dos conciertos suscritos con el SAS”.

La Agencia ha concluido que las conductas imputadas constituyen dos infracciones graves de las previstas en el artículo 62.3.b) de la LDC, puesto que conforme a dicho artículo cabe imponer las sanciones establecidas en el artículo 63.1.b) de la citada norma, donde las infracciones graves podrán ser sancionadas con multa de hasta el 5% del volumen de negocios total de la empresa infractora en el ejercicio inmediatamente anterior al de imposición de la multa.

Según Competencia, tal y como ha quedado acreditado en el expediente resuelto por el organismo andaluz de competencia, a lo largo de sus más de 15.000 folios de documentación, análisis y comprobaciones, la empresa Pascual ha venido infringiendo la Ley 15/2007, de Defensa de la Competencia (LDC), al menos desde febrero de 2014 y hasta la firma de un nuevo concierto en junio de 2017.

Además, indica que la actuación de la entidad José Manuel Pascual Pascual, S.A habría respondido a una doble estrategia destinada a hacer del SAS un cliente totalmente dependiente de sus servicios, obstaculizando la competencia, así como a maximizar sus beneficios. En concreto, la entidad sancionada, habría abusado de su posición dominante, de dos formas:

Por una parte, aplicando de forma unilateral en su facturación al SAS, a partir del 1 de febrero de 2014, unos precios excesivos que no guardarían relación con el valor de las prestaciones a retribuir. En concreto, en los hospitales Virgen de las Montañas, Virgen del Camino, Santa María del Puerto, San Rafael y Blanca Paloma, con efectos en los mercados de prestación sanitaria especializada complementaria en las provincias de Cádiz y Huelva. Con esta conducta, se habría visto perjudicado el SAS e indirectamente, las personas usuarias de la sanidad pública andaluza.

En la resolución del Consejo se calcula que el beneficio ilícito obtenido como consecuencia de esta infracción por Pascual desde febrero de 2014 hasta junio del año 2016 habría alcanzado los 164.1 millones de euros, considerando un escenario de conciertos similares, de modo que tal beneficio derivado de su actuación ilegal hasta junio de 2017 habría sido aún mayor.

Por otro lado, JMPP habría abusado de su situación de predominancia indiscutible en el sector, mediante una práctica de exclusión en el ámbito de la prestación de asistencia sanitaria especializada con unidad de urgencias, demandando al SAS, en sus negociaciones de nuevos conciertos, prestaciones suplementarias que no guardan relación con los contratos, tales como la exigencia de concertar en un solo paquete todos los hospitales de su propiedad. Con dicha actuación, perseguía mantener o reforzar su posición de dominio en el mercado de la prestación sanitaria especializada, con puerta de urgencia. Y, a su vez, extender o asegurar su posición de dominio en el mercado de la prestación de servicios de asistencia sanitaria especializada complementaria en las provincias de Cádiz, Huelva y Málaga o en otros servicios tales como los de Oncohematología, sociosanitarios o psiquiátricos, en los que sí hay competencia. Con esta conducta, se habría visto perjudicado el SAS y otros operadores privados que prestan servicios de asistencia sanitaria especializada en las provincias de Cádiz, Huelva y Málaga e indirectamente las personas usuarias de la sanidad pública andaluza.

Finalmente, el Consejo determina que para la primera infracción, consistente en la exigencia, en las negociaciones para celebrar nuevos conciertos entre el SAS y JMPP, de aceptar por la primera prestaciones suplementarias que no guardan relación con los conciertos para la prestación de asistencia sanitaria especializada en hospitales con puerta de urgencias, el importe de la sanción a imponer a la entidad JOSE MANUEL PASCUAL PASCUAL, S.A.”, es de 2.665.132 euros (dos millones seiscientos sesenta y cinco mil ciento treinta y dos euros).

Para la segunda infracción, consistente en la imposición de precios abusivos por los servicios facturados por JMPP en los dos conciertos suscritos con el SAS, el importe de la sanción a imponer a la entidad JOSE MANUEL PASCUAL PASCUAL, S.A.” es de 2.665.132 euros (dos millones seiscientos sesenta y cinco mil ciento treinta y dos euros).