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lunes, 30 de diciembre de 2019

Las extrañas relaciones de la minería andaluza y la política


Artículo de Antonio Barreda


Las minas andaluzas han estado siempre en el ojo del huracán, sobre todo desde que reventó la famosa balsa de la mina de Aznalcóllar en abril de 1998 propiedad de la empresa sueca Boliden, que terminó cerrando y yéndose del país, y que nunca devolvió las jugosas subvenciones que se le concedieron por parte de la Junta de Andalucía para explotarla, a pesar del desastre causado, ni tampoco tenemos noticia sobre el pago de la multa que se le impuso.  De aquello surgió el famoso corredor verde que consumió ingentes cantidades de dinero público, sobre unos 200 millones de euros, en la limpieza de los suelos contaminados. Desde entonces las minas andaluzas han dado mucho que hablar en los juzgados y en la política andaluza.

El escándalo de Minas de Aguas Teñidas.

El 20 de enero de 2009 saltaba el escándalo de Minas de Aguas Teñidas en el que la Junta de Andalucía, presidida por Manuel Chaves, concedía un incentivo de casi 10,1 millones de euros a la empresa minera a propuesta de la Agencia Idea, para financiar su proyecto de construcción de una planta de tratamiento mineral en Huelva. Dicho incentivo lo pagó la Junta de Andalucía a la empresa el 4 de junio de 2010.  El escándalo salta cuando se supo que en la compañía estaba de apoderada Paula Chaves Iborra, la hija del entonces presidente Manuel Chaves. El acoso a Chaves no se hizo esperar tanto por la prensa como por la oposición capitaneada en aquella época por el PP de Javier Arenas.

Años más tarde, en octubre de 2018 el TSJA condenó a Minas de Aguas Teñidas a devolver a la Junta el incentivo de casi 10,1 millones de euros más los intereses legales por las irregularidades descubiertas en la concesión de la ayuda ya que según el TSJA el gobierno andaluz subvencionó un proyecto ya iniciado, algo que la ley no permite. La propia UE exige que las empresas no inicien sus proyectos antes de la presentación de la solicitud de ayudas. La Junta mantuvo siempre que Paula Chaves no intervino en el procedimiento algo que puso en duda el ex apoderado que gestionó la ayuda de Matsa ante la Administración andaluza, Francisco Javier López Rubio, quien admitió que la hija de Chaves supervisó y validó todo el proceso de la ayuda desde el principio.

Pero aquí no queda solo el tema judicial, ya que el pasado mes de noviembre el Tribunal Supremo confirmaba una sentencia del TSJA de 2017 ante el recurso de una empresa rival Emerita Resources, que ordenaba repetir el concurso para los derechos mineros de varios yacimientos en la provincia en Huelva, en concreto en las localidades de Paymogo y Puebla Guzmán, así como eliminar criterios de valoración que la Junta de Andalucía había introducido a posteriori y que beneficiaban a Minas de Aguas Teñidas SA (Matsa), proceso que se había hecho en 2014 con Susana Díaz ya de presidenta de la Junta de Andalucía.

La trama judicial de Aznalcóllar abierta por Emerita Resources.

A Emerita Resources se supo que la asesoraba desde septiembre de 2013 – tan solo 8 meses después de abandonar la Junta de Andalucía - Juan María González Mejías, sobrino del ex presidente del Gobierno Felipe González y ex alto cargo de la Junta de Andalucía. El entonces consejero delegado de Emerita Resources, Joaquín Merino-Márquez, declaró en 2014 que Juan María González fue contratado el “1 de septiembre de 2013 y estuvo prestando servicio hasta marzo de este año”. Sí admitió que, “en ocasiones”, lo ha llamado para “consultarle algún tema”.

El consejero delegado rechazaba que el sobrino de Felipe González pueda tener “la más mínima influencia” en la Administración autonómica para que el concurso se resuelva a favor de Emerita Resources. El entorno de Juan María González aseguraba a la prensa que éste “nunca tuvo la más mínima relación” con la empresa canadiense durante su etapa como alto cargo en la Junta y que “no tiene nada absolutamente que ver” con la apertura del proceso para la reapertura de la mina de Aznalcóllar. La Junta, finalmente, adjudicó la mina de Aznalcóllar a Minorbis, formada por una filial del grupo cordobés Magtel y la multinacional Grupo México.

Emerita Resources denunció esta adjudicación de la antigua minas de Aznalcóllar a Minorbis, que terminó en un archivo, pero la Audiencia Provincial de Sevilla en septiembre, con la Juez Alaya como ponente, ordenó reabrir el caso porque entendió que podía haber “poderosos indicios de prevaricación”. El caso se reabrió en octubre en el Juzgado de Instrucción nº 3 de Sevilla y acumula ya a 16 imputados, la mayoría de ellos funcionarios y ex altos cargos del gobierno de Susana Díaz, entre los que se incluye al ex presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi), Vicente Fernández, que era secretario general de Industria de la Junta de Andalucía cuando se llevó a cabo el concurso minero y que dimitió de su cargo en el gobierno de Pedro Sánchez. También se imputaba a los hermanos Mario e Isidro López Magdaleno, directivos de Magtel una empresa cordobesa, propietaria de la compañía adjudicataria (Minorbis)

Cobre Las Cruces y la viceconsejera de Economía

El pasado mes de enero el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía nombraba viceconsejera de Economía, Empresas Conocimiento y Universidad a Lorena García de Izarra, que según la web de la Junta ha desarrollado su carrera profesional en la empresa privada, especialmente en el área de Derecho Público (urbanismo, energía, infraestructuras y medio ambiente). Hasta el momento, desempeñaba el cargo de directora de Servicios Legales y Relaciones Institucionales y secretaria del consejo de administración de Cobre Las Cruces First Quantum Minerals. Al mismo tiempo, ejercía como secretaria del patronato de la Fundación Cobre Las Cruces.

Según los datos del registro mercantil de la mina Cobre Las Cruces la actual viceconsejera estuvo de apoderada mancomunada solidaria desde el 20 de junio de 2018 hasta su cese el pasado 16 de agosto de 2019. También ocupó, el cargo de secretaria no consejera de la empresa Cobre Las Cruces hasta su cese el 19 de julio de 2019. Y también aparece de apoderada mancomunada solidaria en la empresa Inmet Cobre España S.A. hasta su cese el pasado 20 de septiembre de 2019.

Pero la actual viceconsejera de Economía, Empresas, Conocimiento y Universidad no era una completa desconocida para la Junta de Andalucía ya que entre 2010 y 2012, según datos del Registro Mercantil, fue consejera de Verificaciones Industriales de Andalucía S A (Veiasa), una empresa pública dependiente de la Agencia IDEA. Y con anterioridad entre 2009 y 2010, la actual viceconsejera, estuvo de consejera de Centros Turísticos S.A. (Cetursa), la empresa gestora de la estación de esquí de Sierra Nevada, en Granada.

El nuevo Secretario General de Industria, Energía y Minas trabajó en Emed Mining.

El pasado día 27 de diciembre el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía nombraba a Fernando Arauz de Robles Villalón nuevo Secretario General de Industria, Energía y Minas. La nota del propio Consejo de Gobierno dice que “entre septiembre de 2014 y octubre de 2019, fue director general corporativo de minería en Levantina y Asociados de Minerales, uno de los líderes mundiales en la extracción, tratamiento y venta de piedra ornamental. Previamente, Arauz de Robles fue director general de Relaciones Institucionales en Emed Minning (actual Atalaya Riotinto Minera) entre 2012 y 2014. También ha sido director general corporativo de la unidad de áridos en Essentium Grupo y en Gla-Orascom Construction Industries, además de director regional de áridos en Andalucía occidental de la multinacional cementera Holcim”.

Emed Mining no es una empresa desconocida en la Junta de Andalucía, ya que era competidora directa de Minas de Aguas Teñidas, la empresa donde trabaja la hija del ex presidente de la Junta de Andalucía Manuel Chaves. En octubre de 2008 la compañía minera chipriota Emed Mining, propietaria del 51% de la mina de cobre de Río Tinto, en Huelva, a través de Emed Tartessus, anunciaba la adquisición del 100% de la compañía al comprar por 44 millones de euros el 49% en poder de la sociedad MRI.

Conviene recordar que la sociedad Rumbo 5 Cero S.L. de Severiano López Martín, economista que asesoró a Juan Guerra en sus litigios, compró 1.200 hectáreas lindantes con Minas de Riotinto por 2,8 millones de euros en 2005, y en 2012 la multinacional Emed Tartessus firmó un acuerdo para la adquisición de dicha finca a la empresa de Severiano López por un importe que podría alcanzar los 20 millones de euros según las condiciones, para la reapertura de la mina. Pero de la empresa Rumbo 5 Cero S.L. habría tela que contar en otro capítulo.

Finalmente, hay que señalar que en Emed Mining trabaja el hijo de alguien que fue factótum del PSOE de Andalucía enfrentado históricamente a Alfonso Guerra. Se trata de Jesús Caballos Cataño, el hijo del ilustre socialista sevillano y renovador Pepe Caballos, quien fue apoderado de la empresa minera hasta junio de 2011 según consta en los datos del Registro Mercantil. En su perfil de Linkedin indica que es el actual responsable de comunicación de la empresa Atalaya Mining (Emed Mining) en la que lleva más de 12 años en nómina. Pero aquí no acaba la cosa, ya que en la empresa Emed Mining estuvo de consejero y presidente de ésta, hasta noviembre de 2009, Guillermo Gutiérrez Crespo, ex consejero de empleo de Manuel Chaves de la órbita del clan caballista del PSOE, que precedió a José Antonio Viera en el cargo condenado hoy por los ERE fraudulentos.




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