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martes, 25 de octubre de 2016

Las 35 horas y la demagogia


Artículo de Paco Romero


Que por mayo era por mayo, cuando se anuncia que el Consejo de Gobierno más inmediato aprobaría la recuperación de la jornada laboral de 35 horas semanales para todos los empleados públicos, refrendando así el compromiso alcanzado por la consejera de Hacienda y Administración Pública con los sindicatos que integran la Mesa General de Negociación Común de la Administración autonómica: CCOO, UGT y CSIF. Pacto que contemplaba, además, el abono del 75 por ciento pendiente de la paga extra de 2012 en tres cómodos plazos que se harían efectivos en septiembre de 2016, en febrero de 2017 y en febrero de 2018…

Díaz, que divulgó la primicia aprovechando un debate con el presidente del PP-A en el Pleno del Parlamento, requirió al 'popular' para que se comprometiera a pedirle al presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, que no recurriera la decisión: “¿Va a poner los intereses de los empleados públicos en Andalucía por encima de sus intereses? Es ahí donde yo quiero verlo”.

Solo el Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF), mayoritario en la administración general, ha echao la pata alante al exigir que "no se engañe" a los empleados públicos, ni cree falsas expectativas con la “cacareada recuperación de las 35 horas”, una medida con "escaso recorrido", al tratarse de una competencia estatal que, en concreto, ha fijado, mediante la disposición adicional septuagésimo primera de la Ley 2/2012, una jornada laboral mínima de 37 horas y media semanales, medida que hoy continúa vigente según el refrendo de la Sentencia del TC 99/2016 que desestimó una reclamación similar de la Generalidad de Cataluña y de otra más reciente, que con motivo de un recurso de inconstitucionalidad promovido por el presidente del Gobierno, anuló una ley con las mismas pretensiones del gobierno de Castilla-La Mancha.

En derecho todo -hasta lo más zafio y ruin- es interpretable, todo puede tener defensa, pero una vez conocido el parecer del Constitucional, ¿a cuento de qué maniobrar y perder y hacer perder el tiempo en defensa de una causa que se sabe perdida de antemano? ¿Por qué generar falsas expectativas?

La jornada de 37,5 horas supuso -crisis recurrente mediante- una puñalada trapera pero legal a los derechos adquiridos de los empleados públicos. El Estado, mediante la citada disposición adicional de la Ley 2/2012 de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012 (“A partir de la entrada en vigor de esta Ley, la jornada general de trabajo del personal del Sector Público no podrá ser inferior a treinta y siete horas y media semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual”), en vigor según las dos sentencias comentadas, así lo estableció.


El Decreto-ley 5/2016 que promueve tal expectativa habrá de ser ratificado, o no, en el pleno de las Cinco Llagas.


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