martes, 14 de abril de 2015

Me lo quedo





- “Buenas tardes, si me atiende diez minutos le haré una oferta que no podrá rechazar”.


¿Qué harían ustedes si se le presenta en casa, a eso de la sobremesa, un ciudadano que le promete el oro y el moro (con perdón), en lo que parece un claro ejemplo -otro- del timo del tocomocho?


- “Verá, le propongo renovar los cierres y ventanas de su casa con la mejor cristalería y carpintería de PVC del momento, lo que le supondrá un ahorro energético superior al 70 % y pagando sólo el 30 % de su coste?


¿Qué hago, lo despido amablemente con buenas palabras, o lo escucho con interés a ver la forma que
tengo de pillarlo mientras doy aviso a la policía?


Cual “quijote”, soslayando el fastidio de la hora, opto por lo segundo y, ¡oh, sorpresa!, cuando el índice de mi mano derecha se mostraba presto y dispuesto a marcar el 091, se me descubre fehacientemente que de timo nada, al menos en lo que a mí respecta (de momento, como al final aclararé).


- “Mire, la Resolución de 6 de febrero de 2015, de la Secretaría General de la Agencia Andaluza de la Energía, ha abierto el plazo para presentar solicitudes correspondientes a la convocatoria de 2015 de los incentivos acogidos al Decreto-ley 1/2014, para fomentar la construcción sostenible”.


¡Mandeee! Efectivamente, me voy directo al BOJA y leo estupefacto y “entre arcadas” el punto sexto: “El objeto de la presente resolución es lograr un mayor impacto y optimización de los créditos actualmente disponibles, extendiendo los beneficios de los incentivos a un mayor número de personas y entidades beneficiarias, así como de empresas colaboradoras. Para conseguir dicho objetivo, se requiere que las actuaciones incentivables sean de importe inferior a 18.000 euros, IVA excluido, dado que estas actuaciones, por su importe y características, se tramitan por un procedimiento muy simplificado...”.


¡Y tan simplificado! Dice el Decreto-ley (¿por qué no una simple Orden?) de referencia: “El procedimiento de concesión de incentivos se iniciará a solicitud de la persona o entidad interesada, y se tramitará y resolverá en régimen de concurrencia no competitiva por orden cronológico de entrada en el Registro Telemático Único de la Administración de la Junta de Andalucía, en atención a la mera concurrencia de una determinada situación en la persona o entidad perceptora, sin que sea necesario establecer la comparación de solicitudes ni otra prelación entre las mismas (...) El pago del incentivo se hará por cesión del derecho de cobro a la empresa colaboradora a través del formulario de representación establecido en el Anexo III.


 ¡Que sí, que sí, que esa es la fórmula; que sí, que sí, que eso dice literalmente!, además de otras disposiciones que merecerían no menos de media docena de tesinas sobre “la bochornosa huida del Derecho Administrativo”.


Llegaba pues el momento de atender a la razón (la oportunidad de renovar los ventanales a un precio cuasi simbólico), o a la conciencia (¿por qué yo, y en las mismas condiciones que un representante de la Casa de Alba o que otra persona con mayores necesidades?), o a ambas (¿qué tengo que perder?). Y tras unos minutos de insensata vacilación, aunque no iba a depender de mí sino de la pericia con los navegadores de Internet de mi “empresa colaboradora”, opté por lo que parece racional e irrechazable: ¡me lo quedo!, o mejor ¡apúntame!


Coincidente con mi atinada decisión y a resultas de la de depurada técnica de mi “contratista a la fuerza” con el Chrome en detrimento del Firefox, o del Explorer en menoscabo del primero -genio grabador de presupuestos en el sistema- se ha sabido que en solo ocho horas se repartieron los casi 75 millones de euros del fondo para 14.500 proyectos que “ayudarán a fomentar la construcción sostenible en la Comunidad”.


Como dije antes, al menos de momento nada de fraude en lo que a mí directamente concierne, otra cosa será el juicio del resto de ciudadanos que, cortés y solícitamente, seguro que también inconscientemente, van a colaborar conmigo y con otros 14.999 andaluces a hacernos la vida más llevadera, aportando el 70 % de cada uno de los proyectos. Todo ello dando por hecho que la actuación llegue a feliz término porque me resisto a creer que en algunos casos no haya desagradables sorpresas: primero, con una subvención que me conceden a mí pero que no controlo en momento alguno, ni en su fase inicial de petición, ni en la de admisión, ni en la de resolución, ni por supuesto en la de justificación; segundo, con una “empresa colaboradora” a la que ya he liquidado por adelantado el 30 % del total de la obra y de la que desconozco su capacidad de cumplimiento inmediato; y tercero, todo ello en las nada garantes manos de una empresa pública carente de potestad para la tramitación de subvenciones.





P.S.-



Decía ABC de Sevilla el pasado 12 de febrero:

Cómo se controlan las ayudas


m. m.


Explica la Junta de Andalucía que, una vez otorgado el dinero a los solicitantes que antes llegaron a pedirlo, ahora deben presentar tres documentos que acrediten estar al tanto con la Hacienda estatal, con la autonómica y con la Seguridad Social. Una vez ejecutada la obra -colocado el toldo, cambiados los cerramientos de la casa, aislada la fachada...-, hay que mandar una memoria en la que se recojan las características de la intervención, que se ajusten a lo que se pidió. ¿Quién comprueba que el documento presentado es cierto y no solo un papel que firma el mismo albañil que cobra por hacer la obra? «Tenemos unos inspectores que hacen revisiones aleatorias», aclaran desde la consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo. Sin embargo es un misterio cuántos inspectores hay o cuántas de las 14.500 obras se supervisarán. «No tenemos inspectores en plantilla, se contratan sobre la marcha», explican.


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