- ¿Posible responsabilidad de Susana Díaz en el caso ERE durante su etapa como Consejera de Presidencia?
- A pesar de la gravedad de lo revelado en dos artículos anteriores sobre el caso ERE, nadie ha presentado una denuncia por su posible falsedad.
Silencio sepulcral…. Ni una sola declaración en contra, ni
una sola actuación, a pesar de todo lo denunciado y demostrado en mis dos
artículos sobre el caso ERE publicados en este diario (La Tuerca -caso ERE-; La Tuerca 2 -caso ERE-). Sólo se ha obtenido la callada por respuesta, un silencio cómplice. Quizá
hayan seguido el irónico y sabio consejo de Abraham Lincoln: “más vale permanecer callado y que sospechen
tu necedad, que hablar y quitarles toda duda de ello”.
¿Demasiadas instituciones públicas involucradas, muchos cargos públicos responsables, criterios partidistas ajenos al interés general aconsejan silencio y no actuar como se debiera?
A pesar de haber demostrado la ilegalidad de las ayudas sociolaborales investigadas en el caso ERE, por prescindir total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido, así como la inconstitucionalidad de las mismas; a pesar de haber apuntado la posible responsabilidad por omisión de Susana Díaz, la actual Presidenta de la Junta de Andalucía; a pesar de dejar claro que se está ocultando a la Comisión Europea las posibles “ayudas de Estado” a multitud de empresas; a pesar de denunciar la complicidad de las empresas beneficiarias de las ayudas, y a pesar de evidenciar la omisión del Gobierno de la nación, que ha estado en manos del PP y PSOE, en su función de control de legalidad de los actos de la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de las ayudas sociolaborales, El Demócrata Liberal sólo ha obtenido el silencio sobrenatural de las instituciones públicas y los políticos.
Como viene siendo habitual, en el Parlamento de Andalucía ningún grupo parlamentario ha planteado iniciativa alguna relativa a los puntos denunciados. Están mudos. Ni siquiera los medios de comunicación se han hecho eco de este asunto, salvo alguna excepción.
¿No les extraña a ustedes que ante la posible falsedad de los temas tan graves que he apuntado en mis anteriores artículos, incluida la posible responsabilidad de la actual Presidenta de la Junta de Andalucía en su etapa de Consejera de Presidencia, nadie me haya denunciado en los Tribunales? Lo señalo porque es muy significativo. Seguramente la prudencia aconseja silencio y quietud a los implicados, pero también conlleva el reconocimiento tácito de lo publicado en este diario digital.
Tanto Manuel Chaves como Gaspar Zarrías, tras conocer la exposición del magistrado instructor del Tribunal Supremo, Alberto Jorge Barreiro, han reiterado la semana pasada su inocencia, y han asegurado que están "profundamente orgullosos" porque sus medidas socio-laborales "de apoyo a empresas y a trabajadores" permitieron a más de 6.000 familias sobrevivir "en los tiempos más duros de la crisis".
Con esta abominable declaración, es evidente que ambos imputados pretenden manipular sentimentalmente a los ciudadanos para desenfocar el caso en la ilegalidad del procedimiento. Hay que aclarar dos extremos: uno, las ayudas que se concedieron ilegalmente tenían como beneficiarias a las empresas, no a los trabajadores ni sus familias; y dos, ¿por qué había que ayudar concretamente a esas empresas y no a otras muchas que se encontraban en las mismas circunstancias? Hubo muchas empresas que no tuvieron acceso a esas ayudas, dado que no se convocaron públicamente.
De la investigación de los ERE se deduce como un hecho incuestionable (corroborado por la Cámara de Cuentas, UCO de la Guardia Civil, Intervención General de la Junta de Andalucía, Intervención General de la Administración del Estado, Fiscalía, Juez Alaya, Juez Barreiro), que las ayudas se concedieron sin someterse a concurrencia pública, es decir, que se otorgaron “a dedo”, prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido.
Chaves, Griñán y el resto de imputados por el Supremo y algunos por la Juez Alaya siguen poniendo el foco en que todo lo que hicieron era para ayudar a esas “pobres familias”. ¿Y para eso hay que saltarse la LEY? Esto es lo que evidencian con sus declaraciones. El Estado de Derecho, el imperio de la Ley, es despreciado por estos “políticos”. Si para conseguir lo que ellos llaman “paz social” deben saltarse la Ley y la Constitución, hágase. Y cuando hablan de “paz social” debe traducirse al román paladino, es decir, “hacer negocios con el dinero público para beneficio de los de siempre, y evitar manifestaciones de trabajadores que puedan poner en riesgo mantenerse en el poder”. Y lo venden de esa forma tan miserable que caracteriza al PSOE-A, tocando las fibras sensibles de los ciudadanos, usando los dramas sociales para provecho propio y particular del partido. Es execrable y depravado el uso torticero que hacen de los efectos de la crisis económica, en parte engendrada por ellos mismos.
Como he reiterado y demostrado en mis dos artículos referidos, eran ayudas directas a las empresas que pretendían pagar “prejubilaciones” a sus trabajadores, aunque beneficiaran indirectamente a estos. Debo insistir en este tema porque es la clave para entender las actuaciones de los políticos implicados.
Aunque soy consciente de que resulta muy incómodo y políticamente incorrecto lo que voy a decir, por los efectos que conlleva, es necesario repetirlo hasta la saciedad: todas las ayudas sociolaborales concedidas a las empresas por la Junta de Andalucía con una regulación autonómica son ilegales. Esto no significa que los trabajadores que se acogieron a una “prejubilación” de la empresa y que cumplieran los requisitos legales aplicables en la normativa estatal no tengan derecho a recibir los importes acordados, sino que la mayor parte de su coste debe ser abonado por la empresa, no por la Junta de Andalucía. Es obvio que de la ilegalidad cometida se deriva el menoscabo de fondos públicos.
Como fundamenté en mis citados artículos, la regulación de esas ayudas es una competencia exclusiva del Estado, y la Junta de Andalucía debía, en todo caso, aplicar la normativa estatal, estándole prohibido por la Constitución española el poder regular los requisitos de las ayudas sociolaborales. Es decir, las empresas beneficiarias debían cumplir los requisitos establecidos en la normativa del Estado, y los trabajadores que se iban acoger a la “prejubilación” también, así como seguir el procedimiento establecido en dichas normas. Lejos de eso, la Junta de Andalucía hizo lo que caprichosa y arbitrariamente decidió sin cumplir la normativa del Estado.
Por ello, la Administración estatal debió de recurrir la concesión por la Junta de dichas ayudas en cuanto tuvo conocimiento de ellas, mediante el control de legalidad de los actos de otras Administraciones que afectan a normas estatales. Pero no lo hizo nunca, ni con Gobiernos del PSOE (Zapatero) ni del PP (Aznar y Rajoy).
Ahora nadie quiere ponerle el collar al perro: si las ayudas son nulas de pleno derecho, y lo son –declarado por la Juez Alaya-, corresponde a la Consejería que concedió las ayudas tramitar su anulación y solicitar la devolución de las ayudas a las empresas beneficiadas ilegalmente. Téngase en cuenta que según la normativa del Estado, tal como demostré en mis artículos anteriores, las empresas debían aportar como mínimo en las llamadas “prejubilaciones” de sus trabajadores un 55 o 60 % de las cuantías de los ERE. En Andalucía no aportaban nada, al contrario que en el resto de España. Les recuerdo que la “prejubilación” nada tiene que ver con la jubilación anticipada, dado que esta última tiene su regulación en la normativa del Sistema de la Seguridad Social, y aquella es una medida acordada de forma privada entre empresa y trabajadores, y no tiene regulación expresa en la normativa laboral y de Seguridad Social.
Y llegados a este punto, no queda más que plantear las siguientes cuestiones:
1) Si estas ayudas eran “ayudas de Estado” en muchos casos, y necesitaban la autorización de la Comisión Europea, como demostré en mis artículos anteriores, ¿alguna institución pública lo ha puesto en conocimiento de la UE? Esta competencia de comunicación a la UE la tenía la Consejería de Presidencia, de la que Susana Díaz fue titular con Griñán de Presidente. Quizá por este motivo ha defendido siempre la "honestidad e integridad" de Chaves y Griñán en este caso. ¿Se ha investigado si hubo o no omisión en sus funciones de control como Consejera de Presidencia? En los Consejos de Gobierno en los que participó como Consejera se debatieron estas ayudas a empresas, y ella debía de haber intervenido para aclarar la competencia de su Consejería… ¿o no lo hizo y miró para otro lado? ¿Qué piensan la Fiscalía, las acusaciones particulares y los instructores de los Tribunales al respecto?
2) Si hubo empresas que obtuvieron ayudas por importes que sufragaban el 100% del coste de las “prejubilaciones”, sabiendo que en el resto del Estado no era así (las empresas debían poner el 55 o 60% como mínimo), ¿por qué no están imputados también todos los empresarios que, sabiendo que lo que hacía Andalucía era ilegal, se acogieron a las ayudas? ¿Sus asesores jurídicos lo desconocían? Muchas empresas han sido condenadas penalmente en casos de contrataciones administrativas por el hecho de haber entrado en el juego ilegal de las Administraciones, y de nada les sirvió alegar que desconocían la legislación de contratos. Habría que investigar si algunas empresas, a sabiendas, pudieron aprovecharse de las actuaciones ilegales de la Junta de Andalucía para su beneficio particular, mientras que a los ciudadanos andaluces nos recortaban servicios públicos y sueldos. Como ven ustedes, la corrupción no es sólo privativo de la Administración, sino también de las empresas que se presten al indecente juego.
3) ¿Alguien ha investigado si las empresas beneficiarias, aprovechándose de que en Andalucía no aportaban nada de lo que exigía la normativa estatal, destinaron trabajadores de posibles sedes ubicadas fuera de Andalucía para “prejubilarlos” en esta Comunidad sin coste para la empresa? La Justicia y la UCO deberían investigarlo, por si acaso. La desconfianza debe ser la máxima en el caso de los ERE y en cualquier otro donde participe el PSOE-A. No debería descartarse, en ningún caso.
4) ¿Por qué la Junta de Andalucía subvencionó a empresas que no necesitaban las ayudas, dado que obtenían beneficios económicos, pagando la totalidad de las “prejubilaciones” en sus ERE, incumpliendo la normativa estatal y en detrimento de los presupuestos de la Comunidad Autónoma? Yo expuse un claro ejemplo en uno de mis artículos citados, pero hay muchos más.
5) ¿Por qué nadie explica públicamente que esas ayudas otorgadas ilegalmente tienen que devolverse por las empresas que han sido beneficiarias? ¿Por qué la Junta de Andalucía ha tenido que subirnos el IRPF a los andaluces muy por encima de lo previsto en otras Comunidades y no le pide a las empresas que devuelvan lo que no les corresponde?
6) Hasta ahora, sólo la Juez Alaya ha manifestado que las ayudas eran ilegales, y así lo ha expresado varias veces en sus resoluciones. Por ello les “imputó” el delito de malversación, delito que el Supremo ahora dice que no reconoce a tres de sus cuatro imputados porque estima que las ayudas igualmente les hubiera correspondido a los trabajadores (¿??), lo cual no es del todo cierto, porque muchos de esos trabajadores no cumplían los requisitos que la norma estatal establecía. A mi juicio, tengo la sensación que el Instructor del Tribunal Supremo no ha querido enfrentarse con el marrón de reconocer la ilegalidad de las ayudas otorgadas a las empresas, porque obligaría a la Junta de Andalucía a solicitar la devolución de las mismas, no sólo la de los ERE con intrusos, sino todas. Por tanto, disiento de la resolución del Magistrado Barreiro, que debía haber llegado mucho más lejos, tal como tiene planteado la Juez Alaya. Claro, que eso hubiera significado penas de cárcel para dos expresidentes de la Junta de Andalucía, además de tener que investigar a la actual Presidenta de la Junta de Andalucía por el tema de las “ayudas de Estado” y el incumplimiento de su Consejería cuando ella fue su titular con Griñán de Presidente.
A la vista de lo que está pasando con este caso de corrupción que afecta de lleno de lleno a varios gobiernos socialistas en Andalucía, o con los demás que están siendo investigados (Formación, Astapa, Marismas, Invercaria, Agencias y transferencias de financiación, Consorcios escuelas, etc.), no espero grandes cambios en la sociedad andaluza a corto plazo, pero menos aún de las instituciones públicas y de quienes las ocupan.
Para terminar, y a modo de reflexión sobre todo lo dicho, les dejo con esta frase de Martín Luther King, que comparto plenamente: “no me preocupa el grito de los violentos, de los corruptos, de los deshonestos, de los sin ética; lo que más me preocupa es el silencio de los buenos".
¿Demasiadas instituciones públicas involucradas, muchos cargos públicos responsables, criterios partidistas ajenos al interés general aconsejan silencio y no actuar como se debiera?
A pesar de haber demostrado la ilegalidad de las ayudas sociolaborales investigadas en el caso ERE, por prescindir total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido, así como la inconstitucionalidad de las mismas; a pesar de haber apuntado la posible responsabilidad por omisión de Susana Díaz, la actual Presidenta de la Junta de Andalucía; a pesar de dejar claro que se está ocultando a la Comisión Europea las posibles “ayudas de Estado” a multitud de empresas; a pesar de denunciar la complicidad de las empresas beneficiarias de las ayudas, y a pesar de evidenciar la omisión del Gobierno de la nación, que ha estado en manos del PP y PSOE, en su función de control de legalidad de los actos de la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de las ayudas sociolaborales, El Demócrata Liberal sólo ha obtenido el silencio sobrenatural de las instituciones públicas y los políticos.
Como viene siendo habitual, en el Parlamento de Andalucía ningún grupo parlamentario ha planteado iniciativa alguna relativa a los puntos denunciados. Están mudos. Ni siquiera los medios de comunicación se han hecho eco de este asunto, salvo alguna excepción.
¿No les extraña a ustedes que ante la posible falsedad de los temas tan graves que he apuntado en mis anteriores artículos, incluida la posible responsabilidad de la actual Presidenta de la Junta de Andalucía en su etapa de Consejera de Presidencia, nadie me haya denunciado en los Tribunales? Lo señalo porque es muy significativo. Seguramente la prudencia aconseja silencio y quietud a los implicados, pero también conlleva el reconocimiento tácito de lo publicado en este diario digital.
Tanto Manuel Chaves como Gaspar Zarrías, tras conocer la exposición del magistrado instructor del Tribunal Supremo, Alberto Jorge Barreiro, han reiterado la semana pasada su inocencia, y han asegurado que están "profundamente orgullosos" porque sus medidas socio-laborales "de apoyo a empresas y a trabajadores" permitieron a más de 6.000 familias sobrevivir "en los tiempos más duros de la crisis".
Con esta abominable declaración, es evidente que ambos imputados pretenden manipular sentimentalmente a los ciudadanos para desenfocar el caso en la ilegalidad del procedimiento. Hay que aclarar dos extremos: uno, las ayudas que se concedieron ilegalmente tenían como beneficiarias a las empresas, no a los trabajadores ni sus familias; y dos, ¿por qué había que ayudar concretamente a esas empresas y no a otras muchas que se encontraban en las mismas circunstancias? Hubo muchas empresas que no tuvieron acceso a esas ayudas, dado que no se convocaron públicamente.
De la investigación de los ERE se deduce como un hecho incuestionable (corroborado por la Cámara de Cuentas, UCO de la Guardia Civil, Intervención General de la Junta de Andalucía, Intervención General de la Administración del Estado, Fiscalía, Juez Alaya, Juez Barreiro), que las ayudas se concedieron sin someterse a concurrencia pública, es decir, que se otorgaron “a dedo”, prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido.
Chaves, Griñán y el resto de imputados por el Supremo y algunos por la Juez Alaya siguen poniendo el foco en que todo lo que hicieron era para ayudar a esas “pobres familias”. ¿Y para eso hay que saltarse la LEY? Esto es lo que evidencian con sus declaraciones. El Estado de Derecho, el imperio de la Ley, es despreciado por estos “políticos”. Si para conseguir lo que ellos llaman “paz social” deben saltarse la Ley y la Constitución, hágase. Y cuando hablan de “paz social” debe traducirse al román paladino, es decir, “hacer negocios con el dinero público para beneficio de los de siempre, y evitar manifestaciones de trabajadores que puedan poner en riesgo mantenerse en el poder”. Y lo venden de esa forma tan miserable que caracteriza al PSOE-A, tocando las fibras sensibles de los ciudadanos, usando los dramas sociales para provecho propio y particular del partido. Es execrable y depravado el uso torticero que hacen de los efectos de la crisis económica, en parte engendrada por ellos mismos.
Como he reiterado y demostrado en mis dos artículos referidos, eran ayudas directas a las empresas que pretendían pagar “prejubilaciones” a sus trabajadores, aunque beneficiaran indirectamente a estos. Debo insistir en este tema porque es la clave para entender las actuaciones de los políticos implicados.
Aunque soy consciente de que resulta muy incómodo y políticamente incorrecto lo que voy a decir, por los efectos que conlleva, es necesario repetirlo hasta la saciedad: todas las ayudas sociolaborales concedidas a las empresas por la Junta de Andalucía con una regulación autonómica son ilegales. Esto no significa que los trabajadores que se acogieron a una “prejubilación” de la empresa y que cumplieran los requisitos legales aplicables en la normativa estatal no tengan derecho a recibir los importes acordados, sino que la mayor parte de su coste debe ser abonado por la empresa, no por la Junta de Andalucía. Es obvio que de la ilegalidad cometida se deriva el menoscabo de fondos públicos.
Como fundamenté en mis citados artículos, la regulación de esas ayudas es una competencia exclusiva del Estado, y la Junta de Andalucía debía, en todo caso, aplicar la normativa estatal, estándole prohibido por la Constitución española el poder regular los requisitos de las ayudas sociolaborales. Es decir, las empresas beneficiarias debían cumplir los requisitos establecidos en la normativa del Estado, y los trabajadores que se iban acoger a la “prejubilación” también, así como seguir el procedimiento establecido en dichas normas. Lejos de eso, la Junta de Andalucía hizo lo que caprichosa y arbitrariamente decidió sin cumplir la normativa del Estado.
Por ello, la Administración estatal debió de recurrir la concesión por la Junta de dichas ayudas en cuanto tuvo conocimiento de ellas, mediante el control de legalidad de los actos de otras Administraciones que afectan a normas estatales. Pero no lo hizo nunca, ni con Gobiernos del PSOE (Zapatero) ni del PP (Aznar y Rajoy).
Ahora nadie quiere ponerle el collar al perro: si las ayudas son nulas de pleno derecho, y lo son –declarado por la Juez Alaya-, corresponde a la Consejería que concedió las ayudas tramitar su anulación y solicitar la devolución de las ayudas a las empresas beneficiadas ilegalmente. Téngase en cuenta que según la normativa del Estado, tal como demostré en mis artículos anteriores, las empresas debían aportar como mínimo en las llamadas “prejubilaciones” de sus trabajadores un 55 o 60 % de las cuantías de los ERE. En Andalucía no aportaban nada, al contrario que en el resto de España. Les recuerdo que la “prejubilación” nada tiene que ver con la jubilación anticipada, dado que esta última tiene su regulación en la normativa del Sistema de la Seguridad Social, y aquella es una medida acordada de forma privada entre empresa y trabajadores, y no tiene regulación expresa en la normativa laboral y de Seguridad Social.
Y llegados a este punto, no queda más que plantear las siguientes cuestiones:
1) Si estas ayudas eran “ayudas de Estado” en muchos casos, y necesitaban la autorización de la Comisión Europea, como demostré en mis artículos anteriores, ¿alguna institución pública lo ha puesto en conocimiento de la UE? Esta competencia de comunicación a la UE la tenía la Consejería de Presidencia, de la que Susana Díaz fue titular con Griñán de Presidente. Quizá por este motivo ha defendido siempre la "honestidad e integridad" de Chaves y Griñán en este caso. ¿Se ha investigado si hubo o no omisión en sus funciones de control como Consejera de Presidencia? En los Consejos de Gobierno en los que participó como Consejera se debatieron estas ayudas a empresas, y ella debía de haber intervenido para aclarar la competencia de su Consejería… ¿o no lo hizo y miró para otro lado? ¿Qué piensan la Fiscalía, las acusaciones particulares y los instructores de los Tribunales al respecto?
2) Si hubo empresas que obtuvieron ayudas por importes que sufragaban el 100% del coste de las “prejubilaciones”, sabiendo que en el resto del Estado no era así (las empresas debían poner el 55 o 60% como mínimo), ¿por qué no están imputados también todos los empresarios que, sabiendo que lo que hacía Andalucía era ilegal, se acogieron a las ayudas? ¿Sus asesores jurídicos lo desconocían? Muchas empresas han sido condenadas penalmente en casos de contrataciones administrativas por el hecho de haber entrado en el juego ilegal de las Administraciones, y de nada les sirvió alegar que desconocían la legislación de contratos. Habría que investigar si algunas empresas, a sabiendas, pudieron aprovecharse de las actuaciones ilegales de la Junta de Andalucía para su beneficio particular, mientras que a los ciudadanos andaluces nos recortaban servicios públicos y sueldos. Como ven ustedes, la corrupción no es sólo privativo de la Administración, sino también de las empresas que se presten al indecente juego.
3) ¿Alguien ha investigado si las empresas beneficiarias, aprovechándose de que en Andalucía no aportaban nada de lo que exigía la normativa estatal, destinaron trabajadores de posibles sedes ubicadas fuera de Andalucía para “prejubilarlos” en esta Comunidad sin coste para la empresa? La Justicia y la UCO deberían investigarlo, por si acaso. La desconfianza debe ser la máxima en el caso de los ERE y en cualquier otro donde participe el PSOE-A. No debería descartarse, en ningún caso.
4) ¿Por qué la Junta de Andalucía subvencionó a empresas que no necesitaban las ayudas, dado que obtenían beneficios económicos, pagando la totalidad de las “prejubilaciones” en sus ERE, incumpliendo la normativa estatal y en detrimento de los presupuestos de la Comunidad Autónoma? Yo expuse un claro ejemplo en uno de mis artículos citados, pero hay muchos más.
5) ¿Por qué nadie explica públicamente que esas ayudas otorgadas ilegalmente tienen que devolverse por las empresas que han sido beneficiarias? ¿Por qué la Junta de Andalucía ha tenido que subirnos el IRPF a los andaluces muy por encima de lo previsto en otras Comunidades y no le pide a las empresas que devuelvan lo que no les corresponde?
6) Hasta ahora, sólo la Juez Alaya ha manifestado que las ayudas eran ilegales, y así lo ha expresado varias veces en sus resoluciones. Por ello les “imputó” el delito de malversación, delito que el Supremo ahora dice que no reconoce a tres de sus cuatro imputados porque estima que las ayudas igualmente les hubiera correspondido a los trabajadores (¿??), lo cual no es del todo cierto, porque muchos de esos trabajadores no cumplían los requisitos que la norma estatal establecía. A mi juicio, tengo la sensación que el Instructor del Tribunal Supremo no ha querido enfrentarse con el marrón de reconocer la ilegalidad de las ayudas otorgadas a las empresas, porque obligaría a la Junta de Andalucía a solicitar la devolución de las mismas, no sólo la de los ERE con intrusos, sino todas. Por tanto, disiento de la resolución del Magistrado Barreiro, que debía haber llegado mucho más lejos, tal como tiene planteado la Juez Alaya. Claro, que eso hubiera significado penas de cárcel para dos expresidentes de la Junta de Andalucía, además de tener que investigar a la actual Presidenta de la Junta de Andalucía por el tema de las “ayudas de Estado” y el incumplimiento de su Consejería cuando ella fue su titular con Griñán de Presidente.
A la vista de lo que está pasando con este caso de corrupción que afecta de lleno de lleno a varios gobiernos socialistas en Andalucía, o con los demás que están siendo investigados (Formación, Astapa, Marismas, Invercaria, Agencias y transferencias de financiación, Consorcios escuelas, etc.), no espero grandes cambios en la sociedad andaluza a corto plazo, pero menos aún de las instituciones públicas y de quienes las ocupan.
Para terminar, y a modo de reflexión sobre todo lo dicho, les dejo con esta frase de Martín Luther King, que comparto plenamente: “no me preocupa el grito de los violentos, de los corruptos, de los deshonestos, de los sin ética; lo que más me preocupa es el silencio de los buenos".
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