Inestabilidad y desgobierno

Artículo de Luis Marín Sicilia

“Entre la guerra y el deshonor, habéis elegido el deshonor, y tendréis también la guerra”

“En la tensión permanente del binomio libertad-seguridad la recuperación de la dignidad humana consiste en tener muy claro cuando la balanza debe inclinarse, aún perdiendo parte de nuestra libertad, por un reforzamiento de nuestra seguridad”

“La pretendida quiebra de la legalidad, unida a la ausencia de mayorías sociales amplias, como ocurre en Cataluña, fracturan a la sociedad y arruinan a la economía”

 

El líder de la izquierda extrema, Pablo Iglesias, continúa su aparente conversión desde el radicalismo hacia la moderación y reconoce ahora que la inmensa mayoría de los españoles está con la Constitución de 1978, aquella cuyos candados decía que había que hacer saltar, defendiendo hoy que solo precisa algunas reformas que deben abordarse por sus propios mecanismos. Bienvenido al club de los demócratas, habrá que decirle, porque nada hay más nocivo para la convivencia que el saltarse las normas establecidas como garantía de la misma.

Por su parte, algunos prohombres del secesionismo catalán hablan ahora de la conveniencia del pacto con un Estado cuyas reglas incumplen, olvidando que cualquier acuerdo pasa por el  previo e ineludible respeto a la legalidad vigente. Es por ello que el Gobierno hace perfectamente al establecer mecanismos de control de los 3.035 millones de euros que van destinados al pago de proveedores y farmacéuticos por impagos de la Generalitat. Es la lógica derivada de la resolución parlamentaria que insta a desobedecer las leyes estatales, amparando además a los funcionarios autonómicos ante las posibles presiones del gobierno autónomo. No importa que Mas y sus adláteres bramen ante lo que consideran una aplicación encubierta del articulo 155 de la Constitución; lo que importa es que los rebeldes vayan aprendiendo lo que significa desobedecer las leyes vigentes en un régimen democrático.

Desde otra perspectiva, y ante los luctuosos y dramáticos sucesos de París, se impone un sosegado análisis sobre las políticas buenistas de cierta izquierda que tiende con demasiada facilidad a olvidar que la defensa de nuestra libertad hace necesario, en determinadas ocasiones, el uso de la fuerza por parte de quienes, en las democracias, tienen la titularidad de la misma, que son los gobiernos constitucionales. Acoger refugiados que huyen del horror es razonable y humanitario. Hacerlo de forma masiva y desordenada es peligroso e irresponsable, máxime después de saber que dos de los “kamikazes” del estadio de Saint-Denis entraron como refugiados por Grecia. La vista gorda sobre los que vienen a participar de nuestro progreso y bienestar, como aquel eslogan de “papeles para todos”, hay que abordarla con el rigor que demanda la posibilidad de que, lejos de lo pretendido, resulte que con tal manga ancha estemos provocando desolación y ruina. Por ello, hoy adquiere todo su significado la famosa frase de Churchill al primer ministro británico Chamberlain, advirtiéndole que “entre la guerra y el deshonor, habéis elegido el deshonor, y tendréis también la guerra”.

Todas estas consideraciones nos alertan en definitiva sobre lo que supone el desgobierno de los pueblos, es decir, el desorden, el desconcierto, la falta de una acción decidida para mandar o ejercer la autoridad en la dirección adecuada. La izquierda es muy propensa a hacer demagogia a la hora de asumir el gobierno de las instituciones porque ello facilita su aceptación popular. Es una forma de mantener una cierta mentalidad tutelada, dependiente y agradecida que, como acertadamente ha escrito Luis M. Fuentes refiriéndose al gobierno andaluz, pretende “mantener a los pobres para acurrucarlos después”. Es el pensamiento débil de los buenistas profesionales, frente al desafío al que se enfrentan las sociedades modernas.

Quizás la peor herencia del franquismo, en términos políticos, haya sido la permanencia de una sociedad tutelada que se define por el miedo a la libertad, lo que nos hace dependientes y protegidos. Por contra, las sociedades modernas, en cuyas manos está el futuro, se reafirman en una cultura que nos legitime como hombres libres. En la tensión permanente del binomio libertad-seguridad la recuperación de la dignidad humana consiste en tener muy claro cuando la balanza debe inclinarse, aún perdiendo parte de nuestra libertad, por un reforzamiento de nuestra seguridad. Es el ejemplo de la sociedad francesa que, ante el ataque feroz a sus principios, ha reafirmado su voluntad de ser un pueblo libre que alienta la respuesta de fuerza contra quienes perturban su libertad. Bien es cierto que, para algunos, queda la duda de cual habría sido el proceder de cierta “progresía” europea, vistos otros antecedentes, para el caso de que Francia hubiera tenido al frente un gobierno de derechas.

Que en España vamos aprendiendo ante el desgobierno es una realidad. La entidad empresarial más importante de Cataluña, el Circulo de Economía, clama contra el secesionismo y pide la inmediata y urgente rectificación del soberanismo, resaltando los efectos negativos que ha provocado la pretendida ruptura de la legalidad y alegando que la inseguridad jurídica y la incertidumbre empresarial perjudica enormemente a la economía catalana, a la creación de riqueza y a la generación de empleo. La solidez democrática que hemos alcanzado tras el fin del franquismo, ahora ha hecho 40 años, no puede ser puesta en riesgo mediante aspavientos y confrontaciones estériles, ya que uno de los mayores logros de nuestra democracia ha sido desterrar las rivalidades fratricidas, de ahí lo pernicioso que resulta afanarse en resucitar tristes episodios del pasado.

Por todo lo anterior, bienvenido Pablo Iglesias y bienvenido todo aquel que, lejos del desgobierno y la desobediencia del orden legal establecido, plantee cuestiones y reformas de nuestro sistema, que siempre es posible desde la ley pero nunca sin la ley. Porque la pretendida quiebra de la legalidad, unida a la ausencia de mayorías sociales amplias, como ocurre en Cataluña, fracturan a la sociedad y arruinan a la economía. España se va a jugar muy pronto su estabilidad política y su futuro económico. Del acierto de su ciudadanía dependerán ambas cuestiones.

Ninguna cuestión debe sernos ajena; ni siquiera aquellas que pretendan la reforma de nuestra Carta Magna, incluidas las que pretendan una reforma política y territorial que mejore el funcionamiento del Estado de las Autonomías. Cualquier reforma debe buscar un amplio consenso social que deberá compaginarse con los principios democráticos y constitucionales. Y si hay que abordar la regulación de los referéndum, hágase detalladamente desglosando sus requisitos y sus consecuencias de todo tipo. Y a la inversa, si se ratifica y consagra la soberanía indivisible, protéjase con rotundidad como lo hacen estados democráticos de tanto fuste como Francia, Alemania, Italia o Estados Unidos. Todo menos permitir por más tiempo ni un minuto de sensación de desgobierno, porque ello nos lleva a la anarquía y al sálvese quien pueda.