Artículo de Luis Escribano
“Las cifras y datos
negativos de Andalucía son, a la postre, el gran negocio del socialismo
andaluz.”
“Lo ocurrido en el Servicio
Andaluz de Empleo (SAE) es más grave de lo que parece, con datos truncados por
el Gobierno andaluz.”
“La Junta ha dado un paso
atrás en la transparencia de sus cuentas.”
“La deuda pública de la Comunidad
andaluza se ha incrementado de forma exponencial.”
Veíamos en la
parte primera de este artículo-informe que los ingresos en la Junta de
Andalucía en el año 2015 no parece que vayan a alcanzar las cifras previstas en
los Presupuestos de la Comunidad. Y reitero algo fundamental: sin la ayuda del
Estado, en Andalucía hubieran saltado todas las alarmas (como en Cataluña y la
Comunidad Valenciana). Por mucho que se maquillen las cuentas públicas, la
realidad es muy cruda.
Son numerosos
los datos que apuntan a una deficiente técnica presupuestaria de la Junta de
Andalucía, que no es precisamente un modelo a seguir, y la “transparencia” en
los datos de la ejecución del Presupuesto se ha transformado en opacidad con
Susana Díaz. Por cierto, sigue sin nombrarse a nadie en el cargo vacante de la Dirección General de Presupuestos de la
Consejería de Hacienda y Administración Pública. ¿Acaso nadie entre los
consultados quiere prestarse a ocupar dicho puesto ante las previsibles presiones
políticas que recibirán?
A continuación
trataré la otra parte del Presupuesto que debe estar equilibrado con los
ingresos: la ejecución del gasto público previsto.
Ejecución del gasto público.
En cuanto a la ejecución del gasto, en primer lugar hay
que indicar que a partir de enero de 2015 la Junta de Andalucía no publica los datos
totales de nivel de ejecución, un paso atrás en la transparencia,
dado que en los años anteriores sí se hacía. Antes de 2015, dichos datos
totales aparecían con los datos extraídos del Sistema contable Júpiter, y en
una sola línea aparecían los porcentajes de ejecución de cada fase del gasto. Ahora
hay que efectuar extensos y pesados cálculos de sumas y porcentajes de los
datos extraídos del nuevo Sistema contable integrado en GIRO. Es increíble que
con los millones de euros que ha costado el desarrollo y cuesta el mantenimiento
del nuevo Sistema GIRO no se extraigan dichos datos totales para su
publicación. Esperemos que alguien de la Junta de explicaciones al respecto, o
que alguno de los partidos de la oposición (¿existen?) se lo exija. ¿Actuará de
oficio el Consejo de Transparencia, cuyo Director acaba de ser nombrado, o
también se va a dedicar a esperar a que le llegue una denuncia?
Para obtener
estos datos de ejecución, he tenido que usar como fuente la del Ministerio
de Hacienda, que se nutre de los datos
facilitados por la Junta de Andalucía (por cierto, si ésta los tiene, ¿por
qué no los publica?). Pues bien, a
30/11/2015, la ejecución del Presupuesto ha sufrido un claro retroceso respecto a 30/11/2014. Estos son los
porcentajes de ejecución de las distintas fases y la tasa de variación:
(Fuente: Ministerio de Hacienda y AAPP)
Es decir, a 30/11/2015, en obligaciones reconocidas sobre los créditos definitivos aprobados
sólo se han ejecutado un 76,64%
(para el total de las CCAA, la ejecución alcanza el 81,19%), lo que supone para
Andalucía una clara disminución respecto a la misma fecha en 2014, exactamente -5,72%.
Todo ello apunta
a una deficiente gestión del gasto público, por muchos motivos. Para no
extenderme demasiado, les apuntaré algunos de ellos: políticas erróneas que no
se evalúan, y algunas de ellas responden simplemente a políticas absurdas
anti-PP, aunque estas sean positivas; corrupción y falta de ética pública;
intervencionismo excesivo en la sociedad andaluza; muy deficiente gestión de
los recursos humanos de las Administraciones, con exceso de nepotismo; una “administración
paralela” prescindible; alto grado de politización en las estructuras de los
órganos y unidades administrativas; etcétera.
Por ponerles un
ejemplo de la errática política de empleo en la región, sólo el Servicio Andaluz de Empleo –SAE-, a
30/11/2015, alcanza para las obligaciones de gastos el 24,75% de lo previsto. De un crédito definitivo aprobado para
2015 de 665.659.010,93 euros, sólo
existen obligaciones a dicha fecha por importe de 164.749.868,30 euros. Si además tenemos en cuenta que gran parte del gasto ha sido para pagar las
nóminas del personal del Servicio Andaluz de Empleo, ¿qué política pública en materia de empleo está ejecutando o ha
ejecutado realmente el SAE?
¿No es el
desempleo el problema que más preocupa a los andaluces? No seré yo quien
defienda gastos como los que realizan los socialistas en Andalucía para crear
ese supuesto empleo, pero llama la atención que defiendan una cosa y hagan
otra. Por abundar en el tema, el nivel de ejecución para las obligaciones de
gasto, a fecha de noviembre de 2015, de la
Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo ha alcanzado el….55,83%.
A continuación
les dejo con una gráfica de la evolución del paro en Andalucía:
(Fuente: Datosmacro.com)
Estos son los datos
de la EPA (Encuesta de Población Activa) de Diciembre de 2015 para Andalucía:
-
Parados:
1.198.000 personas
-
Empleados:
2.819.000 personas
-
Inactivos:
2.862.000 personas
Respecto al bajo
nivel de gasto público por la Junta, y especialmente del SAE, ¿se ha buscado
deliberadamente no gastar lo previsto a fin de acercarse al cumplimiento del
objetivo marcado para el déficit, o acaso ha entendido que con su errónea
política en materia de empleo no se crean puestos de trabajo ni riqueza? Y si
no fuera esto último el motivo, y siguieran defendiendo que hay que gastar en
materia de empleo, la pregunta del millón sería: ¿por qué la Junta de Andalucía
deja de gastarse el presupuesto del SAE y sin embargo mantiene o aumenta el
gasto en una "administración paralela" prescindible e ineficiente? No hay ni un solo órgano de la Junta de
Andalucía con tan baja ejecución del presupuesto en obligaciones como el SAE (todos
superan el 50%).
Datos truncados por el Gobierno andaluz.
Pero lo ocurrido
en el SAE es más grave de lo que parece. El artificio y opacidad que les voy a
demostrar revela la preocupación que existe en el Gobierno andaluz por la
situación real que enseñan los datos.
Hace unos días
publicaba el diario La Razón una noticia sobre la respuesta parlamentaria del
consejero Sánchez Maldonado contestando al parecer a una pregunta del diputado
de Ciudadanos, Carlos Hernández, realizada en septiembre de 2015, del tenor
siguiente: «¿Cuál es el nivel de ejecución del presupuesto del Servicio
Andaluz de Empleo de los ejercicios 2012, 2013 y 2014?». Mi sorpresa ha
sido que según la noticia, la respuesta que ha dado el Gobierno andaluz ha sido
ésta: «Consultado el Sistema Integrado de Gestión Presupuestaria, Económica
y Financiera de la Junta de Andalucía (Júpiter), el nivel de ejecución del total
de disposición del presupuesto del SAE de los ejercicios consultados son
los siguientes, en el año 2012 un 74,23%, en el año 2013 un 73,79% y del año
2014 un 91,88%». Y sigue la noticia diciendo que eso implica que dejaron de
invertirse 378 millones previstos, muy superior, por ejemplo, a las partidas
destinadas en 2014 (296 millones) o 2013 (307) y que equivaldría a un año en
blanco cuando el paro alcanzó su récord negativo con 1,4 millones de
desempleados. Según la última Encuesta de Población Activa (EPA), 540.000
andaluces llevan sin encontrar trabajo más de dos años, la mitad de los 1,1
millones de parados andaluces al cierre de 2015.
Los profanos en
la materia presupuestaria no se habrán percatado del ardid, como parece le ha ocurrido al diputado Carlos Hernández
de Ciudadanos (como a otros diputados), que parece haber aceptado esos datos
por válidos, no se si por desconocimiento o por perezoso; al menos, no ha
mostrado públicamente su preocupación. Si
hubiera comparado los datos de la respuesta del Gobierno andaluz al
Parlamento con los publicados en la web de la Consejería de Hacienda se habría
dado cuenta. La Junta gobernada por el PSOE ha utilizado una artimaña burda en
su respuesta para evitar salir mal parada, al traducir "nivel de
ejecución del presupuesto", referido en la pregunta parlamentaria,
como "nivel de ejecución del
total de disposición del
presupuesto", y para colmo sin aclarar si el dato está extraído de la contabilidad
previa o de la contabilidad oficial. Es decir, ha dado un dato que
no corresponde a la verdadera ejecución del Presupuesto, porque sólo el dato
del total de obligaciones, o mejor aún, del total de pagos
propuestos, mide realmente el nivel de ejecución del Presupuesto, y
siempre que figure en la contabilidad
oficial.
Quizá con un
ejemplo pueda entenderse lo que intento explicar. Supongamos que la
Administración tramita una solicitud de subvención, y que el procedimiento
administrativo se encuentra en la fase de “propuesta
de resolución” del órgano que lo instruye; el paso siguiente, antes de
resolver dicho procedimiento, sería confeccionar un documento contable
denominado “AD” que se graba en el Sistema contable de la Junta (en los años 2012 a 2014 referidos en la
pregunta parlamentaria era el Sistema Júpiter) para que lo fiscalice la
Intervención. Si no se fiscaliza de conformidad, dicho “AD” se encontraría
grabado en el Sistema en la contabilidad previa, estando en fase de “disposición
del crédito”. Una vez fiscalizado de conformidad por el funcionario
interventor, ese gasto se contabiliza oficialmente en fase de disposición del crédito.
Si a
continuación se paralizara el procedimiento administrativo de la subvención
(puede ocurrir por diversos motivos) y no se resuelve por la autoridad
competente, no existe obligación de pago para ningún beneficiario,
es decir, realmente no existiría ejecución de gasto. Para ello, debe resolverse
primero el procedimiento administrativo de la concesión de la subvención, y a
continuación confeccionar un documento contable “OP” (obligación-pago) en el
Sistema contable, que también deberá ser
fiscalizado por el funcionario interventor. Mientras no se fiscalice de conformidad, no podrá efectuarse pago
alguno. Como podrán observar, en la Administración General, que se rige por
el Derecho Administrativo, no es tan fácil desviar fondos públicos, como sí
puede ocurrir en la administración paralela, pues no existen tantas fases ni
fiscalización previa de funcionario interventor.
Pues bien, en
los datos de ejecución mensuales que publica la Junta no se dice si se trata de la contabilidad previa u oficial, y
tampoco se indica si el gasto que aparece en fase “O” (obligación) o “P” (pago)
está o no fiscalizado de conformidad por la Intervención, por lo que realmente no se conoce el grado de ejecución real
del Presupuesto. Para conocer realmente la realidad siempre hay que
esperar a la Liquidación del Presupuesto,
y la Junta tarda muchos meses en dar ese dato. Y para colmo, como comentaba
anteriormente, con el nuevo Sistema contable GIRO no aparece la ejecución total
de la Junta de Andalucía (el Sistema Júpiter sí lo hacía), sino que aparece por
cada organismo y para colmo desglosado, de forma que en la práctica es casi
imposible conocer la realidad si no se realizan tediosos y extensos cálculos. La Junta ha dado un paso atrás en la
Transparencia de sus cuentas.
Insisto en este tema: ¿se dará por
enterado algún Grupo parlamentario para pedir explicaciones por esta nueva
aberración?
Ahora les daré
los datos de nivel de ejecución del SAE
en fase de pago (no se conoce si se trata de contabilidad previa u oficial),
más acorde con la realidad en cuanto a la ejecución del Presupuesto, y que son
los datos que debía haber contestado el Gobierno de la Junta al Parlamento.
Para que comparen ustedes con la respuesta dada por el Gobierno al Parlamento, les
pondré ambos datos:
(Fuente: web de la Consejería de Hacienda y A.P.) Elaboración propia
Datos macroeconómicos de Andalucía.
Deuda de la Junta de Andalucía
Si comparamos la
deuda en Andalucía en el tercer
trimestre de 2015 con la del mismo trimestre de 2014 observamos que la deuda anual se ha incrementado en 2.484
millones de euros. Y en porcentaje de PIB, la deuda se ha incrementado 1,10
% (de 19,90% ha pasado al 20%).
(Fuente: Datosmacro.com)
Esto indica que el
PSOE andaluz ha mantenido el nivel de los gastos sabiendo que los ingresos no
alcanzaban para ello (para ello, en
los Presupuestos se inventan ingresos que no llegan), incrementando la deuda
pública de forma exponencial. Según ha defendido, el motivo de
incrementar la deuda y mantener el gasto público era "reactivar la
economía", y para ello, la Junta ha aprobado durante muchos años planes
económicos y de empleo. Y ahora parece ser que Ciudadanos en Andalucía apuesta
por la misma política desacertada del PSOE: incrementar un gasto público con
vistas a alcanzar un objetivo que no se cumple. Y llevamos así casi 40 años….
(Fuente: Datosmacro.com)
(Fuente: Datosmacro.com)
(Fuente: Datosmacro.com)
Como puede observarse en esta última gráfica, la deuda pública en Andalucía iguala la cifra del Presupuesto de la Comunidad, aproximadamente 30.000 millones de euros.
Se ha abusado
tanto de la subvención y de otras ayudas públicas, y en general, del
intervencionismo gubernamental, condicionando la economía de la región, que la
iniciativa empresarial ha sido casi tan inexistente como la creación de
riqueza, como indica la aberrante tasa
de paro, el PIB per cápita de
Andalucía en comparación con el resto de Comunidades, y una balanza comercial negativa (diferencia entre exportaciones e importaciones) que no acaba
de despuntar (ver gráficas). Al contrario, tanto
gasto sin control sólo ha conseguido fomentar la corrupción en la sociedad
andaluza hasta extremos muy graves.
(Fuente: Datosmacro.com)
(Fuente: Datosmacro.com) (Elaboración propia)
(Fuente: Datosmacro.com) (Elaboración propia)
Si observamos el
dato del Producto Interior Bruto (PIB) per cápita de Andalucía en comparación con
otras Comunidades, nos encontramos casi los últimos en España. El PIB per cápita nos índica la riqueza de sus ciudadanos. Andalucía
se encuentra en el puesto 18, es
decir, los andaluces somos los españoles más pobres o con un bajo nivel de vida
en comparación al resto (salvando a los extremeños).
Y no se dejen
engañar con las leves bajadas del paro en Andalucía en los últimos meses, pues
si se profundiza en la materia, hay circunstancias coyunturales que no se
valoran. Por ejemplo, mucho gasto público tiene como finalidad contratos
temporales en precario que realizan las Administraciones (Junta de Andalucía y
Entidades locales), con motivo de numerosos planes que realmente no crean
puestos de trabajo ni riqueza (AEPSA, o antiguo PER; Planes de Empleo Joven,
Servicios Sociales en municipios, etc.).
Como ven, la
situación económica de Andalucía, tras tantos años de Gobiernos del PSOE son un
fracaso estrepitoso, y Ciudadanos se empeña en apoyarlo, lo cual necesita una
explicación que no llega.
Da la sensación
de que en vez de pensar globalmente y
actuar localmente, el PSOE se empeña en hacer lo contrario, y en lo que
respecta a actuar globalmente incluyo el crimen organizado que se lleva el
dinero fuera de Andalucía, pues en la corrupción de Andalucía lo global ha
triunfado, visto lo visto, como en Cataluña.
¿Austericidio…? ¡No! Responsabilidad.
España, desde el
momento que suscribe el Tratado de la Unión Europea (ingresó en 1986), adquiere
muchos compromisos. Entre ellos, seguir la política económica que se diseña y
se acuerda en los órganos competentes comunitarios.
Entre otros
acuerdos suscritos por España, se encuentra el Pacto de la Estabilidad y de Crecimiento, que es un acuerdo de los
Estados miembro de la Unión Europea en relación con su política fiscal. Su
objetivo básico es facilitar y mantener la Unión económica y monetaria de la
Unión europea. El fundamento jurídico del pacto se encuentra en los artículos
99 y 104 del Tratado de la Unión Europea (actualmente, artículos 121 y 126 del
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea), con las enmiendas adoptadas en
1993 en Maastricht y las decisiones posteriores relacionadas.
En cumplimiento
de dicho Pacto, el Estado y las
Comunidades Autónomas deben cumplir unos objetivos anuales de déficit público.
Para ello, el legislador español ha previsto diversos instrumentos para cumplir
con dichos objetivos. Para los Estados miembros incumplidores, se ha previsto
por la U.E. un procedimiento sancionador por Déficit Excesivo. Un dato
apreciable es que España es el primer país comunitario sancionado con una multa
por manipulación contable. Según informa el diario “El Economista”, la multa es de 18,93 millones de euros, impuesta
por Bruselas al Estado español por la manipulación de los datos del déficit
entre 2008 y 2011, con un desvío de 1.891 millones, atribuido al parecer a
gastos sanitarios no registrados en la Comunidad Valenciana. ¡Vaya descontrol
en la época de Zapatero! ¿Ocurrirá igual en Andalucía, donde sigue gobernando
el PSOE desde hace casi 40 años? ¿Se apuestan ustedes algo?
La legislación sobre estabilidad
presupuestaria y sostenibilidad financiera ha supuesto un antes y un
después en la responsabilidad en cuanto al gasto público.
Por este motivo,
ni Grecia ni Portugal han podido salirse del guión establecido en los pactos
con la UE, aunque sus gobiernos lo hayan intentado, porque Bruselas no otorga
ayudas gratuitamente, sin garantizar que los Estados miembros que las soliciten
puedan devolverlas. Y por ello, aunque el PSOE y Podemos hayan reiterado en la
última campaña electoral su desplante ante la política de disciplina
presupuestaria de la UE (trasladado a la Constitución española en su artículo
135), eso no podrá ocurrir. Como es habitual en política de este país, se han
aprovechado de la ignorancia de muchos españoles para arañar votos.
Si en algo se ha
equivocado el PP con su política presupuestaria y fiscal ha sido su obsesión
por aumentar la recaudación a base de subir los tributos, lo cual podría
haberse evitado reduciendo y eliminado muchos entes públicos prescindibles,
tanto en el Estado como en las Comunidades Autónomas, especialmente Andalucía.
La Autoridad Independiente de
Responsabilidad Fiscal
La Autoridad
Independiente de Responsabilidad Fiscal, creada por Ley Orgánica 6/2013, de
14 de noviembre, es responsable de garantizar el cumplimiento de los
principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
Institución independiente resultante de la transposición de la Directiva
2011/85/UE, de 8 de noviembre, es de su competencia elaborar informes
preceptivos y vinculantes para todas las Administraciones Públicas; por ello
sus funciones son el análisis, asesoramiento y control en relación con la
política presupuestaria. También está capacitada para formular opiniones
por iniciativa propia y emitir informes a petición del Gobierno, del Consejo de
Política Fiscal y Financiera, la Comisión Nacional de Administración Local o de
la Comisión Financiera de la Seguridad Social.
En
su último Informe sobre las líneas
fundamentales de presupuestos para 2016 de la Comunidad Autónoma de Andalucía
(fechado a 30/11/2015), en el apartado titulado “Objetivo de estabilidad presupuestaria y
regla de gasto” indica que en el período 2010-2014, la Comunidad Autónoma de Andalucía ha
incumplido los objetivos de estabilidad presupuestaria en cuatro ejercicios
de cinco, salvo en el de 2013. En este período, la comunidad ha reducido su
necesidad de financiación en 4.200 millones de euros, pasando de un déficit del
4,2% al 1,3% del PIB regional. Partiendo de este último dato publicado, 2014,
el esfuerzo que la comunidad debe realizar para cumplir el objetivo de
estabilidad fijado en el -0,3% para 2016, representa el 1% del PIB. De este
ajuste, teniendo en cuenta las previsiones de cierre de la AIReF para 2015, un
0,7% tendría que realizarse en 2016.
Igualmente
indica que debido a la probable
desviación en el cierre de 2015 a la que se une el crecimiento de los gastos previsto
por la comunidad para 2016 (incremento al que se ha sumado el partido de
Ciudadanos con sus propuestas de aumento de gastos), se considera que para
la Comunidad Autónoma de Andalucía el cumplimiento del objetivo de estabilidad
en 2016 es posible, pero está muy
ajustado. Esta evolución podría comprometer el cumplimiento de la regla de gasto.
La regla de
gasto es uno de esos instrumentos de disciplina presupuestaria que trata de
garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas de manera que, en un
horizonte de medio plazo, el crecimiento del gasto de las Administraciones
venga limitado por la capacidad de financiarlo con ingresos estables y
sostenidos en el tiempo. De acuerdo con esta filosofía, la aplicación de esta
regla impide que el gasto público crezca anualmente por encima de la tasa de
referencia de crecimiento del PIB a medio plazo de la economía española, siendo
posible superarla, únicamente, en el supuesto de que ese exceso se compense con
aumentos de ingresos de carácter permanente.
La
probable desviación en 2015 respecto al objetivo fijado, que ya se puso de
manifiesto en el Informe de AIReF de 15 de julio sobre el cumplimiento esperado
de los objetivos de 2015 y que se confirma con los datos a la fecha, hace que
el esfuerzo a realizar en 2016 pueda estar en torno al 0,7% del PIB. Por
cierto, que la Fundación de Estudios de Economía Aplicada
(Fedea) también prevé una desviación hasta el 0,8% en 2015.
Como
consecuencia de todo ello, en el Informe que ha realizado el 3/12/2015, sobre
el Plan Económico Financiero de la Comunidad Autónoma de Andalucía, "la
AIReF recomienda a la Comunidad Autónoma de Andalucía que, en el marco de las
medidas automáticas de prevención recogidas en el artículo 18 de la LOEPSF, la
Intervención general de la comunidad autónoma (o unidad equivalente) informe
periódicamente al gobierno autonómico del seguimiento de la ejecución
presupuestaria, alertando sobre la conveniencia de adoptar decisiones para la
corrección temprana de las desviaciones que pudieran producirse. La AIReF ha identificado en Andalucía
tensiones en la evolución prevista del gasto, que deberá ser objeto de una
monitorización particular."
Y ojo, que la
AIReF ha indicado que ha recibido una
información incompleta de la Junta sobre gastos financieros y el «resto
de gastos corrientes». Curiosamente, lo mismo que hace con las respuestas a las
preguntas que realizan los grupos parlamentarios.
¿Se entienden ahora las grandes tensiones
que existen en el seno de la Intervención General de la Junta de Andalucía? ¿Se
entiende ahora que todavía no se haya cubierto el cargo de la Dirección General
de Presupuestos?
Las reformas de la Administración Local.
Aunque en la
parte primera de mi artículo les manifesté que desarrollaría este tema en esta
parte, a fin de no extenderlo aún más lo pospondré para un futuro artículo,
pues el asunto es muy importante y merece un amplio desarrollo.
El PP ha dado un
paso importante (aunque insuficiente) en el Régimen Local español. La Ley de
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local ha supuesto una
fuerte disciplina presupuestaria en las entidades locales que era muy
necesaria. Pero también ha tocado en la línea de flotación del Régimen andaluz
por varios motivos. El Gobierno andaluz del PSOE está acostumbrado a que los
Ayuntamientos y Diputaciones dependan de sus decisiones, y por eso su política
de subvenciones condicionadas y congelación de la financiación incondicionada
desde hace varios años (procedente de la participación en los tributos de la
Comunidad andaluza (PATRICA).
Sin embargo, les
adelantaré que la oposición radical de algunas Comunidades, como Andalucía, a
esta reforma se debe a que supone financiar por ellas determinados servicios
públicos (en materias de Educación, Sanidad y Servicios Sociales) que hasta ahora estaban
prestando los Ayuntamientos y Diputaciones con subvenciones que podían o no recibir,
o a su costa. Y esto, obviamente, obligaría al Gobierno andaluz a adoptar
medidas muy drásticas, como por ejemplo la reducción de la administración
paralela, soporte fundamental del Régimen del PSOE andaluz.
Y para
finalizar, creo que también es necesario reflexionar sobre el comportamiento de
ciertos andaluces y su responsabilidad en la situación que vivimos. Aunque se
trate de deuda privada (que luego acaba repercutiendo en gasto público y más
deuda), ¿cuántos andaluces se endeudan irresponsablemente -¡sí, se endeudan!-
para comprar viviendas o coches de lujo o apartamentos en la playa para
veranear, o para irse de viaje, a la Feria o de romería, o para sacarse un
abono anual para asistir a todos los partidos de fútbol de su equipo,
etc., sabiendo que pueden tener complicaciones
futuras para devolver las deudas o que harán pasar penurias a sus familias para
vivir? Y digo irresponsablemente porque luego exigen que las Administraciones les
ayude con becas, viviendas, pagos de luz y agua, paralización de desahucios, etc.,
es decir, que los que tributamos paguemos esos excesos prescindibles. Y que
conste, insisto, que me estoy refiriendo a los irresponsables, no a los que
realmente pasan apuros siendo responsables. ¿Por qué se demoniza la austeridad en
la gestión pública si es lo que muchos practicamos en nuestras familias, no
gastando más de lo que se posee o contando con pequeñas deudas teniendo la
seguridad que no nos supondrá un problema para su devolución?
Andalucía es una
Comunidad que no sale del pozo en el que se encuentra, siendo sus habitantes
los más pobres de España, después de los extremeños. Susana Díaz pretende
llegar a ser la Presidenta del país algún día….¿qué datos va a ofrecer a los
españoles de su gestión? Andalucía necesita una catarsis que sólo puede
iniciarse con la salida del PSOE del Gobierno. Pudo hacerse tras las elecciones
autonómicas, como expliqué en anteriores artículos, pero la irresponsabilidad
de los diputados autonómicos de la oposición ha sido aprovechada por Díaz, que
acabará fagocitando a Ciudadanos en Andalucía.
Certerísimo. Y desolador panorama, no solo para Andalucía...
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