lunes, 13 de junio de 2016

¡Exclusiva!: Fondo de apoyo al desarrollo empresarial. ¡Dilapida que algo queda!


Artículo de Antonio Barreda


La Junta de Andalucía aprobó conceder 117,5 millones de euros a través del Fondo de Apoyo al Desarrollo Empresarial. Muchas de las empresas están hoy liquidadas

El Fondo aprueba, según los datos que constan en la Cuenta General para 2014 – la última que está publicada- casi 117,5 millones de euros en ayudas a empresas. Analizadas una a una las empresas beneficiadas del fondo, algunas no tienen sede social en Andalucía, otras están en liquidación en los juzgados de lo mercantil, y en un caso, los administradores concursales acusaban a los exgestores de desviar el dinero de la Junta para quedárselo, según indicaron en el informe de calificación del concurso.

El Fondo de Apoyo al Desarrollo Empresarial

Según se indica en la Memoria del Fondo de Apoyo al Desarrollo Empresarial de la Cuenta General de 2014, este fondo aparece en la Disposición Adicional Quinta, apartado uno, de la Ley 5/2009, de 28 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2010, que creó el Fondo de apoyo al Desarrollo Empresarial, como fondo sin personalidad jurídica, destinado a fomentar la actividad económica y potenciar el crecimiento de las empresas en Andalucía, con una dotación presupuestaria de 204 millones de euros, fijada en el artículo 5.1 de dicha Ley.

El Fondo – indica la Junta - se ajusta a lo establecido en el apartado 3 del artículo 5 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía (Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, BOJA núm. 53, de 18 de marzo).

Con fecha 30 de Julio de 2010 las Consejerías de Hacienda y la de Economía, Innovación y Ciencia suscribieron un Convenio por el cual regularon la composición, organización y gestión del Fondo de Apoyo al Desarrollo Empresarial de acuerdo a lo previsto en la Disposición Adicional Única de la Ley 8/2010, de 14 de julio, de Medidas Tributarias de Reactivación Económica de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

El Fondo no tiene la consideración de sector público a los efectos previstos en la ley 30/2007 de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, por lo cual los contratos mediante los cuales se instrumentan las operaciones aprobadas con cargo a los fondos se someten al derecho privado, de conformidad con lo establecido en el artículo 20 de la citada Ley 30/2007, tanto en cuanto a su preparación, como respecto a los efectos y extinción.

Objetivos del Fondo

El Fondo se destinará – según la Junta de Andalucía - a proyectos empresariales viables en dos ámbitos: el impulso emprendedor y la consolidación y expansión empresarial. Las empresas destinatarias podrán adoptar cualquier forma jurídica, a excepción del empresario individual, las sociedades civiles, las comunidades de bienes. Podrán tramitarse operaciones de sociedades en constitución, en tanto se aporte certificado en vigor de denominación social, por el solicitante. Los destinatarios deberán tener domicilio social o contar con centros operativos en Andalucía. Asimismo, podrán ser consideradas destinatarias aquellas empresas que vayan a situar su domicilio social en Andalucía o que vayan a contar con establecimiento operativo en Andalucía, en virtud del proyecto que se financie con el Fondo. Deberán acreditar estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

También se señala que no podrán ser destinatarias empresas en crisis y tampoco podrán ser destinatarias empresas con domicilio social en un paraíso fiscal. Por otro lado, los instrumentos financieros que se podrán aprobar con cargo al Fondo podrán ser préstamos o créditos, préstamos participativos, operaciones de capital riesgo, otorgamiento de garantías. Las operaciones que se aprueben con cargo al Fondo se efectuarán en condiciones de mercado y tendrán carácter reembolsable, sin que en ningún caso puedan tener la consideración de subvenciones o ayudas públicas.

Actividad principal del fondo

Para la Junta de Andalucía la actividad principal del Fondo desde su creación en el año 2010 ha consistido en la concesión de préstamos o créditos, microcréditos, préstamos participativos, operaciones de capital riesgo, toma de participaciones minoritarias y temporales en el capital social de la empresa destinataria de la medida con pacto de recompra o salida pactada, otorgamiento de garantías, así como cualquier otra fórmula de financiación distinta de las anteriores reconocida en el tráfico mercantil. Una descripción de los mismos es la siguiente:

Préstamos ordinarios. Los préstamos se ajustan al plan de caja del proyecto de forma que su eficacia sea máxima, manteniendo una correlación en sus disposiciones y en sus amortizaciones a los hitos que se marquen en el proyecto o a las magnitudes económicas que se establezcan, exigiéndose además la optimización de la tesorería de la empresa beneficiaria. Para ello, los préstamos pueden establecer las cláusulas que requiera la particularidad del proyecto, así como las garantías que puedan establecerse para el reembolso de los fondos, con inclusión de cuentas de depósito en garantía y contratos de financiación.

Avales. Garantías para la obtención de préstamos de entidades financieras. Los avales pueden
intervenir en dos modalidades de garantía: o Económicas: para garantizar el pago de adquisiciones de equipos o de mercancía, a nivel nacional o internacional, tanto en su fase previa garantizando el encargo, o bien financieramente, garantizando el aplazamiento. o Técnicas: que garantizan la ejecución de los proyectos o encargos, el correcto funcionamiento de los servicios encargados o las instalaciones o equipos vendidos. Se descarta como objetivo, la construcción, la refinanciación, o los avales por asuntos administrativos, fiscales o judiciales.

Préstamos participativos. Préstamos con deuda subordinada a todos los demás acreedores comunes. Para poder amortizarlos anticipadamente hay que hacer una aportación de capital social por un importe equivalente. Este tipo de incentivo se aplica fundamentalmente a proyectos de empresas de base tecnológica. Las pólizas que se suscriben en los casos de préstamo participativo suelen recoger claramente, además de los aspectos más relevantes del mismo, tales como nominal y plazo; las eventuales condiciones de retribución variables vinculadas a resultados, evolución de ventas u otras magnitudes, que son consustanciales a este tipo de instrumentos.

Para la Junta de Andalucía según la memoria del Fondo, la política de inversión del Fondo responde a las siguientes consideraciones:

- Reembolsables. Inversiones en proyectos viables que permitan su retorno en el menor plazo posible.

- Condiciones de mercado. Se aplican condiciones financieras de mercado. En diferenciales y rentabilidades. El interés será determinado en base al análisis de riesgo del solicitante, más el ajuste necesario como consecuencia de la evaluación de las garantías aportadas. En todo caso, se establece un suelo (tipo mínimo) calculado conforme a lo previsto en la Comunicación de la Comisión Europea relativa a la revisión del método de fijación de los tipos de referencia y de actualización (DO C 14, de 19 de enero de 2008, p. 6) y las comunicaciones que determinen el tipo de base vigente en cada período para el citado cálculo.

- Garantías y colateralidad. En su caso, se solicitan garantías para marcar su carácter reembolsable. Las garantías que se solicitan para cubrir la operación podrán ser del tipo: reales (hipotecarias, prenda, pignoración), personales, societarias y corporativas y/o aportadas por sociedades de garantía recíproca y entidades financieras, entre otras.

- Subsidiariedad. No se asumen inversiones que puedan ser atendidas por entidades financieras. Se trata de suplir las deficiencias del sistema, coyunturales o de prima de riesgo.

- Reutilizable. Los reembolsos y desinversiones que se produzcan se aplicarán nuevamente al fondo. Se pretenderá realizar operaciones a menor plazo para potenciar este carácter reutilizable.

Entidad gestora de los Fondos

La Disposición Adicional décima de la Ley 05/2009, de 28 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2010, en su apartado 4 determina que la gestión del Fondo de Apoyo al Desarrollo Empresarial correspondía a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) adscrita a la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.

La Unidad JEREMIE (Agencia IDEA) realiza las tareas de atención previa a los potenciales solicitantes de operaciones a financiar por el Fondo, así como la verificación de los requisitos formales de las solicitudes y la coordinación/gestión de las operaciones realizadas por el Fondo.

Las funciones de la entidad gestora son entre otras, verificar que las solicitudes presentadas cumplen los requisitos establecidos en los convenios y en la normativa reguladora del Fondo, determinar la viabilidad técnica, económica y financiera de los proyectos, verificar la compatibilidad de los proyectos con las políticas de la Consejería a las que se adscribe el Fondo, aprobar o denegar las operaciones del Fondo con base a los criterios de valoración establecidos.

Entidad colaboradora

Indica la memoria del Fondo de la Cuenta General 2014 que la normativa reguladora establece que la entidad gestora del fondo, mediante Convenio, puede atribuir todas o algunas de las actuaciones de gestión a una o más entidades colaboradoras, de naturaleza pública o privada. En concreto la entidad gestora del Fondo (IDEA) ha suscrito dos convenios.

Así, el 29 de noviembre de 2010 se firmó Convenio entre IDEA y SOPREA anual prorrogable, y el 17 de enero de 2011 se firmó otro Convenio entre IDEA e INVERARIA anual prorrogable.

Sigue indicando la memoria que las entidades colaboradoras llevan a cabo las funciones relativas a la gestión de los instrumentos financieros, así como el seguimiento de las actuaciones empresariales financiadas con los mismos. Entre otras funciones le corresponde: determinar la viabilidad económico-financiera de las solicitudes presentadas; solicitar la aprobación o denegación de las operaciones del fondo; suscribir y formalizar, en nombre propio y por cuenta de los fondos, los contratos mediante los que se materialicen las solicitudes aprobadas con cargo al mismo; dar cuenta a la entidad gestora de todas las operaciones; y efectuar el control y seguimiento de las operaciones aprobadas.

Las entidades colaboradoras al realizar las operaciones y actuaciones en nombre propia por cuenta del fondo, no asumen ningún riesgo por el resultado de las operaciones formalizadas. Cualesquiera que sean los resultados de las operaciones: ganancias o pérdidas patrimoniales, ingresos y comisiones financieras, fallidos, dotaciones contables, costes judiciales incurridos para la recuperación o el cobro de la inversión, y en general aquellos que traigan causa del instrumento financiero y de la representación indirecta establecida, corresponderán al Fondo de Apoyo al Desarrollo Empresarial.

Finalmente indica la memoria que frente a terceros, INVERCARIA y SOPREA adquirirán la condición de accionista, socio partícipe, titular de los derechos de crédito y avalista, según la operación que se ejecute, y responderán, con cargo al Fondo, de los impagos de los terceros contratantes a los que avale. Todas las amortizaciones, comisiones, realizaciones de activos y cualesquiera ingresos que se produzcan en el desarrollo de las operaciones aprobadas y formalizadas, una vez sean líquidas, serán abonadas en la cuenta del propio Fondo. Cualesquiera activos que se adquieran en ejecución de las garantías de las operaciones suscritas, corresponderán económicamente al Fondo, de forma que tan pronto puedan realizarse y monetizarse se abonarán directamente en la cuenta del propio Fondo.


Cuadro de las empresas beneficiadas del Fondo

Fuente: Cuenta General 2014. Memoria del Fondo de Apoyo al Desarrollo Empresarial.

Del análisis pormenorizado de las empresas tenemos el siguiente resultado:

Al Andalus Grupo Empresarial para el Desarrollo Empresarial de Andalucía S.L.

Solicita 8,5 millones y se le aprueba un importe de 3 millones de euros. La empresa pasa a llamarse según el Registro Mercantil Al Andalus Grupo de Empresas de Ocio, Turismo y Salud S.L. con sede en Granada. La empresa tiene tres líneas de inversiones: baños árabes (su producto estrella), restaurantes y teterías y alojamientos con encanto. En 2014 recibieron el premio Andalucía de Turismo.

Albatros Promotora Empresarial SA

Se le aprobó un importe de 2,5 millones de euros. El administrador único era Francisco Fernández Gamaza. En 2014 presentó concurso de voluntario que terminó en abril de 2016 con la aprobación del plan de liquidación y apertura de la sección de calificación por el juzgado mercantil nº 1 de Sevilla en el procedimiento concursal 1222/2014.

Aparece en la lista negra que publicó Hacienda en diciembre de 2012 como empresas deudoras de Hacienda con 3.45 millones de euros.

Alestis Aeroespace

El fondo le aprueba 10 millones de euros. Empresa salvada por las continuas inyecciones económicas de la Junta de Andalucía En Julio de 2014 se concede un préstamo participativo de 3 millones de euros por IDEA, ampliándose el capital con la entrada de la SEPI por un valor de 13,5 millones de euros. A partir de aquí la Junta anunció su salida escalonada de la compañía. En la actualidad Airbus es el principal accionista de la firma andaluza con el 61,91% del capital, ostentando la mayoría en el consejo-; el Gobierno Central, a través de la SEPI, cuenta con un 24,05%; y Unicaja posee el 14,04% restante.

Atarfil. SL

Se le aprueban 993.000 euros. Atarfil S.L. es una empresa familiar granadina creada en 1995, propiedad íntegramente de la familia Carreras Torres. Está dedicada al desarrollo, la producción y la comercialización de geomembranas termoplásticos, cuya principal aplicación es la impermeabilización para protección medioambiental, obras hidráulicas, obra pública en general y edificación.

La empresa en 2013 nombra Administrador único a otra empresa, Rida Servicios Corporativos S.L. Esta a su vez, según los datos del Registro Mercantil, tiene de socio único a la empresa Recursos Industriales de Andalucía S.L. que tiene un capital social de 3.000 euros y de Administrador único a María Victoria Carreras Torres.

Ayesa Corporated y sociedades dependientes

Se le aprueban 3 millones de euros por el Fondo. La empresa comienza sus operaciones en noviembre de 2008, con un objeto social de adquisición, transmisión, tenencia y explotación de valores mobiliarios y participaciones sociales en sociedades mercantiles, nacionales y extranjeras, por cuenta propia y sin actividad de intermediación, con la finalidad de dirigir, administrar y gestionar la participación en las mismas. Tiene de Administrador único a José Luis Manzanares Japón.

Ayesa se hizo famosa cuando en mayo de 2011 se quedó con el 51 por ciento del capital de Sadiel con el objetivo de constituir la primera empresa de ingeniería española, quedándose con parte de las acciones que la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía(IDEA) tenía en la compañía Sadiel Tecnologías de la Información, S.A, a través de la empresa pública Soprea valoradas en 4,64 millones de euros y suponen un 15,5% del capital total de la compañía, Ayesa también adquirirá otro 15,5% procedente de Endesa Servicios; un 15% de la Corporación Empresarial Cajasol y la totalidad de la participación de Indra Sistemas (5%). La empresa pasó a llamarse Ayesa Advance Technologies.

Así, el nuevo accionariado de Sadiel quedó compuesto por el Grupo Ayesa, que se quedaba con el 51%; Agencia IDEA, 22% (a través de Soprea), Endesa Servicios el  22%, y Corporación Empresarial Cajasol –luego  la Caixa - 5%. Hasta ahora, el capital mayoritario se repartía entre Soprea y Endesa Servicios, con el 37,5% cada una. Esta fue la primera fase de la privatización de  Sadiel  y es Ayesa la principal beneficiaria.  El pasado junio de 2015 Endesa, que poseía un 22% del capital, ha vendido este paquete a Ayesa por 5 millones de euros, pasando así a poseer el 73% de su filial tecnológica.

El pasado día 18 de abril de 2016, según el Boletín Oficial del Registro Mercantil, se produjeron los ceses/dimisiones del Consejo de Administración de Ayesa Advanced Technologies de los representantes que la Junta de Andalucía mantenía como consejeros en la empresa, Juan De Dios Hermosín Ramos, José Manuel Pérez Real, Isidoro Carrillo de las Heras y la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA).

Ayesa AT, antes Sadiel,  es la empresa que manejaba el sistema integrado JÚPITER, que llevaba la gestión financiera y económica de la Junta de Andalucía, el SIRHUS (Sistema de información de gestión integrada de los recursos humanos de la Junta de Andalucía), el  S.U.R. (Sistema Integrado de Recursos de la Junta de Andalucía) que se encarga de la gestión, liquidación y recaudación de los tributos propios o cedidos. Y desde el año 2011 es la principal responsable del programa G.I.R.O. (Sistema de Gestión Integrada de Recursos Organizativos).

Antonio Barbadillo SA

Se le aprueban 5,3 millones de euros. Empresa presidida por Manuel Barbadillo Eyzaguirre. Dedicada a la producción de manzanilla de Sanlúcar de Barradema.

El 6 de mayo de 2014 saltaba la noticia que la Fiscalía Anticorrupción pidió una fianza de responsabilidad civil de cuatro millones de euros para los ex directivos de Antonio Barbadillo S.A. Pascual Caputto y Manuel Valdecantos. Los dos estaban imputados en el caso de los ERE irregulares por las ayudas recibidas por la empresa Matadero de la Sierra Morena, en la Sierra Norte de Sevilla, de la que ambos fueron consejeros solidarios. Caputto y Valdecantos se acogieron a su derecho a no declarar. La juez Mercedes Alaya les imputa tres delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias.

El fiscal pidió que la empresa Antonio Barbadillo sea declarada responsable civil subsidiaria de dicha fianza, petición a la que se adhirió la acusación que ejerce la Junta. Alaya también ha imputado en la causa a Manuel Robles Castaño, igualmente representante de Antonio Barbadillo. La juez considera que los tres imputados pasaron a "dirigir" Matadero de la Sierra Morena - Caputto y Valdecantos como consejeros solidarios y Manuel Robles como presidente- después de que Antonio Barbadillo se hiciera en noviembre de 2005 con más del 70% de las acciones de esta sociedad, "entidad emblemática" del "tándem" formado por José Enrique Rosendo y José María Sayago "y la que más subvenciones había recibido de la Junta".

Según la juez, en la fecha de la compra de acciones Matadero de la Sierra Morena "había sido beneficiaria en tres años de subvenciones por importe de 6,3 millones de euros", añadiendo que "el precio pactado" por esta compra fue "formalmente" de 9,7 millones, "aunque existen indicios para deducir que la venta pudo ser por un precio inferior". "A través de la compra de la mayoría del capital social de Matadero, el grupo Barbadillo controlaría" las entidades Alimentos Tradicionales y Al Ballut, dice Alaya, que asevera que los tres imputados "utilizaron" sus "influencias" en la Consejería de Empleo "a través de su titular Antonio Fernández o incluso en instancias superiores" para conseguir en marzo de 2008 una subvención de 1,1 millones de euros "pese a la reiteración de ayudas de la Junta a esta empresa y las continuas pérdidas".
El pasado mes de abril de 2016, se conocía que Bodegas Barbadillo había puesto fin, tras una década, a su aventura en el sector del cerdo ibérico con la que trató de emular a su gran referente, y competidor, Osborne (que controla Sánchez Romero Carvajal y su marca 5J). La compañía de Sanlúcar de Barrameda ha firmado un acuerdo con el grupo cárnico canario Montesano para venderle la marca Sierra de Sevilla y alquilarle por cinco años, con opción a compra, el secadero Matadero de Sierra Morena (MSM), ubicado en El Pedroso (Sevilla).
La filial cárnica, que estaba prácticamente paralizada desde 2013, le ha generado al grupo que produce la manzanilla Solear unas pérdidas de 16 millones de euros después de invertir en esta aventura 22 millones de euros.

Bertín Osborne Alimentación

El Fondo le aprueba 495.000 euros. La empresa nace en 2009 como una sociedad compuesta al 50% por Bodegas del Conde de Donadío, propiedad de Bertín Osborne, y Olomasía, razón social de ‘La Masía, del Grupo Ybarra. Desde 2011 la empresa tiene de administrador único Norberto Ortiz Osborne, más conocido como Bertín Oborne.

El primer lanzamiento fue “Gazpacho de la Huerta de Bertín”. Al gazpacho siguieron los aceites de “El Molino” y “La Almazara de Bertín” además de una línea de caldos de cocina con la marca “La Despensa de Bertín”. Todos los productos lucen en su etiqueta el rostro del presentador, que proporciona la imagen de marca.

Parte de los beneficios se destinan a la Fundación  Bertín Osborne, con el objetivo de abrir un centro de rehabilitación de niños de hasta tres años con minusvalías cerebrales y neurológicas, una iniciativa que surgió tras los problemas de salud que sufrió su hijo Norberto Kike. La fundación da ayuda y apoyo a otras familias de menores afectados por este tipo de problemas.

Cactus Soluciones energéticas

El fondo le aprueba 300.000 euros. La empresa tuvo hasta agosto de 2014 como presidente de la misma, según los datos del registro mercantil, al Grupo Chavsa Sociedad Limitada, y cesa como consejera de Cactus en octubre de 2014. A partir de ahí la presidencia pasa a Juan Carlos Cuadrado Corrales. En octubre de 2015 la misma recae sobre Adolfo Borrero Villalón. Este último fue presidente de la Comisión de Nuevas Tecnologías de la Confederación de Empresas de Andalucía de 2010 a 2014.  También ha sido consejero delegado de Telvent Interactiva y, hasta el pasado año, director de Relaciones Institucionales de Schneider Electric (la empresa que absorbió a Telvent en 2011). Muy unido al movimiento asociativo del sector TIC, Borrero ha sido presidente de Eticom, la patronal andaluza de empresas tecnológicas.

El grupo Chavsa aparece en el caso de las supuestas facturas falsas de UGT, en el punto de los “botes” de proveedores, en dicha operación se detuvo al dueño de Chavsa, Simón Chávarri. Según la UCO de la guardia civil, el Departamento de Compras ingenió en 2006 los denominados «botes». Los proveedores emitían facturas al sindicato por servicios o compras que no habían realizado o bien engordaban su importe. El bote se generaba con la diferencia entre lo facturado y lo servido. El bote creció “de forma espectacular”, según reconoció el contable de UGT-A Francisco Mateos Aparicio, y así lo pudo comprobar la UCO en sus registros ya que llegó a encontrarse con uno de 345.000 euros cuando entró en la empresa Chavsa. Según fuentes judiciales, el bote fluctuaba (el dinero entraba y salía) y aún está por cuantificar cuánto dinero llegó a ingresar UGT por esa vía. Los proveedores con los que se fijaron distintas vías de financiación alternativa son Chavsa, Lienzo Gráfico, Publicar, Siosa, Imprenta Pineda, Viajes Macarena, Karonte o Carpetas Abadías, cuyos administradores fueron detenidos en la segunda fase de la operación «Cirene».

Como corroboraron los propios trabajadores del departamento de Administración de UGT-A, aquellos proveedores que quisiesen contratar con el sindicato “debían aceptar realizar unos descuentos que oscilaban entre el 3% y el 20%”. “Toda” la ejecutiva regional conocía la existencia de este “canon revolucionario”, según confesó el exsecretario de Formación y Cultura de UGT-A Germán Damián Domínguez. Con cada proveedor se pactaba un porcentaje diferente y, según este acuerdo, de manera periódica lo liquidaban al sindicato “bien mediante transferencia, bien por talón bancario”, revela la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. De este modo, la central que dirigió Manuel Pastrana) se lucraba con las subvenciones, a las que se imputaba el cien por cien de las facturas. El descuento que se aplicaba no se comunicaba nunca a la Junta, lo que convierte los rápeles en “mordidas”.

Campos de Córdoba

Se le aprueba 1,08 millones de euros del Fondo. Tiene como presidente a Francisco Muñoz Ariza (de Bodegas Campos). Entre sus consejeros está el Grupo de Empresas Cajasur S.A. (ahora en manos de La Kutxa). Entre otros, la empresa gestiona la Escuela de Hostelería de Córdoba, que es el resultado de un proyecto entre el Ayuntamiento de Córdoba, la Asociación de Hostelería de Córdoba (Hostecor) y los sindicatos UGT y CC.OO. Se inauguró formalmente en septiembre de 2004.

El periódico ABC señala que en septiembre de 2013 Bodegas Campos emprende una nueva etapa en su dirección general tras la salida de Javier Campos y el fichaje por la sociedad de Joaquín Guallarte Beltrán. La sociedad inicia dos líneas de crecimiento en ciernes para Bodegas Campos. Por un lado, el modelo de Pick & Stay que surgió en el propio restaurante de la calle Lineros (fórmula de picoteo de calidad y copas). Su implantación en Sevilla hace unos meses se ha convertido en un éxito que va a ser exportable por la vía de franquicias en otras ciudades.
De otra parte, y según Guallarte, el aumento de la producción en el centro de tecnificación y elaboración de Las Quemadas con el objetivo de expandir la línea de cátering de la firma en alianza con socios locales. Esta fórmula ya se ha puesto en marcha en Jerez de la Frontera (como socio, González Byass con Cátering Buganvilla), Málaga y en breves fechas se cerrará un acuerdo con otro aliado en Granada para exportar uno de los valores más señeros de Bodegas Campos. “Para que pueda haber un gran evento de Bodegas Campos en cualquier punto con socios locales”, apostilló el nuevo director general, que estuvo acompañado por Muñoz Ariza; el responsable de Conservación de la empresa, José Campos, y el presidente de la fundación, Javier Martín.

Centro Diagnóstico Granada

El fondo le aprueba 1,2 millones de euros. Según el registro mercantil en marzo de 2016 tiene como presidente a Fernando Machado Quintana.
Según se indica en su web es una empresa familiar fundada en 1988 por el Dr. Fernando Machado Quintana como un pionero del Centro de Detección Precoz de Cáncer de Mama. Casi veinticinco años después, esta empresa cuenta con tres centros en Granada capital y uno en Motril. En el presente, contamos con puntos de servicio en otras comunidades, como el País Vasco, Navarra y otros puntos de Andalucía. De este modo, llevamos la más alta tecnología vigente en ambos sectores allá donde nos sea solicitada, en cualquier punto de España.
Indica la web que cuenta con una plantilla de más de 80 profesionales comprometidos, entre médicos especialistas en radiodiagnóstico, anatomía patológica, bioquímica clínica, microbiología, patología mamaria y medicina nuclear, licenciados en enfermería, farmacia y todo el personal especialista correspondiente al servicio integral.

Este apoyo empresarial contradice en discurso de la Junta de Andalucía respecto a la defensa de la sanidad pública.

Compañía Meridional de Inversiones e Inmuebles SL

El Fondo le aprueba 9 millones. Con sede en Córdoba, constituida en diciembre de 2007 teniendo como socio único a la Compañía Meridional de Inversiones S.A. (también inmersa en un plan de liquidación en el juzgado nº 1 de la mercantil de Córdoba) y como objeto social la promoción de la construcción de inmuebles, así como la compraventa, explotación, enajenación y arrendamiento de bienes inmuebles,
según los datos del Registro Mercantil.

En enero de 2014 la empresa anota en el registro mercantil el proceso de liquidación de la misma. Por el procedimiento concursal 368/2011 firme de fecha 9 de mayo de 2013 donde se acuerda la intervención o suspensión de las facultades de administración de la empresa. En enero de 2014 se cesa a los cargos de la empresa, entre ellos su presidente Javier Sánchez-Ramade Moreno, y se inscribe que el procedimiento concursal es firme y se decreta la apertura de liquidación de la empresa.

Por otro lado, indicar que el Grupo Sánchez-Ramade era un grupo con actividad en cinematografía, construcción y promoción inmobiliaria, automoción, informática y financiero, y de Urende S.L., una compañía del Grupo dedicada a la distribución de electrodomésticos, electrónica e informática de consumo.

En junio de 2013 Mercedes Alaya imputó a seis empresarios en el caso Mercasevilla entre los que destacaban tres cordobeses: el presidente del consejo de administración de Prasa, José Romero González, y el propietario y el apoderado de Edamar (absorbida por Noriega), Martín Eugenio Sánchez-Ramade Moreno y Vicente Sánchez-Ramade Carrascosa. Junto a ellos imputaron al presidente de Realia, Ignacio Bayón y la presidenta de Azucarera Larios, Barbara Gutiérrez-Maturana Kalachnikoff. También en esta nueva remesa de imputados estaba imputado el hermano de la Ministra de Empleo y no el padre, fallecido hace diez años.

Estos empresarios fueron imputados por, presuntamente, haber presentado ofertas falsas en la adjudicación de unos suelos propiedad de Mercasevilla en un concurso convocado por el Ayuntamiento de la capital andaluza. Según sospechaba la juez Mercedes Alaya, apoyada en las indagaciones de la Guardia Civil, el concurso ya estaba adjudicado a la empresa Sanma y todas estas empresas lo sabían. Según la juez, la oferta de Sando no era la más ventajosa para las arcas municipales de todas las que pretendían hacerse con el suelo de Mercasevilla. La juez sostenía que estas empresas no incluyeron en sus propuestas ni oferta técnica ni social, de forma deliberada, para no resultar adjudicatarias.

En octubre de 2013 la juez Alaya archivaba la causa contra los empresarios anteriores imputados por los suelos de Mercasevilla al entender que habían prescrito los tres delitos que se les imputaban.

En septiembre de 2015 saltaba la noticia de que la unidad de delitos financieros de la Policía Nacional investigaba las ayudas concedidas a Urende, la empresa de venta de electrodoméstricos y electrónica ya desaparecida, que recibió auxilio financiero de Invercaria, la empresa de capital riesgo, con cargo al fondo Jeremie, dinero europeo que controla la Junta de Andalucía. Urende tenía de administrador único desde abril de 2009 a Javier Sánchez-Ramade Moreno antes de entrar en liquidación.

Los investigadores policiales han realizado un informe en el que incluyen a Urende entre las empresas que recibieron dinero de forma irregular de estas partidas. En concreto, a partir de los años 2008 y 2009 el Consejo de Gobierno de la Junta intentó salvar a Urende, que entró por primera vez en números rojos, con un crédito de doce millones de euros.

Prácticamente desde su concesión, aparecieron informaciones periodísiticas que alertaban de que Urende no se encuadraba en los dos criterios establecidos para recibir dinero de Jeremie, un fondo creado para consolidar la estructura financiera o para empresas de alto potencial de crecimiento. Aún así, el Gobierno de Griñán apostó por financiar a Urende cuando ya se sabía que era una empresa con graves problemas encuadrada en el Grupo Sánchez-Ramade, la segunda empresa por facturación tras Abengoa.

El informe de la Policía advierte de que el dinero se concedió a pesar de que Urende no era una pyme y estaba cerrando centros (al menos, cinco cuando se concedieron las ayudas). El fondo Jeremie lo paga la UE en un 70 por ciento.

El mes siguiente, en octubre de 2015, el Juzgado nº 5 de Instrucción de Sevilla abrió diligencias de investigación sobre los fondos Jeremie, de los que 12 millones afectan a la ayuda que percibió Urende.

Core & Golbal Solution

Recibe 565.000 euros del fondo. Desde marzo 2015 pasa a denominarse Myfixpert S.L. Tiene de Administrador único a Emprepolis S.L. quien a su vez tiene de administrador único a Alejandro Costa Jiménez.  
Myfixpert es la primera web especializada en la reparación de dispositivos tecnológicos, como ordenadores, tablets, móviles o videoconsolas, sin que el usuario tenga que salir de casa. Accediendo a Myfixpert, el cliente puede publicar sus averías y recibir, de forma casi inmediata, presupuestos de técnicos cercanos a su domicilio.
Así, los usuarios pueden comparar precios sin salir de casa y decidir qué técnico es el más apropiado para arreglar su dispositivo de acuerdo a sus necesidades. El sistema en forma de pujas ofrece incluso la reparación de los aparatos tecnológicos a domicilio. Además, los clientes pueden leer la opinión de otros usuarios mediante el sistema de valoraciones de Myfixpert, donde los clientes puntúan y posicionan la labor de los técnicos.

Cosentino
Se le aprueba 15 millones de euros. Es una empresa familiar de Almería con marcas pioneras y líderes en sus respectivos segmentos tales como Silestone®, Dekton® o Sensa by Cosentino®. Superficies tecnológicamente avanzadas que permiten crear ambientes y diseños únicos para el hogar y los espacios públicos.
En la actualidad, Grupo Consentino distribuye sus productos y marcas en más de 80 países, y gestiona de forma directa, desde su sede de Almería, instalaciones propias en más de 20 de ellos.
Detea Corporación
Se le aprueba 4 millones. Empresa en liquidación. Mediante procedimiento concursal 713/2012 de fecha 16/06/2012 se acuerda la suspensión de facultades de administración y disposición del concursado por el juzgado nº1 de lo mercantil de Sevilla. En fecha julio 2014 se hace firme el auto de aprobación del plan de liquidación. En agosto de 2015 se dicta resolución con sentencia de calificación de concurso fortuito por el juzgado.
Según indicó Detea en una nota el 24 de mayo de 2012, "la caída drástica de la facturación en 2011, la inesperada falta de ingresos en el último semestre y la paralización de las licitaciones de obras han imposibilitado continuar normalmente con la actividad", teniendo como efecto que la deuda acumulada por impago de clientes de la constructora se sitúe "cercana a los 40 millones de euros".

La empresa andaluza precisó que esta situación "ha supuesto una necesidad de financiación adicional sobrevenida que finalmente no ha podido ser refinanciada por las entidades financieras, por lo que Detea se ha visto obligada a presentar solicitud de concurso".

Tan solo un mes antes dentro de las medidas se realizó un ERE para la mitad de la plantilla, con lo que 120 personas resultaron afectadas. Al cierre de 2011, su facturación descendió a 57 millones desde los 75,9 de 2010.

El principal acreedor era la Junta de Andalucía, a través de la sociedad Soprea (adscrita Agencia IDEA), que le concedió un préstamo participativo a largo plazo por valor de 3,15 millones de euros.

Elimco soluciones integrales

Se le aprueban 4 millones del fondo. Es la matriz de un holding del que cuelgan 11 sociedades. El 31 de julio de 2015 entra en concurso voluntario de acreedores en el juzgado mercantil nº 2 de Sevilla.

El diario ABC informó que en febrero de este año presentó un ERE por causas económicas y productivas para 99 trabajadores, la inmensa mayoría de la plantilla de la sociedad matriz.

Elimco es una compañía participada por la Junta de Andalucía que posee desde 2012 el 25% de las acciones a través de la empresa instrumental Soprea (Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía) que capitalizó un préstamo de 5 millones de euros cuando empezó a tener dificultades económicas.
Elimco ha sido una empresa “mimada” por la Junta de Andalucía, ya que ha recibido 8,8 millones de euros en ayudas públicas desde 2003. De ellos, unos 3,7 millones proceden de diversos incentivos a fondo perdido.

Federico Joly y Compañía

Se le aprueban 2,98 millones del fondo. Cabecera del Diario de Cádiz, Diario de Sevilla y otros.
El grupo Andalucía Información publicó el 24 de octubre de 2013 que el fondo de reptiles de Guerrero financió un ERE del grupo Joly. El exdirector general de Trabajo de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero, otorgó al menos 7,5 millones de euros a la agrupación de trabajadores afectados por un ERE del Grupo Joly y sacó el dinero de la partida 31L,
Sigue indicando que Guerrero escribió una carta al presidente del grupo periodístico, José Joly, en que daba implícitamente su aprobación al ERE que debía incluir a un colectivo de entre 30 y 35 trabajadores mayores de 52 años, ya que garantizaba la concesión de ayudas sociales a los mismos, que así salieron de forma pacífica de la empresa y permitiendo importantes ahorros económicos al editor de Diario de Cádiz y Diario de Sevilla, entre otros medios.
El medio indica que según la carta de Guerrero a José Joly, a la que ha tenido acceso Viva, el entonces director general de Trabajo de la Junta de Andalucía expresó por escrito su “compromiso de apoyo al plan de racionalización y modernización” del referido Grupo empresarial y estimó que el importe de las ayudas sociales a los trabajadores que salieran como consecuencia de un ERE se situaría en el entorno de entre 6.500.000 euros y 7.000.000. El dinero acabaría saliendo de la partida 31L, conocida como “fondo de reptiles”, y sirvió para conseguir la paz social en el seno del Grupo Joly mediante la misma fórmula utilizada en otros EREs, como el de los mineros de la Faja Pirítica de Huelva, de financiar una póliza de seguro a la agrupación sociolaboral que debían constituir los trabajadores despedidos.

Estos, conforme a la práctica establecida, constituyeron la denominada “Asociación Trabajadores de la Prensa de Cádiz”, con CIF G-11831039 y domicilio social en la calle Francia del Polígono El Trocadero de Puerto Real, que coincide con el de Industrias Gráficas Gaditanas (Ingrasa), del Grupo Joly.
El proceso negociador con la plantilla se inició formalmente en enero de 2004, se llegó a un acuerdo preliminar en mayo y se suscribió el definitivo el 26 de octubre de ese mismo año para extinguir el contrato de 36 trabajadores, acuerdo del que se dio traslado por parte del Grupo Joly el día siguiente a la Delegación Provincial de Empleo en Cádiz, para su correspondiente aprobación.

El mismo día 26 de octubre el entonces director general de Trabajo y el representante de los trabajadores que iban a ser despedidos, agrupados ya en la “Asociación de Trabajadores de la Prensa de Cádiz”, firmaron en Sevilla un Protocolo de Colaboración. En virtud del mismo, la Junta de Andalucía se comprometía a abonar a través de la asociación -para la contratación por ésta en calidad de tomador- una póliza de seguro colectivo de vida modalidad de rentas (se acabaría suscribiendo con Seguros La Estrella) y a beneficio de los 36 despedidos, por valor de 7.597.247,65 euros, a pagar en los siguientes plazos:

-30 de abril de 2005: 2.500.000 euros.
-30 de abril de 2006: 2.500.000 euros.
-30 de abril de 2007: el resto (teóricamente, 2.597.247,65 euros).

En el Protocolo firmado por ambas partes se especifica claramente que la cuantía se financiará con cargo a la partida presupuestaria 01.13.00.01.00.440.51.031L, conocida luego como “el fondo de reptiles”, tras estallar el escándalo de los EREs que investiga la jueza Alaya.

Al día siguiente el mismo diario Andalucía Información publicó que el primer plazo del ERE de Joly salió de la Franja Pirítica. Indica el periódico que el entonces director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero, uno de los principales implicados en la trama de los ERE financiados con cargo al denominado “fondo de reptiles” y que investigaba la jueza Alaya, dio orden a Seguros La Estrella para que quitara 300.000 euros a los mineros de la Faja Pirítica de Huelva y los transfiriera a beneficio de los trabajadores incluidos en el ERE del Grupo Joly.

El 20 de diciembre de 2004, el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) envió a Seguros La Estrella tres millones de euros en “ayudas sociolaborales” para los mineros de la Faja Pirítica de Huelva. Sin embargo, tan sólo una semana después Francisco Javier Guerrero pidió a la aseguradora que retirara de esa cantidad 300.000 euros, la décima parte, y los transfiriera a los trabajadores despedidos en el ERE del Grupo Joly, los cuales, para cobrar el dinero de la póliza, habían tenido que agruparse en la “Asociación de Trabajadores de la Prensa de Cádiz”.

De la carta a Seguros La Estrella, sigue indicando el diario, se colige que Guerrero se había quedado a finales de 2004 sin fondos para cumplir el pacto previamente acordado con la Dirección del Grupo Joly y los 36 trabajadores que iban a ser despedidos mediante un ERE, por lo que tuvo que ordenar el trasvase desde la póliza de los mineros de Huelva, confiado en que con la “adaptación”  de los Presupuestos de la Dirección General en el ejercicio siguiente de 2005 podría cubrir el “agujero” causado a la Asociación de la Faja Pirítica. Recientemente, los mineros han echado en falta unos 600.000 euros en su cuenta, aunque de momento no se ha determinado el origen de esa presunta “fuga”.

Fitonovo

El Fondo le aprueba 500.000 euros. La empresa entró en concurso por el procedimiento concursal 272/2015 en el año 2014. En diciembre de 2015, según los dato del Registro Mercantil, se aprobó por el juzgado mercantil nº 1 de Sevilla la aprobación del plan de liquidación de la empresa.

Este mismo año se inició una comisión de investigación en el Ayuntamiento de Sevilla sobre el Caso Fitonovo. Un caso que investiga la Audiencia Nacional derivado del Caso Madeja.

Como cuenta El Mundo el origen del caso Fitonovo, que actualmente cuenta con 95 imputados de administraciones públicas de 14 provincias distintas, está, una vez más, en la famosa grabación de Mercasevilla. La investigación llevada a cabo por la juez Mercedes Alaya tras aquel soborno de los directores de la lonja a los empresarios del grupo La Raza le permitió descubrir que el concurso para vender los suelos del mercado en 2006 podría haber sido amañado, ya que la empresa ganadora había ingresado importantes donaciones a la Fundación Mercasevilla. Sus pesquisas le permitieron descubrir que el responsable de Vía Pública en el Ayuntamiento era también miembro de la comisión ejecutiva del Merca y principal responsable de la elaboración del pliego de condiciones de aquel concurso. Se trataba del asesor de Alfredo Sánchez Monteseirín que ya había sido implicado en el escándalo de las facturas de la asociación Unidad, Domingo Enrique Castaño. Al final de la instrucción de esta rama del caso, en la que se descubrió que Castaño había sido contratado tras su paso por el Ayuntamiento por una filial de la promotora que había ganado el concurso, Alaya ordenó a la Guardia Civil que analizara el patrimonio de este socialista porque sospechaba de un posible “enriquecimiento ilícito”. Y al tirar de ese hilo apareció una empresa que ya había estado varias veces señalada por la polémica, pero que hasta entonces no tenía nada que ver con las investigaciones judiciales que se estaban llevando a cabo. Lo único que se sabía de Fitonovo es que había incrementado sustancialmente sus contrataciones con el Ayuntamiento en los últimos años y que su dueño, Rafael González, era socio de una caseta en la feria junto con varios concejales socialistas de la era Monteseirín. Pero la Guardia Civil descubrió que le había regalado un Audi A4 a Castaño y le había hecho las reformas de sus casas. Con estos datos, el caso tuvo un efecto dominó.

Sigue informando El Mundo que la UCO hizo un registro en la empresa y descubrió una contabilidad paralela en la que se anotaban los pagos que se hacían a los cargos públicos para obtener contratos de la administración. Ahí estaba todo. El hombre de confianza del empresario y de su hijo, José Antonio González, heredero del negocio, Ángel Manuel Macedo Gajete, tenía entre sus cometidos llevar al día esa contabilidad. Había hecho tan bien su trabajo, que los agentes sólo tuvieron que ir comprobando uno a uno los ingresos de los supuestos beneficiarios. El propio empresario confesó que había dado dinero en un sobre para el partido a Castaño y que había utilizado una empresa pantalla para facturar unas obras en la sede del PSOE de la Macarena. Más tarde, en los documentos, aparecieron nuevos pagos con la inscripción «Maera», un restaurante de Triana en el que los empresarios se habían reunido con Castaño y con el entonces concejal socialista Manuel Gómez Lobo para hacer supuestamente otras entregas. A cambio, Fitonovo recibía adjudicaciones sin parar por parte de Urbanismo y de todos los distritos para arreglar parques y montar juegos infantiles.

La misma operativa se llevó a cabo con IU. Un asesor de Antonio Rodrigo Torrijos, Antonio Miguel Ruiz Carmona, consta en la documentación como receptor de 70.000 euros en una caja de zapatos a cambio de la adjudicación de las obras de varios campos de césped y de otros 85.000 euros por la construcción del pabellón de Ifni. Por este motivo fueron imputados tanto el presunto cobrador como el propio Torrijos y su compañero José Manuel García, delegado de Deportes. La operación de Alaya y la UCO, en la que se habían intervenido teléfonos de distintos cargos públicos y de los empresarios, fue esclarecedora. Y también sirvió para evitar otro posible «acuerdo» de adjudicación, en este caso por parte del director de Medio Ambiente nombrado por el PP, Joaquín Peña, a un empresario afín. A él también se le pinchó el teléfono, ya que el gobierno popular había adjudicado a Fitonovo uno de los paquetes del macrocontrato para la conservación de las zonas verdes de la ciudad que había sacado a licitación. Sin embargo, su imputación no se produjo por este asunto, sino por una conversación telefónica con otro empresario en la que supuestamente le aseguraba otro concurso.

Quienes sí cayeron como consecuencia de esta adjudicación del PP fueron el jefe de servicio de Parques y Jardines, Francisco Amores, y el responsable de mantenimiento del Parque de María Luisa, Francisco Luis Huertas. Los dos funcionarios llevaban años percibiendo mordidas por parte de los empresarios para que, según el sumario, se decantaran a favor de sus ofertas en los informes de valoración técnica de los concursos. El «modus operandi», que se practicó durante años en el Ayuntamiento de Sevilla, se extendió rápidamente. Rafael González, su hijo José Antonio y su yerno, Juan Andrés Bruguera, habían montado una estructura para el pago de comisiones ilegales que le había permitido lograr numerosos contratos de la Diputación de Sevilla, Adif y otros ayuntamientos y diputaciones repartidos por toda España. Un sistema que le había permitido pasar de tener unos beneficios de cien mil euros en 2005 a 36 millones en 2011, año en el que el hilo de Mercasevilla llegó hasta su madeja, de la que todavía quedan muchos nudos por deshacer.

Flor de la Pasión SL

Se le aprueban 348.000 euros del fondo. Según los datos del Registro Mercantil, la empresa en abril de 2003 la empresa adquiere el carácter laboral pasándose a denominar Flor de la Pasión S.L.L.

El 10 de octubre de 2006 se inscribe otro acto en el que la empresa pierde el carácter laboral pasándose a denominar Flor de la Pasión S.L. Teniendo de Administrador único a Luis Segarra Moreno, maestro pastelero de talla internacional.

Según su web es una empresa que elabora y comercializa Pastelería y Heladería. Su obrador comenzó a funcionar hace 18 años con tres trabajadores y con el objetivo de proveer de pasteles de calidad a los restaurantes de Sevilla. Hoy día, ‘Flor de la pasión’, la empresa de pastelería que creó Luis Segarra, produce millón y medio de unidades al año, está presente en los salones de los hoteles Hilton y Sheraton, entre otros, y ha exportado a uno de los mercados más codiciados: el de los Emiratos Árabes. Y todo ello, desde Dos Hermanas, en Sevilla.

Fradir Inversiones SL

El fondo le aprueba 6 millones de euros. Según los datos del Registro Mercantil, Fradir Inversiones S.L. fue constituida en julio de 2003 con el objeto social del transporte de enfermos en ambulancias y otros vehículos de asistencia sanitaria, teniendo como socio único a Nafpatkos S.L. y de administrador único a Diego Prieto Martagón. En abril de 2013 la sociedad se transforma de S.L. a S.A. Desde 2008 tiene como Consejero Delegado a Nafpatkos S.L., empresa que tiene de administrador único a Diego Prieto Martagón. En 2013 entran de consejeros Ángel González Bravo, Jaume Aubia Morimon y Manuel Gomez Romera. Y cesa de consejera Ahorro Corporación Desarrollo SGERCR.

Un Ángel González Bravo aparece como director y consejero de Alta Capital, de la que luego hablaremos. Por su parte, un Jaime Aubia Morimon fue alto cargo del gobierno de Aznar, ocupando una dirección general del Ministerio de Sanidad.

La empresa Fradir Inversiones aparece ya en un documento de la Agencia Idea llamado Crea Bussines Idea, donde se indica que el Fondo de Capital Riesgo Andalucía Capital Desarrollo FCR es el segundo fondo de capital riesgo promovido por la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía. Constituido en diciembre de 2003 con un patrimonio de 36 millones de euros, está participado por el Fondo Europeo de Inversiones, la Agencia IDEA, las Cajas de Ahorros andaluzas Cajasur, El Monte, Caja San Fernando, Caja Granada y Unicaja, y las entidades Cajamar y Ahorro Corporación. Con esta última adquisición queda completado el ciclo de inversiones del fondo, que incluye: Postres Montero, Harlequín Nature Graphics, Fradir Inversiones, Bodegas Williams & Humbert, Balneario de Lanjarón, CC La Rambla de Almería, Axesor y Omega Seguridad.

En la memoria 2004 de la Agencia Idea se indica, por su parte, que Andalucía Capital Desarrollo se incorporó al capital social de la empresa Fradir S.L. mediante la suscripción de una ampliación con la aportación de 3 millones de euros; esta cantidad le ha proporcionado el 35% del capital de la empresa; Fradir S.L. es una sociedad que presta servicios de transporte sanitario programado, urgente y de enfermos críticos que cuenta con 200 ambulancias y 360 empleados; tras la ampliación de capital, se ha convertido en la empresa líder en su actividad en toda España.

La web de AC Desarrollo, que es la Sociedad Gestora de Entidades de Capital Riesgo del Grupo Ahorro Corporación, indica que el Fondo Andalucía Capital Desarrollo realizó una desinversión en 2008 en Fradir Inversiones.

Por otro lado, un Diego Prieto Martagón aparece como consejero, desde octubre de 2013 según consta en el Registro Mercantil, en Alta Capital Desarrollo SGECR S.A.. Esta última, Alta Capital, adopta ese nombre en Julio de 2014, siendo antes Alter Capital Desarrollo SGECR S.A. Esta es una de las tres gestoras privadas que la Agencia Idea contrató en 2013 como intermediarias financieras para gestionar los fondos de capital riesgo al amparo de la iniciativa comunitaria JEREMIE, y que gestiona el Fondo Al Andalus Capital FCR, un fondo con 9 millones de euros de los que 6,25 millones son aportación de los Jeremie.

En enero de 2016 el mundo publicó que la Fiscalía de Sevilla había recibido una denuncia para que investigue el acuerdo de financiación entre la empresa sevillana Merkamueble Europa SA y el Fondo Jeremie ( a través de Al Andalus Capital, gestionado por Alta Capital ) pese a estar la compañía “en una situación de crisis”, lo que le impediría acceder a esta línea de inversión semipública. Al día siguiente la Junta, a través del Consejero Sánchez Maldonado, paralizó la operación.

En Alta Capital aparece hasta 2013 como consejero Sergio Alsina Jiménez, que incluso fue consejero delegado de la misma hasta agosto de 2010, según consta en los datos del Registro Mercantil. Implicado en el Caso ITV de Cataluña. En prensa saltó la noticia en marzo de 2013, como recoge La Razón y otros medios, que Sergi Alsina, responsable máximo de Alta Partners (desde julio 2014 Alta Capital), además de amigo y compañero de estudios en el IESE de Oriol Pujol, fue detenido el pasado marzo de 2013 junto a otras cuatro personas por su relación con una presunta trama de concesiones de ITV en Cataluña, en la que, según varios informes del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA), era el hombre encargado de “coordinar y organizar la actuación de todos los investigados en la trama” y “especialmente era el hombre encargado de proporcionar los contactos políticos necesarios”, contacto que básicamente se concretaba en la figura del secretario general de Convergencia Democrática de Cataluña (CDC).

Hace tan solo unos días, el 2 de junio pasado, Libertad Digital publicó que la Fiscalía Anticorrupción ha concluido que Oriol Pujol, gracias a su condición de diputado por Convergencia y Unión en el Parlamento catalán, utilizó su influencia política para favorecer a empresarios del sector de las ITV. También ha dictaminado que el hijo del expresidente cobró comisiones por esos beneficios de uno de ellos, amigo personal, que camufló los pagos con falsos conceptos como trabajos de asesoría de la mujer del político que jamás se produjeron.

La acusación pública pide cinco años y dos meses de cárcel y una multa de 310.000 euros para Oriol Pujol por los delitos de tráfico de influencias, cohecho, y falsedad continuada en documento mercantil. Para su mujer, Anna Vidal, rebaja sus pretensiones a los tres años y cuatro meses de prisión. Según la Fiscalía, ella se embolsó fondos entre 2010 y 2012 por esos servicios no prestados al empresario íntimo de su marido, el también acusado Sergi Alsina, y en concepto real de comisiones a cambio de favores políticos.

Son las conclusiones del Ministerio Público en el denominado caso ITV. Los empresarios que participaron de la trama presuntamente cobijada por Oriol Pujol pagaban por la intervención del político, "intensa, decisiva y claramente beneficiosa para los implicados gracias a los relevantes cargos políticos que ostentaba", explica en su informe. Añade la Fiscalía Anticorrupción que "gracias a la labor fundamental del acusado Pujol Ferrusola, la operación mercantil para la que fue contratada la empresa del acusado Sergi Alsina Jiménez –entre otras–, tuvo un éxito esperado".

Las maniobras en beneficio de Sergi Alsina no se circunscribieron al sector de las Inspecciones Técnicas de Vehículos, en este ámbito colaboró con otros empresarios. La relación de los propietarios de establecimientos para pasar la ITV con Oriol Pujol comenzó en 2010 en base a los datos de la Fiscalía.
El escrito hace referencia a uno de los momentos en los que se produjo ese favor. El hijo del expresidente Jordi Pujol sugirió aquel año al Gobierno catalán que contratase al empresario vinculado a la trama Josep Tous para diseñar el plan territorial de las estaciones de ITV. Según Anticorrupción, aquella decisión escondía la voluntad de que el proyecto favoreciese los intereses privados de otro empresario acusado, Ricard Puignou, en la negociación sobre las estaciones.

La Fiscalía pide seis años y dos meses de cárcel y una multa de 250.000 euros para Sergi Alsina por tráfico de influencias, falsedad documental continuada y dos delitos de cohecho. También solicita un año de cárcel para Ricard Puignou y Josep Tous por cohecho; la misma pena de prisión para Sergi Pastor, en su caso por supuesto tráfico de influencias y acompañada de una multa de 250.000 euros. Como ya publicó Libertad Digital, Oriol Pujol estaría dispuesto a ingresar en la cárcel para salvar a su mujer, Anna Vidal.

Gait Interiores para Transporte SL

Se le aprueban 500.000 euros. Sociedad radicada en Bailén (Jaén). En Noviembre de 2014 entra en concurso, y en diciembre de 2015 se aprueba el Plan de liquidación de la empresa.

Go Fit Andalucía SL

El fondo le aprueba 3 millones de euros. La empresa se crea en Abril de 2011 con 3.000 euros de capital, siendo socio único Larum Inversiones S.L. (antes Ingesport Inversiones y Desarrollos S.L.). Larum fue creada en Julio de 2005 y tiene de Administrador único a José Gabriel Saez Irigoyen.

La empresa tiene como objeto social la gestión, asesoría, consultoría y auditoría de proyectos relacionados con instalaciones deportivas, gimnasios, Spas, health clubs o cualquier otro desarrollo relacionado con los servicios en el ámbito de la salud y/o el deporte. Por ello, la empresa explota diversos gimnasios con el nombre de Go Fit por Andalucía.

Según publicó Voz Populi, el pasado mes de abril de 2106, Torreal una de las sociedades de inversión de Juan Abelló, y Mutua Madrileña, habían cerrado recientemente la compra a Corpfin Capital de Ingesport, la compañía propietaria de los gimnasios Go fit. De acuerdo a fuentes conocedoras de la operación, esta está valorada en 300 millones de euros aproximadamente, contando la deuda de la empresa y la asociada a la financiación de la construcción de nuevos centros.

El Confidencial publicó en diciembre de 2015 que la operación de compra suponía multiplicar por quince veces lo que a finales de 2009 pagó Corpfin Capital a Capital Riesgo Madrid, el fondo de private equity lanzado por Esperanza Aguirre para financiar empresas de tamaño medio de la comunidad autónoma que presidía. Todo un pelotazo para la firma creada por Felipe de Oriol, consuegro de la 'lideresa' del PP, cuyo hijo Fernando se casó con Carolina, nieta del fundador de Iberdrola, matrimonio del que nacieron dos nietos de la actual líder de la oposición en el Consistorio de la capital.

Sigue indicando el digital que el origen de Ingesport se remonta a 2006 cuando NH Hoteles creó una compañía para ofrecer a los clientes de sus establecimientos un servicio añadido basado en la cultura del cuidado corporal. Es decir, la instalación de gimnasios, spas y masajes asociados a los hoteles. En definitiva, lo que se ha popularizado como fitness y wellness. Un proyecto que puso en marcha de la mano de Gabriel Sáenz, pero que pronto entró en vía muerta cuando José Castro, el dueño de Hesperia, entró por la puerta de atrás de NH Hoteles en una lucha de poder que llevó a ambas partes a la quiebra técnica. Al primero porque compró el 25% con créditos que nunca llegó a pagar -fue ejecutado el pasado año- y al segundo por tratar de diluir a su enemigo con compras de cadenas en Europa a las que tampoco pudo hacer frente.
Cuando NH se borró de Ingesport, Gabriel Sáenz encontró en Capital Riesgo Madrid a su salvador. El private equity de la Comunidad de Madrid, gestionado por Caja Madrid, invirtió 1,5 millones de euros en un momento en el que el consejero delegado tuvo hasta que hipotecar su casa y pagar contra su tarjeta de crédito las nóminas de los apenas 15 empleados que eran en 2008. La vinculación con la sociedad del gobierno de Esperanza Aguirre le permitió agrandar su cartera de centros en gestión y hasta plantearse la fusión con Sidecu, una empresa de La Coruña también dedicada a la explotación de centros deportivos municipales.

Grupo Ezentis

Se le aprueban 2,97 millones de euros del Fondo. En Noviembre de 2015 la empresa elige a Luis Solana Madariaga como presidente. Hermano de Javier Solana, Luis Solana ha sido un destacado miembro del PSOE.

La Memoria del Fondo de la Cuenta General 2014 recoge que la entrada del Fondo en el capital social de Grupo Ezentis S.A. se realiza tras la aprobación por su Junta General de Accionistas de fecha 19 de junio de 2012 de una ampliación de capital social, con exclusión del derecho de suscripción preferente de los accionistas de la sociedad, cuyo desembolso se llevó a cabo mediante la compensación del préstamo concedido por el Fondo al Grupo Ezentis con fecha 7 de febrero de 2011. Consecuencia de ello fue que la Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía, S.A.U. (SOPREA) por cuenta del Fondo, con fecha 19 de julio de 2012 procedió a la capitalización de la totalidad del saldo pendiente del citado préstamo e intereses por importe de 3.105.026 euros, mediante la suscripción de 14.577.586 nuevas acciones ordinarias del Grupo Ezentis S.A. de un valor nominal de 0,15 euros (2.186.638 euros), más una prima de emisión de 0,213 euros (918.338 euros). La participación en dicha sociedad suponía en esa fecha un 3,98% del capital (un 4.19 % sin considerar la autocartera).

Sigue indicando la Memoria que durante 2014, se han producido una serie de ampliaciones de capital en Ezentis, quedando el capital social de dicha sociedad a 31 de diciembre de 2014 por un total de 230.843.603 acciones. Estas ampliaciones de capital diluyeron la participación del Fondo en la comentada empresa.

Finalmente, la Memoria indica que el valor actual de las participaciones en posesión del Fondo
ascienden a 2.587.521,52 € y siendo el valor de adquisición de dichas participaciones de 3.105.026,00
euros, tenemos una minusvalía teórica por importe de 517.504,49 €, la cual sobrevenimos de provisionar.

Por otro lado, la empresa Ezentis abrió un centro en La Carolina apoyado por fuertes inversiones públicas de la Junta de Andalucía que terminó cerrando sin cumplir los tres años de actividad.

ABC publicó en mayo de 2013 que el entonces alcalde de La Carolina, el popular Francisco Gallarín, manifestó que el cierre de Ezentis, que ha dejado a 34 personas en la calle, es un ejemplo de la mala gestión llevada a cabo por la Junta y explicó que este proyecto empresarial nació impulsado por Francisco Vallejo, que fuera consejero de Innovación y también alcalde carolinense, para buscar una salida a Ángeles Férriz, (actual vicesecretaria general del PSOE de Jaén y diputada de Turismo) que fue desalojada de la Alcaldía por una moción de censura apoyada por el Partido Popular y un grupo independiente en octubre de 2009.

Sigue informando el periódico que Gallarín tiene muy claro que “los socialistas no tienen ningún reparo en jugar con los recursos de todos los andaluces para satisfacer y beneficiar a sus militantes y a sus cargos más destacados. Es notorio su nepotismo. En este caso se monta un chiringuito con un gasto de la agencia IDEA de entre 4 y 6 millones de euros para darle una salida a Férriz por parte de su padrino político”. Es más, añadió Gallarín, para colocar a un nutrido grupo de militantes, familiares y simpatizantes del PSOE de La Carolina entre los que se encontraban “la que fuera número dos de Férriz cuando ésta era alcaldesa, Yolanda Reche o a la hermana de su teniente de alcalde y ahora coordinador de Turismo en la Diputación, Eduardo Hernández. En definitiva a los familiares y miembros de su candidatura a las municipales”. Por todo esto, Gallarín comprende que nadie alzara la voz cuando fueron despedidos “para no perjudicar a su partido”.

Ángeles Férriz entró a formar parte del consejo de administración de Ezentis como “consejera dominical”, es decir como representante del paquete accionarial de la Agencia IDEA, y por ello devengó, durante los años 2011 y 2012, unas remuneraciones de más de 90.000 euros. En concreto un total de 48.0000 euros como miembro del consejo de administración más otros 12.500 euros como componente de la comisión de retribuciones y nombramientos. En total 60.500 euros. En el año 2012 la cantidad ascendió a 32.750 euros. Férriz señaló que sí formó parte del consejo de administración de Ezentis pero que, “sólo había cobrado, durante todo el tiempo que ocupó el cargo, 55.254 euros netos, que correspondían a las 57 reuniones del consejo de administración a la que asisti” pero que nunca, en ningún caso, había ingresado los 93.250 euros devengados y que se reflejan en los informes de la compañía.

El grupo Ezentis ha sido noticia reciente, en mayo de este año, cuando anunció la venta de Vértice 360, empresa esta conocida en 2010 cuando compró parte de la productora Lavinia. Esta última no solamente producía programas para TV3. También dirigen o han dirigido las televisiones locales de Mollet del Vallès, Mataró y L'Hospitalet de Llobregat, y Televisión Canarias, estaba detrás del periódico digital “El Plural”. Lavinia no era sólo una productora de televisión, también gestionaban la Agencia Estatal de Meteorología, los informativos del Ayuntamiento de Sevilla, el canal Parlament de Catalunya, la web del PSC, la web del PSOE y obtuvieron la campaña de promoción del Plan E con el que Zapatero quiso capear la crisis. Sus directivos fueron regidores del PSC y vinculados a la política catalana durante los gobiernos socialistas.

La entrada de Ezentis en Vértice 360 en 2012 hizo que esta saliera de Lavinia. El pasado mayo el grupo Ezentis llegó a un acuerdo para la venta de su participación de alrededor de 85,2 millones de acciones en Vértice 360, lo que equivale un 25,24% del capital de la compañía, a Squirrel Inversiones, matriz del grupo Best Option Media.

Hace unos días el digital OK Diario publicaba que Ezentis vendió la parte mayoritaria de la joya de la corona de Vértice 360 sin la aprobación del Consejo de Administración ni de la Junta de Accionista. Movimiento inexplicable que provocó la quiebra de la empresa, por lo que desde Vértice se piden soluciones inmediatas.

Grupo Negocios Restauración del Sur

Se le aprueban 4 millones por parte del Fondo. El Grupo NRS, aglutina a las empresas “Negocios de Restauración del Sur S.L.”, “Investigación y Desarrollo Ada S.L.” y “Gibalto S.L.” son tres concesionarios de la marca Burger King en Andalucía. Recientemente se ha incorporado la recién creada Cervecerías Temáticas del Sur, S.L. concesionaria de la marca 100 Montaditos. También explota Dunkin Cofee.

Está en el puesto 30 en el ranking de empresas de Málaga que hizo en noviembre de 2015 Analistas económicos de Andalucía, con unos ingresos de 46,9 millones de euros.

Desde 2012 preside la compañía Hacienda la Guía S.L. constituida en 1998 en Sevilla y cuyo administrador único es Domingo Cobreros Fidalgo, y está relacionada con varias empresas, entre ellas Gestora Grupo Cobreros S.L.

Grupo Ybarra Alimentación SL

El Fondo le aprueba 500.000 euros. Presidida desde noviembre de 2013 por Rafael Ybarra Gamero-Cívico, fallecido el pasado mes de marzo. Grupo Ybarra Alimentación S.L. nace en 2009 de la unión de dos grandes empresas andaluzas, Hijos de Ybarra y Migasa, con una larga trayectoria empresarial dentro del sector de la alimentación, y con el objetivo de aumentar la notoriedad en mercados nacionales e internacionales, de las marcas y productos que comercializan.

El Grupo Ybarra comercializa varias marcas de aceite entre las que destacan Ybarra y La Masía, además de mayonesas, salsas, tomates, vinagres, verduras, aceitunas y sal, bajo la marca Ybarra. La empresa tiene 174 años de historia y está presente en más de ochenta países. Fue pionera, en 1965, en la elaboración de mayonesas y salsas hasta convertirse en un referente a nivel nacional e internacional.

Inerco Ingeniería Tecnología y Consultoría SA

El Fondo le aprueba 7,5 millones de euros. Tiene como presidente a Luis Salvador Martínez, y como Consejero Delegado a José González Jiménez. La empresa ha recibido varios premios por su trabajo.

Isofotón

Se le aprueban 8,39 millones de euros por parte del Fondo. En diciembre de 2013 saltaba la noticia que Isofotón, los administradores concursales y los representantes sindicales habían cerrado un preacuerdo sobre el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que implica el despido de los 297 trabajadores que forman la plantilla de la factoría malagueña.

Desde 2003, la empresa ha recibido del Gobierno andaluz 62 millones en subvenciones, préstamos, avales y subsidiación de intereses, dato recogido en la sentencia que avaló el ERE presentado en junio. La última ayuda, un préstamo de 8,2 millones concedido en 2012, rompió el idilio entre la Junta e Isofotón. La Consejería de Economía abrió un expediente administrativo para la devolución del dinero porque era un préstamo finalista vinculado a un contrato con Samsung que finalmente no se concretó.

El principal acreedor es la Junta, que está personada en el concurso y solicita a Isofotón 44 millones. En enero de 2016 se cerró la liquidación de la empresa. El pasado 21 de enero se terminó el plazo para vender los inmuebles, pero nadie puso un oferta consistente. Nadie ha pujado por encima del mínimo estipulado por las máquinas en venta. Un ejemplo es la línea Reiss que costó 30 millones de euros y salió a la venta por 1,4 millones, sin que nadie igualara el precio de salida.

Tras la liquidación que no ha conseguido satisfacer las deudas contraídas por la empresa, con acreedores en la banca, la Junta de Andalucía, la Seguridad Social que suman 31 millones. A esto se unen los intereses creados en el proceso concursal que ascienden a 17 millones de euros.

El pasado noviembre de 2015 se conoció que el Juzgado de Instrucción nº 3 de Sevilla había solicitado a la policía que investigase las ayudas otorgadas por la Junta de Andalucía a Isofotón, después que la fiscalía Anticorrupción se interesara por los avales y préstamos de IDEA y Soprea.

La policía ha detectado irregularidades tanto en la concesión de avales como en la concesión de préstamos. Esta investigación la bautizaron bajo el nombre de 'operación Helios', según las mismas fuentes consultadas, y elaboraron su preceptivo informe que ya obra en poder del Juzgado. En sus conclusiones, la Policía determina que la Agencia IDEA aportó 29 millones de euros en avales a Isofotón y otros 8,9 millones de euros en préstamos.
Añade la Policía que, hasta donde tiene conocimiento, ese dinero se ha perdido en un 90,5 por ciento, es decir, 34 millones de euros cuyo paradero se desconoce. En su informe, no obvian que en el año 2010 la situación económica de Isofotón ya era deficiente, propia de una empresa en crisis.

El informe policial remitido al Juzgado apunta además a una coincidencia de intereses entre la Agencia IDEA y el Notario ante el que se realizaban las operaciones de elevación de acuerdos a documento público. La Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), dependiente a la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, ya se encuentra en las investigaciones de los ERE de Andalucía o los fondos Jeremie.

La Policía denuncia en sus conclusiones que se ha encontrado con una importante omisión de información por parte de la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía cuando se le ha solicitado datos sobre las asistencias financieras prestadas a Isofotón una vez se detectaron indicios de otras ayudas en el mismo periodo 2010-2012 y por importes superiores a esos casi 40 millones de euros.

Por todo ello, la Policía Nacional considera una exigencia realizar diligencias de investigación y se muestra dispuesta acordar nuevos trabajos con el Juzgado y la Fiscalía Anticorrupción. En sus peticiones de información, el Ministerio Público también preguntaba por un tercer aspecto: si hubo ilícito penal en la entrada del Grupo Afirma en Isofotón.

Las conclusiones policiales no entran al fondo de este asunto y lo aplazan a un informe ampliatorio debido a su complejidad, pero sí apunta a que en el tiempo en torno al que han centrado sus pesquisas se produjo una compleja operación de compraventa de Isofotón por una cantidad simbólica a cambio de asumir la deuda y continuar con el negocio. Previamente se produjo la refinanciación de la deuda bancaria que ascendía a más de 933 millones de euros.

Laboratorio Pérez Giménez

Se le aprueban 2 millones de euros por parte del Fondo. La empresa entró en liquidación en el juzgado mercantil nº 1 de Córdoba.
Hay cosas muy extrañas en esta empresa como que el ex concejal socialista de El Pedroso, José Enrique Rosendo (fallecido el pasado mes de enero), imputado en el Caso ERE por la juez Alaya, la comprara por un euro en 2011 desde la empresa Tecris Consultors.

En marzo de 2015 el digital Cordópolis publicaba que los administradores concursales acusaban a los exgestores de Tecris de desviar dinero de la Junta para quedárselo en el informe de calificación del concurso que consideran culpable y a la que se sumó la Fiscalía de Córdoba. A pesar de la “hecatombe”, una palabra que repiten los concursales en su informe en reiteradas ocasiones, Laboratorios Pérez Giménez recibió una subvención pública de dos millones de euros de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía. Ese dinero, siempre según los concursales, habría sido supuestamente desviado a los exgestores de los laboratorios entonces, representados por la empresa Tecris.

Sigue indicando Cordópolis que el informe expone que “pese a que no se cumplían ni mucho menos las condiciones para la concesión del préstamo, IDEA (la Agencia de la Junta de Andalucía) no obstante transfirió los dos millones de euros. Cuestión sobre cuya conformidad o no a derecho excede del objeto del presente informe”. Los administradores concursales no tienen competencias para dirigirse contra la actuación de la Agencia IDEA, pero sí el titular del Juzgado de lo Mercantil, Fernando Caballero, a quien va dirigido el escrito de calificación del concurso.

“Ni que decir tiene que la administración pública prestamista no recuperó ni un euro. Ciertamente, el quebranto al erario público no puede decirse que no fuera predecible ni previsible”, agregan los concursales, que adjuntan numerosa documentación sobre el proceso administrativo por el que se concedió esta subvención pública.

“Peor aún es el hecho de que pese al destino finalista de la operación, parte de los fondos fueron desviados a los propios responsables de Laboratorios Pérez Giménez o a personas y entidades íntimamente vinculados con los mismos”, afirman de manera rotunda los concursales, que sostienen su acusación en numerosa documentación. De hecho, los administradores concursales identifican 333.000 euros en pagos irregulares que salieron directamente de esta ayuda en un momento en el que los laboratorios Pérez Giménez carecían de liquidez y no podían afrontar pagos.

Sigue indicando del diario digital que además, los concursales acusan a los responsables de Pérez Giménez en 2011 de diseñar una “fraudulenta operación societaria” con la única finalidad de acceder a la subvención de dos millones de euros que finalmente acabaría recibiendo.

Esta operación consistía en una ampliación de capital de los laboratorios Pérez Giménez a través de unas empresas que carecían de todo tipo de liquidez. Así, la operación contemplaba una ampliación de capital de seis millones de euros. La ampliación se produjo el 29 de marzo de 2011, cuando se reunió la junta de accionistas. A la misma asistieron Tecris, Diego Pérez Gimémez y dos firmas nuevas, que iban a comprar acciones: Sol Mediterráneo Costa Dorada y Spheric Nanohealth.

Sol Mediterráneo, “con vinculación familiar con parte del accionariado de Tecris”, compró 1,9 millones de euros en acciones. Lejos de aportar dinero contante y sonante, la empresa transmitió la “plena propiedad” de dos inmuebles en la provincia de Tarragona. Los administradores concursales, cuando han revisado la operación de ampliación de capital, admiten que se han echado las manos a la cabeza con esta compra en concreta. Esta empresa aportaba dos fincas con cargas hipotecarias en Cataluña. La primera era una casa en Corbera D’Ebre y la segunda una nave en un polígono industrial de Tarragona.

Spheric Nanohealth, también participada por dos firmas vinculadas a Tecris, se comprometía a pagar 3,7 millones de euros en acciones. El primer pago, de 1,2 millones, tampoco se hizo con dinero sino con “diversos dossieres farmacéuticos”. “Mal casa sin duda que la sociedad titular de los citados dossieres valorados en 1,2 millones de euros tuviera en la últimas cuentas anuales un activo de 2.865 euros”, alertan los administradores concursales.

Los responsables de esta operación están todos vinculados a Tecris, según los administradores. Así, serían Jacinto Romeu Masip, Joaquín Garreta, Encarnación Ibáñez Vázquez y Sergio Martínez. Para todos los exadministradores de Pérez Giménez, los concursales piden indemnizaciones que alcanzan los 35 millones de euros y los consideran “culpables” de la “hecatombe empresarial” en los laboratorios.

Ahora, deberá ser el juez el que acepte esta calificación y tome una decisión. También determinará si finalmente considera “culpable” el concurso, por lo que se podría abrir un juicio oral contra los exgestores en los que las reclamaciones ya no solo serían civiles, sino también penales.

Finalmente, las últimas noticias sobre la empresa es que el magistrado titular del Juzgado de lo Mercantil número uno de Córdoba, Antonio Fuentes, emitió una resolución conteniendo el acuerdo que habían firmado la Administración Concursal de Laboratorios Pérez Giménez y la adjudicataria de dicha farmacéutica, Globalaeronautic, con el visto bueno de los representantes sindicales de los extrabajadores (UGT y CTA) de la empresa, para llevar a cabo la venta efectiva de la misma y su puesta en marcha.

Sin embargo, el pasado mes de mayo, Globalaeronautic, la adjudicataria de Laboratorios Pérez Giménez, había solicitado al Juzgado de lo Mercantil número uno de Córdoba, que tramita el concurso de acreedores en el que está inmersa la farmacéutica cordobesa, un aplazamiento para entregar el aval bancario, por cerca de diez millones de euros, mediante los que, sumados al millón que ya aportó, se hará con dicha empresa. El juez trasladó la petición a las partes para que se pronuncien.

Mac Puar Corporación SL

Se le aprueban 4 millones del Fondo. Presidida desde 2014 por Cabalquinto S.L. que tiene de administrador único a Romualdo de Madariaga Parias. Es la firma tenedora de los activos industriales del Grupo Mac Puar.

En abril de 2012 se llegó a un acuerdo en la familia Madariaga – propietaria del Grupo Mac Puar – para salvar el grupo de la quiebra, con la aceptación de un laudo arbitral del reparto de activos y la salida de Gonzalo de Madariaga del grupo como parte del acuerdo con la banca para la refinanciación de las deudas por valor de 100 millones de euros. La ruptura en la familia Madariaga se produjo a final de 2010, cuando los hermanos y la madre del presidente Gonzalo de Madariaga se opusieron a seguir con la orientación estratégica que se le estaba dando a la compañía, que estaba ya sufriendo la crisis y los efectos de algunas operaciones inmobiliarias fallidas en Sevilla y Cádiz .

Fruto de esa escisión familiar Mac Puar Sistemas, hoy llamada Technology, Innovation, Engineering and Research 1, Sociedad Limitada (TIER1) quedó en manos de Gonzalo de Madariaga. Esta empresa se hizo conocida en 2011 cuando la Junta de Andalucía (El Ente Público de Infraestructuras y Servicios Educativos) había cambiado de adjudicatario después de 26 años ininterrumpidos de contratación para el servicio de mobiliario, servicio prestado hasta entonces por la empresa Setransa, que renovaba cada dos años con posibilidad de prorrogar por otros dos. En el mes de junio, la Consejería de Educación abrió un nuevo contrato en el que redujo el precio de licitación un once por ciento respecto al anterior.

Al concurso se presentaron tres empresas: Setransa y las UTE Novasoft- Aprisa y Mac Puar-Lorenzana. Con una oferta económica un 20% inferior al tipo de licitación, el contrato se lo llevó ésta última gracias a la valoración económica y a la de “organización y coherencia metodológica de las tareas contempladas”, según el expediente de contratación". Pero lo cierto es que Mac Puar-Lorenzana no tenía experiencia alguna en el objeto que se le encomendaba y Lorenzana era sencillamente una empresa de transportes.

Todos estos datos pueden comprobarse en la Plataforma de Contratación de la Junta de Andalucía.

El pasado 23 de mayo El Mundo publicó que el expresidente del grupo Mac Puarsa, Gonzalo de Madariaga era investigado por la ayuda a un ERE con intruso, y había admitido su amistad a la Guardia Civil con el exconsejero Viera desde 1993. La Guardia Civil ha tomado ya declaración en calidad de investigado a De Madariaga por su presunta participación en un delito de malversación de caudales públicos en relación con la citada ayuda. El hoy presidente de Ditecsa tras su salida del grupo familiar es uno de los 17 investigados en relación con este ERE, en el que los investigadores han localizado un “intruso”.

Sigue indicando el diario que el 18 de febrero de 2002, Mac Puar materializó la compra de la empresa sevillana TAMC, que se encontraba en una delicada situación económica y veía peligrar su continuidad. En un atestado de 460 páginas incorporado a las actuaciones que dirige el Juzgado de Intrucción 6 de Sevilla, los investigadores policiales explican que fue la Junta la que había propuesto al grupo industrial Mac Puar la adquisición de TAMC motivado por la “amistad” que unía a De Madariaga “con determinados altos cargos” de la Administración autonómica y la «situación económica beneficiosa» del comprador.

Entre otras condiciones impuestas para la compra, el inversor exigió que la Junta autorizara los ERE necesarios para la extinción de casi la mitad de los contratos, que el ajuste de plantilla tuviera un coste cero para Mac Puar y que se incluyera en la operación la adquisición de los terrenos en los que se levantaba la fábrica de TAMC, que habían pasado a ser propiedad del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) y por las que se fijó un precio de 4,2 millones pagaderos en siete años.

El 29 de abril de 2002, la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social firmó un convenio con el IFA por el que le encomendaba a éste el pago de las ayudas concedidas para financiar el coste de dos pólizas de seguro colectivo de rentas de prejubilación por importe de 3.219.068, 59 euros. La cuantía se terminó elevando a 3.225.962,86 euros.

En su declaración ante la Guardia Civil el pasado 17 de febrero, Gonzalo de Madariaga sostuvo que “no fue un buen negocio” para el grupo la compra de TAMC y dijo que “los encargados del ERE” eran los consejeros delegados solidarios Romualdo de Madariaga e Isabel Ríos y el responsable del área-administrativa y legal, José Luis Mora-Figueroa. Su participación se limitaba a “las decisiones estratégicas”, según afirmó en su comparecencia.

Cuando el pasado 24 de noviembre declaró en calidad de testigo ante la Guardia Civil, Isabel Ríos calificó como “bastante buena” la situación económica del grupo cuando se formalizó la compra de TAMC y afirmó que esta operación de compraventa “estuvo condicionada a la financiación de las prejubilaciones” por parte de la Administración autonómica, lo que le lleva a pensar que «tuvo que existir la participación de alguna persona de la Junta» pero sin saber quién pudo ser. Por parte de la empresa, supuso que dicha negociación la dirigió Gonzalo de Madariaga, que era la «persona del grupo que las realizaba y quien conocía a determinados miembros de la Junta de Andalucía».
Preguntada por los agentes para que precisara con qué personas de la Administración tenía amistad Gonzalo de Madariaga, la testigó no dudó: “Era pública y notoria la amistad que le unía con Viera”, algo “conocido en toda Sevilla”.

Romualdo de Madariaga, antiguo responsable del área financiera y hoy presidente de MP Corporación SL, también reconoció la amistad que mantenía su hermano con José Antonio Viera, máximo responsable de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico entre los años 2000 y 2004 e imputado en el caso ERE.

Novasoft Ingeniería SL

El Fondo le aprueba 5 millones. Con sede en Málaga, pertenece al grupo Novasoft Corporación. La empresa entra en concurso en diciembre de 2013 en el juzgado mercantil nº 2 de Málaga. El pasado mes de mayo de 2015 se inicia por el juzgado el proceso de apertura de la fase de liquidación de la empresa.

Novasoft está investigada en el sumario por las ayudas de la empresa pública Invercaria a la empresa FIVA, y por ello su presidente Francisco José Barrionuevo está imputado (ahora investigado). Este declaro ante el juez del caso Invercaria, Juan Gutiérrez Casillas, que lo eligieron como socio tecnológico de la empresa Ferias Internacionales Virtuales de Andalucía (FIVA), a instancias del entonces consejero Francisco Vallejo. También señaló en la declaración que Invercaria eligió a Novasoft en lugar de la empresa pública Sadiel, con la que trabajaba Invercaria, porque había dado más de un millón de euros para la Fundación Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA), promovida en 2005 por la Junta de Andalucía y por un grupo de empresas comprometidas con la innovación, con el propósito de favorecer la transferencia de conocimiento entre las Universidades y el tejido empresarial.

FIVA desvió una subvención de 230.000 euros destinada a desarrollar el portal web de ferias virtuales que le concedió la Agencia IDEA para pagar parte de la deuda que tenía contraída con Novasotf. Según explicó Barrionuevo, cuando su empresa tecnológica asumió el mayor porcentaje de FIVA, aportó 445.000 euros de asistencia financiera para que FIVA pudiera cobrar subvenciones de IDEA y pagar así una deuda con Novasotf Ingeniería, una filial de la compañía malagueña a la que encargó la realización del sotfware.La empresa FIVA encargó a Novasoft, uno de los socios de FIVA, la elaboración de un software para el portal virtual de ferias que quería montar. Invercaria le entregó unos 700.000 euros por un sotfware que estaba “defectuoso e incompleto”, según detalló el atestado policial sobre FIVA y ratificó ante el juez el expresidente de Invercaria, que ejercía también este cargo en la empresa de ferias virtuales, Tomás Pérez-Sauquillo.

Barrionuevo señaló que dio más de un millón de euros a una fundación CTA, impulsada por la Junta, antes de que le encargaran crear la web del fallido proyecto, que recibió 1,69 millones de Invercaria.

Novedades Agrícolas SA

Se le aprueban 1,4 millones de euros por parte del Fondo. Empresa con sede en Murcia. Según su web Novedades Agrícolas S.A. fue fundada en 1978 y, aunque inicialmente empezó fabricando e instalando riego por goteo, pronto evolucionó y fue incorporando nuevas líneas de negocio, directamente relacionadas con la producción intensiva, como instalación de invernaderos, pantallas, instalación de jardines y grandes zonas verdes, calefacción, sustratos, humidificación, control climático, ósmosis, embalses, etc. convirtiéndose en una empresa pionera en España en constante crecimiento y líder absoluto, además de ser la empresa española del sector con mayor proyección internacional gracias a su División de Exportación APR Greenhouses & Technology.

Según la web la empresa no tiene sede en Andalucía. Aunque tiene proyectos en Almería para otras empresas.

Organización y Guarda de Archivos SL

Se le aprueban 450.000 euros del Fondo. OYGA S.L. es una empresa dedicada a la gestión externa de archivos y documentación de las organizaciones públicas y privadas. Ofrece los servicios de organización de documentos, clasificación archivos, guarda y custodia, digitalización, consultoría, cesión de personal, destrucción certificada, implantación de sistemas de gestión documental, consultas y préstamos, traslados.

Tiene de administradores solidarios a Juan José Espina Linares y a Ana Gómez Perea.

Policlínica San Pedro SA

El fondo le aprueba 1,2 millones de euros. Con sede en Huelva el objeto social es la intermediación en las asistencias continuadas de urgencias médicas, consultas médicas e intervenciones quirúrgicas. construcción, compra, venta y alquiler de hospitales, clínicas y consultas médicas. Su presidente, según los datos del Registro Mercantil, es Alejandro García Muriel, quien a su vez, ostenta el cargo de Presidente de la Asociación Provincial de Empresas Sanitarias de Huelva.

Esta empresa recibió, además, una ayuda de 3 millones de euros del Fondo Jeremie, según puede verse en Boja de 17 de julio de 2015 donde IDEA publica la relación de empresas y particulares beneficiados de fondos sin personalidad jurídica durante el segundo trimestre de 2015.

Estas aportaciones económicas a una empresa que gestiona centros hospitalarios privados en Huelva son contradictorias respecto al discurso oficial de la Junta de la defensa de la sanidad

Royal Menu Catering SL

Se le aprueban 421.185 euros del Fondo. Empresa radicada en Jaén que tiene como administradora única a Rosario Martos Alcalde. Es una de las concesionarias de los catering a los colegios de Andalucía según puede encontrarse en la Plataforma de Contratación de la Junta de Andalucía.

Sokar Mechanics SL

Se le aprueban 500.000 euros del Fondo. La empresa proviene de un empresa preincubada Innova24h, siendo su administrador único en febrero de 2011 Manuel Benito del Valle Ruiz, en julio entra de accionista Fernando Monge Villalobos. Y en 2013 cambia el objeto social a: 1) Diseño y fabricación de componentes y ensamblajes para los sectores de automoción, aeronáutico y biomédico. 2) Mejora de propiedades de piezas metálicas mediante tratamientos superficiales y térmicos 3) Investigación y desarrollo de nuevas tecnologías de fabricación aditiva tridimensional.

Solar Opportunities SL

Se le aprueban 480.000 del Fondo. Empresa radicada en Madrid, con solo 3.000 euros de capital. Tiene de Consejero delegado a José Ignacio Cabrera-Kabanas Satorius.

En Abril de 2013 la empresa entra en concurso en el juzgado nº 10 de Madrid. En junio de 2015 se hace firme el auto del juzgado por el que se declara la conclusión del concurso por la finalización de la fase de liquidación, la extinción de la sociedad y el cierre de la hoja registral de la misma.

Tecnocon Textil SL

Se le aprueban 270.000 euros del Fondo. Empresa radicada en Úbeda (Jaén), con el objeto social de diseño, confección y comercialización al por mayor y menor de prendas de vestido de cualquier tipo, así como de sus complementos, suministros de artículos para el equipamiento personal de cualquier índole. Con Administrador único Marcelino Sánchez Rodríguez.

En septiembre de 2012 la empresa entra en concurso en el juzgado mercantil nº 1 de Jaén. En octubre de 2013 el juzgado aprueba el plan de liquidación, y en 2015 el juzgado considera culpable la calificación del concurso.

Tecysu SL

Se le aprueban 3 millones de euros del Fondo. Con sede en Alcalá de Guadaira (Sevilla). El Administrador único era Rafael Estévez Gutiérrez. La empresa entra en concurso en 2012 en el juzgado nº 1 mercantil de Sevilla con una deuda de 40 millones de euros. La empresa se dedicaba a la construcción principalmente. Tenía deuda con proveedores por 16 millones de euros.

Los problemas de liquidez de Tecysu surgieron por los impagos de las administraciones públicas, que adeudaban directamente a sus empresas casi cinco millones de euros y otras cantidades por definir a través de UTEs creadas para ejecutar obras públicas. Entre los deudores se citan ayuntamientos y la Junta de Andalucía. Algunos de las corporaciones municipales morosas eran las de Alcalá de Guadaíra, Utrera, Dos Hermanas, Salteras, Camas, Castilleja, Estepa y Algodonales. Entre los entes públicos de la Junta que le adeudaban dinero figuraban Infraestructuras y Servicios Educativos, de la Consejería de Educación (1,3 millones de euros) y los hospitales Virgen de las Nieves y Jerez de la Frontera, dependientes de la Consejería de Salud.

El grupo ha realizado proyectos emblemáticos como las instalaciones del Parlamento Andalucía y el Archivo General de Indias de Sevilla o el suministro de energía térmica y eléctrica de la ciudad hospitalaria de Granada. Ha sido responsable de las instalaciones de los Reales Alcázares y Casa Consistorial de Sevilla. Asimismo, ha estado presente en obras y ejecución de instalaciones de la estación del AVE en Antequera (Málaga) o el abastecimiento de aguas del Gran Hipódromo de Andalucía en Dos Hermanas, entre otros. Ha trabajado también en las obras del Hospital Militar de Sevilla, paralizadas en 2011 por la falta de liquidez del Servicio Andaluz de Salud (SAS). Además, la Unión Temporal de Empresas (UTE) Tecysu-Bruesa construyó el paso soterrado situado en el cruce de las avenidas de la Palmera y Cardenal Bueno Monreal.
En 2014 se aprueba el plan de liquidación por el juzgado, y en enero de 2016 se acuerda el cierre de la fase común del procedimiento concursal nº 462/2012.

Técnicas de Aislamiento y de la Construcción Turquesa SA

Se le aprueban 550.000 euros del Fondo. La empresa se constituye en 2004 en Valladolid, donde tiene el domicilio social, nombrado presidente de la misma a Roberto Príncipe Centeno. En diciembre de 2013 solicita el concurso para la liquidación de la empresa en el juzgado nº 1 mercantil de Valladolid. En noviembre de 2013 se dicta la apertura de la fase de liquidación de la empresa por el juzgado.


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