martes, 25 de octubre de 2016

Las 35 horas y la demagogia barata de Susana y sus sindicatos


Artículo de Paco Romero


El Consejo de Gobierno andaluz, excediéndose en sus competencias, aprueba, previo ineficaz acuerdo con CCOO, UGT y CSIF, un Decreto-ley que establece una jornada de 35 horas semanales en la administración andaluza a partir de 2017

Y eso que Díaz lo tenía fácil tras la arriada de pantalones y bragas de Ferraz del pasado domingo: “Cucha, Mariano, nos abstenemos en tu investidura pero, a cambio, deroga la adicional 71ª de la Ley de Presupuestos de 2012... y tos tan contentos”


Que por mayo era por mayo, cuando va estapresidenta, rodeada de la parafernalia habitual, y anuncia que el Consejo de Gobierno más inmediato aprobaría la recuperación de la jornada laboral de 35 horas semanales para todos los empleados públicos, refrendando así el compromiso alcanzado por la consejera de Hacienda y Administración Pública con los sindicatos que integran la Mesa General de Negociación Común de la Administración autonómica: CCOO, UGT y CSIF. Pacto que contemplaba, además, al mejor estilo ercortinglés, el abono del 75 por ciento pendiente de la paga extra de 2012 en tres cómodos plazos que se harían efectivos en septiembre de 2016, en febrero de 2017 y en febrero de 2018… 

Susana, que divulgó la primicia aprovechando un debate con el presidente del PP-A en el Pleno del Parlamento, requirió al 'popular' para que se comprometiera a pedirle al presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, que no recurriera la decisión: “¿Va a poner los intereses de los empleados públicos en Andalucía por encima de sus intereses? Es ahí donde yo quiero verlo”. ¡Los intereses de los empleados públicos andaluces…! ¡Qué desfachatez, incumple la jurisprudencia, le pide al presidente del gobierno que haga lo propio y se queda tan pancha!

Si insolente se muestra la mandamás, ¿cómo calificar la actuación del trío de “representantes” de los empleados públicos? Solo el Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF), mayoritario en la administración general, ha echao la pata alante al exigir a la Junta de Andalucía, tal que un Paco Ojeda de la vida, que "no engañe" a los empleados públicos, ni cree falsas expectativas con la “cacareada recuperación de las 35 horas”, una medida con "escaso recorrido", al tratarse de una competencia estatal que, en concreto, ha fijado, mediante la disposición adicional septuagésimo primera de la Ley 2/2012, una jornada laboral mínima de 37 horas y media semanales, medida que hoy continúa vigente según el refrendo de la Sentencia del TC 99/2016 que desestimó una reclamación similar de la Generalidad de Cataluña y de otra más reciente, que con motivo de un recurso de inconstitucionalidad promovido por el presidente del Gobierno, anuló una ley con las mismas pretensiones del gobierno de Castilla-La Mancha.

Pues nada, sin cortarse un pelo, ahí que el Consejo de Gobierno andaluz aprueba el Decreto-ley 5/2016 y regula con un acto vecino de la prevaricación -¡y porque yo lo valgo!- la jornada de trabajo del personal empleado público de la Junta de Andalucía, al tiempo que exige al presidente del gobierno el abandono de sus obligaciones, o lo que es lo mismo: “¡Mariano, prevariquemos en estéreo!”.

En derecho todo -hasta lo más zafio y ruin- es interpretable, todo puede tener defensa, pero una vez conocido el parecer del Constitucional, ¿a cuento de qué engañar, timar, maniobrar y, en definitiva, perder y hacer perder el tiempo en defensa de una causa que se sabe perdida de antemano? ¿Por qué generar falsas expectativas? ¿Por qué comenzar una guerra que se sabe perdida anticipadamente? La respuesta es clara: el enfrentamiento por el enfrentamiento, la única premisa de un gobierno a la deriva -con el remo firme de Juan Marín- a la que poco o nada importan los legítimos derechos de los funcionarios y empleados públicos andaluces.

La jornada de 37,5 horas supuso -crisis recurrente mediante- una puñalada trapera pero legal a los derechos adquiridos de los empleados públicos. El Estado, mediante la citada disposición adicional de la Ley 2/2012 de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012 (“A partir de la entrada en vigor de esta Ley, la jornada general de trabajo del personal del Sector Público no podrá ser inferior a treinta y siete horas y media semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual”), en vigor según las dos sentencias comentadas, así lo estableció pero ya nadie recuerda que -mientras nutría con fondos su amada administración paralela- fue la mismísima Junta de Andalucía quien, rizando el rizo y en uso de las competencias que le permitían incrementar pero no reducir la jornada laboral, se adelantó a la decisión del maligno de la Moncloa estableciendo, a través del artículo 25.1 del Decreto-ley 1/2012 de 19 de junio, de cosecha propia, la maléfica jornada de 37,5 horas semanales (“La jornada ordinaria de trabajo del personal referido en el artículo 3.a), b) y c) será como mínimo de treinta y siete horas y media semanales de promedio en cómputo anual. Todo ello sin perjuicio de las demás modalidades de jornada normativa o convencionalmente establecidas, que se adaptarán a esta jornada ordinaria en lo que fuere necesario. En todo caso, las modificaciones de jornada y demás extremos que se lleven a efecto como consecuencia del establecimiento de esta medida, no supondrán incremento retributivo alguno”), e incrementando de 18 a 20 horas la parte lectiva de la jornada semanal del personal docente mediante otro Decreto-ley de las bodegas de San Telmo, el 14/2012. Entonces se calló la boquita, actuó con nocturnidad amparada en las maldades de Rajoy. Ahora contraataca con fuegos de artificio en un intento desesperado de embaucar a quien se deje enredar.

El fraudulento Decreto-ley 5/2016 que promueve tan engañosa expectativa habrá de ser ratificado, o no, en el pleno de las Cinco Llagas. Será el momento en el que todos y cada uno se retraten y eso que Díaz lo tiene fácil tras la arriada de pantalones y bragas de Ferraz del pasado domingo: “Cucha, Mariano, nos abstenemos en tu investidura pero, a cambio, deroga la adicional 71ª de la Ley de Presupuestos de 2012... y tos tan contentos”. No, lo fácil, lo populista, es forzar la ley y exigir al oponente que la contravenga; en definitiva, buscar gigantescos enemigos del pueblo donde solo hay molinos de viento y no dar solución a las reivindicaciones de los funcionarios públicos que es lo que, en el fondo, claramente se persigue.



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