martes, 5 de diciembre de 2017

El Presidente del Parlamento, su sobrino y Susana Díaz


Artículo de Luis Escribano



El gabinete de Juan Pablo Durán, Presidente del Parlamento andaluz, ha contratado directamente a la empresa en la que trabaja su sobrino, Alejandro Fernández Durán, sin concurrencia con otras empresas, para una campaña en redes sociales con motivo de la celebración de los 40 años del 4-D, por un importe de 14.000 euros.

Casualmente, su sobrino es también el secretario de redes sociales de la organización “Juventudes Socialistas” de Córdoba, y como puede comprobarse en dichas redes, es un fiel “susanista”. Por cierto, mucho está tardando Susana Díaz en denunciar en su partido a Juan Pablo Durán, tanto que habla de ética en la política y de "luchar implacablemente" contra la corrupción.

Se trate o no de otro acto de corrupción –podría incurrir en un presunto delito de tráfico de influencias, acto que además de haber beneficiado a la empresa engordando su curriculum, podría ayudar a promocionar a su sobrino dentro de la misma-, este caso constituye el ejemplo perfecto para explicar por qué los corruptores y corrompidos siguen actuando bajo el amparo de esa impunidad que tantos ciudadanos censuramos.

Como ha publicado el diario ABC, el Presidente del Parlamento llevó a la Mesa del mismo la modificación de la normativa un mes antes de contratar a dicha empresa. El motivo que alegó –según la noticia- es que “la burocracia que se exigía frenaba la actividad diaria de la Cámara. Entre esta burocracia se encontraba la necesidad de contar con tres ofertas de otras tantas empresas diferentes para cualquier contrato, permitiendo así comparar precios y servicios”. Sin embargo, ese motivo de la burocracia y la necesidad de flexibilizar el procedimiento no se sostiene hoy día, como explicaré a continuación.

Cuando el legislador, los que desarrollan las leyes mediante reglamentos (decretos, órdenes, circulares, etc.) y quienes los interpretan (instrucciones, etc.), introducen “flexibilidades” para eliminar “burocracia”, se acaba abriendo puertas y ventanas a corruptores y corruptos.

El pretexto o excusa de la “burocracia” y “agilización de la gestión” no constituye actualmente un motivo válido para eliminar controles en los procedimientos de gasto de las Administraciones. Cualquier funcionario público formado, sensato, honesto y honrado sabe que esa agilización se puede conseguir sin necesidad de eliminar los necesarios controles en los procedimientos administrativos.

No olvidemos que los procedimientos administrativos -con sus oportunos controles- constituyen una garantía para todos los ciudadanos, pues es la única manera de evitar que algún funcionario o autoridad pueda abusar de sus atribuciones y actuar arbitrariamente, es decir, a su antojo o capricho. Por ejemplo, un procedimiento bien diseñado podría evitar que cualquier desalmado pueda nombrar a quien se le antoje como funcionario, pueda otorgar una subvención a quien no reúna los requisitos necesarios o pueda contratar a una empresa sin concurrencia con otras empresas.

Resulta llamativo –aunque nada sorprendente- que, a fin de agilizar la gestión, los políticos nunca pongan el foco en la desastrosa organización de los centros directivos de las Administraciones, como ocurre en la Junta de Andalucía, cuya nefasta política de recursos humanos (normativa, aplicación y gestión) provoca como efecto perverso que los más idóneos no lleguen a los puestos de responsabilidad, sino que son ocupados por personas bajo otros criterios muy alejados del interés del servicio público y una buena administración.

Y cuando personas no idóneas se encargan de dirigir una organización, las vías de agua se abren por todos lados, y la gestión diaria se convierte en un caos. Si una relación de puestos de trabajo de una Consejería se realiza pensando en los nombres y apellidos de las personas a beneficiar ocupando dichos puestos, o se crean entes instrumentales inútiles y prescindibles (Agencias, Fundaciones, etc.) para colocar allegados o para cumplir sentencias judiciales que obligan a recolocar a trabajadores -que no entraron mediante una oposición libre- porque la Junta de Andalucía ha estado incumpliendo la normativa laboral, lo lógico es que nada funcione adecuadamente.

Por tanto, la solución al problema es bien fácil: que el legislador cumpla con los principios constitucionales que deben regir las leyes, y que el poder ejecutivo se ajuste a los mismos y no actúe desviando el poder. La organización debe responder a los fines a cumplir, y no debe diseñarse en función de las personas que quiero colocar o beneficiar, como hace la Junta de Andalucía constantemente. Y los procedimientos deben ajustarse a esos fines y ser garantes de los principios legales y derechos de los ciudadanos.

Por otro lado, hoy día la gestión electrónica y la transparencia son dos instrumentos muy potentes para agilizar cualquier gestión de la Administración, siempre que haya voluntad de utilizarlos adecuadamente, la cual no abunda precisamente en las Administraciones andaluzas.

En el caso del Presidente del Parlamento, pedir tres ofertas a distintas empresas para un contrato menor de servicios (su importe es menor de 18.000 euros) no suponía ningún obstáculo para la gestión. Sin embargo, justo antes de contratar a la empresa de su sobrino, pidió eliminar ese requisito.

Pedir tres ofertas a distintas empresas no vinculadas es una garantía para evitar tratos de favor y tráfico de influencias. En uno de los Servicios en los que he trabajado en la Junta de Andalucía, conseguíamos las tres ofertas en la misma mañana que se solicitaban a distintas empresas. Cualquier empresa a la que le interese un contrato de 14.000 euros presenta su oferta en cuestión de una o dos horas, y tal como está hoy día el mercado, cuesta creer que las empresas puedan tardar mucho en presentarlas.

Por tanto, el motivo alegado por el Presidente del Parlamento de "flexibilizar" la normativa de contratación del Parlamento es tan grosero, tan burdo, tan poco creíble, que mucho me temo que la alegada “flexibilización” del procedimiento tenía otra intención oculta, y que a la vista del resultado, resulta patente para cualquier ciudadano medianamente formado. La ingenuidad brilla por su ausencia.

Si la Fiscalía no abre de oficio una investigación al respecto, o los grupos parlamentarios no la exigen, nos encontraremos con otro efecto más de la partitocracia que rige la vida de los andaluces. Ya no se trata de discutir si es legal o no la contratación: éticamente es absolutamente rechazable, y si el Presidente del Parlamento tuviera un mínimo de vergüenza, debería dejar su cargo. Y si no lo hiciera, los diputados del Parlamento deberían actuar para destituirlo. ¿O acaso existe algún pacto de no agresión entre los partidos del Parlamento? Porque visto lo visto a estas alturas, cuesta trabajo creer su inexistencia.

Y respecto a lo que hará Susana Díaz, conviene recordar sus palabras del discurso de toma de posesión del pasado 14 de junio de 2015:

“Quisiera también revalidar mi compromiso con una política honesta y con la lucha más enérgica contra la corrupción en cualquiera de sus formas. La corrupción no sólo ofende y humilla a los trabajadores, a los empresarios, a los contribuyentes en general, sino que también desvirtúa la democracia, porque arrebata a los ciudadanos una parte de su capacidad de decisión y de control y porque los aleja de las instituciones que tienen que ser de todos. La corrupción debe ser eliminada, extirpada y nuestra obligación no sólo es intentarlo, es conseguirlo.”




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