martes, 3 de marzo de 2015

Presunto descontrol buscado



Andan muchos buscando el pelo que les haga escupir de los ERE a los popes de Susánida. Como locos con el candil en la mano reclaman dónde hay una excusa.

Se mezcla todo: responsabilidad contable

El Tribunal de Cuentas emitió, el martes 24 de febrero, una parte de la denuncia del PP sobre los ERE, acusando a 40 empresas por 64.362 millones en subvenciones directas. El acta de liquidación provisional responsabiliza a los tres ex directores generales, partiendo de un mero muestreo. A este respecto, lo fiscalizado es tan solo una parte y, por otro, se confunde a nivel de calle la responsabilidad contable con la política, la administrativa y la penal.

Dicho tribunal es un órgano de control elegido por el Congreso y el Senado, o sea, como todo, por políticos. Tribunal que ha exonerado provisionalmente a los viceconsejeros y consejeros de Hacienda (que firmaron las transferencias) de la responsabilidad contable: Pies Ligeros, Papagayo y la del nombre de tango, por ahora.

Los voceros del Régimen ladran que la juez miente, que todo los de los ERE es un invento, "sólo son 64 millones". Lo que no dicen es que queda otra pieza de la denuncia que es la más cuantiosa; ni, como dice alguna prensa, que la Junta ha ocultado información clave al Tribunal de Cuentas.

Peritos de la Intervención General del Estado

El miércoles 25 de febrero se publicó, hablo de prensa -lo cual es un metarrelato con las interpretaciones acólitas de variado filtraje y visión retro-crítica, cuando lo que importa es el texto original del informe-, que el uso de las transferencias de financiación era "fraudulento", que no se ajusta a la legalidad, tanto en su fase de presupuesto como en la de ejecución.

Preciosismos administrativos lejanos al común de los robados mortales, nosotros. Vamos, tipo: le robaron cuando estaba entrando en la casa o había sacado la llave? Mire Vd, que me han robado lanzándome una manguera de agua en la cara, da igual si tenía o no la llave en la mano, el cuerpo dentro o fuera; que a ver si, al final, parece que yo me he robado a mi mismo. O en este caso, nos quieren hacer ver que la juez se lo inventa todo, que no ha habido robo de 855 millones.

Ante esto te dicen que el agua (las transferencias de financiación) es legal y buena. No hombre, no, para que me la lances a la cara con una manguera -Agencia IDEA-, no. A fin de que no hubiera fiscalización previa, se usaron, presuntamente, dichas transferencias y que nuestro dinero se perdiera en el limbo ignoto, donde sigue estando.

Locura total, jugando con las intercapas de los instrumentos administrativos para enmarronarlo todo. Humo, mucho humo, picores y toses; pero ni la pasta aparece y los presuntos -aforados en la Diputación Permanente del Parlamento, imputados en el Tribunal Supremo, preimputados en Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, protegidos y justificados- andan tan panchos por ahí, aireando el contrainforme de los catedráticos de Derecho Tributario que dice que el uso de las transferencias de financiación en subvenciones y ERE era legal y adecuado para esas partidas.

Alaya dice que no: que el instrumento es legal, pero no su uso para la partida 31L, con la que se pagaron prejubilaciones, comisiones y ayudas directas a empresas amigas del PSOE.

Sigamos con los peritos. Han ratificado lo que dice la juez: que se daban las ayudas a dedo y sin justificación. Asimismo, se oponen al contrainforme de los dos cátedros aportado por la defensa de Pies Ligeros y Disléxico por contener muchos errores y ser parciales.

Por un lado, la Junta no tiene competencias para dar ayudas sociolaborales sino que es el Estado el competente. Por otro, aseguran que el Consejo de Gobierno estaba al tanto del uso fraudulento de las transferencias de financiación. Además, acusan a la Junta de que ha ocultado información a la Unión Europea y en otros casos, información incompleta y sesgada.

Para que no haya ninguna duda, meten como responsables directos a los directores generales, viceconsejeros y consejeros -de Hacienda y de Empleo, por inacción ante las irregularidades. Algo obvio, porque firmaron las liberaciones de las partidas presupuestarias con ese procedimiento fraudulento.

Asimismo, los peritos señalan a IDEA/IFA como vía, la pagadora ilegal, o sea, la maldita Administración paralela, el grifo roto de la Junta por donde, presuntamente, se van los billones de nuestro dinero: ya en "incentivos", préstamos como el del sobrinísimo en Invercaria, exoneraciones, escándalos, avales, sueldos y sueldazos, subvenciones, cursos y demás inventos para que nuestro dinero no vaya a Educación, Sanidad, Dependencia, Empleo, etc.

En el fleco nuevo de los ERE, la UCO y los mismos peritos van a investigar los avales y créditos de la Agencia IDEA, habida cuenta que sólo en un año había dado en avales más de 71 millones cuando el límite legal era de 18 millones. ¿Sólo IDEA? No, la Empresa Publica de Gestión de Programas Culturales, la Empresa Pública de Desarrollo Agrario y Pesquero, EXTENDA, EGMASA, EPDASA, GIASA, RTVA y TURASA, todas han usado las transferencias de financiación de un modo ilegal.

La Junta ha "prescindido total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido en la normativa del Estado y de la comunidad autónoma". Su cortijo: un presunto descontrol buscado, en los ERE, Invercaria, UGT, Marismas, Cursos de Formación, Faisem, los avales a empresas, etc.

Coda: hablamos de más de 10.500 millones de euros descontrolados.





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