Veredicto: PSOE y oposición, culpables

Artículo de Luis Escribano

¿Ha prevaricado el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía al aprobar una norma a sabiendas de que no era posible jurídicamente? ¿Por qué no está en todas las portadas de los periódicos? El Gobierno andaluz debería dimitir inmediatamente.

No puede justificarse que una norma permita una exceptuación general para todos los Ayuntamientos en el cumplimiento de requisitos legales para recibir una ayuda pública. Sólo podría hacerlo el Consejero competente de forma individualizada, y justificándolo en cada caso particular.

Con este tipo de ayudas, la bolsa de fraude está servida, y los corruptos que viven de las ayudas públicas lo saben. La justificación de las ayudas crea un problema que la Junta de Andalucía no resuelve.

Lo peor de todo es que el PSOE conseguirá una vez más el voto cautivo para mantenerse en el poder, ante la pasividad de una oposición política que parece aplaudir la medida, una oposición tan inútil como el mismo PSOE.

La pasada semana hubo una noticia importante, cuyo trasfondo ha pasado desapercibido, y que les revelaré en este artículo. Les demostraré de qué manera tan burda, el PSOE andaluz consigue el silencio de todos los partidos políticos para aprobar normas con preceptos inconstitucionales, así como para seguir inundando de dinero público su granero de votos, tanto en zonas rurales como en el sector empresarial y otros. Y todo ello lo hace aprovechándose del desempleo existente en Andalucía, que el mismo PSOE alienta y mantiene con sus acciones y omisiones con las políticas que implementa, y que casualmente –o causalmente- acaban alimentando el circuito de la corrupción. Si no se actúa con rectitud, todo acaba torciéndose.

Desde hace años, el PSOE ha modificado su estrategia de aprobar los planes de empleo mediante Decretos del Consejo de Gobierno y Órdenes del Consejero competente. Esto creaba un problema al Gobierno: las normas reglamentarias tienen que adecuarse en todo caso a las leyes y normas de superior rango, y cualquier persona afectada (física o jurídica) podía acudir a los tribunales de justicia para anular determinados artículos contrarios al ordenamiento jurídico, lo cual no parece interesar a los Gobiernos del PSOE.

Para evitarlo, el Gobierno andaluz aprueba dichos planes mediante una norma de rango legal, el Decreto-Ley, que sólo puede utilizarse si se justifica la extraordinaria y urgente necesidad de su objeto. En una crisis económica, es obvio que no se solucionan los problemas de un año para otro, y que resulta conveniente una actuación con vista a varios años –planificación-, previendo los instrumentos necesarios: un Plan al inicio, las Leyes anuales de Presupuesto y su desarrollo cada año mediante Decretos del Consejo de Gobierno y Órdenes de las Consejerías competentes.

Si un gobierno acude al Decreto-Ley año tras año para la misma finalidad, no es posible justificar la extraordinaria y urgente necesidad año tras año, pues obviamente el problema, el objeto de la norma, se mantiene en el tiempo, como es previsible en cualquier crisis económica.

Entonces, ¿cuáles podrías ser los motivos por los que el Gobierno andaluz acude al Decreto-Ley cada año? Les expondré algunos de ellos, para que juzguen ustedes:

1) El Decreto-Ley, al tener rango legal, sólo puede ser recurrido por motivos de inconstitucionalidad. Sólo están legitimados para presentar el recurso de inconstitucionalidad el Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, cincuenta Diputados y cincuenta Senadores. Los ciudadanos ni los grupos parlamentarios del Parlamento andaluz pueden hacerlo, aunque haya artículos en el Decreto-Ley que incumplan la legalidad ordinaria y perjudique a los ciudadanos.

2) Las Leyes, Decretos y Órdenes necesitan para su aprobación seguir un procedimiento. En ese procedimiento son preceptivos numerosos informes, que en el caso del Decreto-Ley, no son necesarios, al tramitarse de forma urgente. Por ello, con la vía del Decreto-Ley se evita la posibilidad de que determinados órganos, funcionarios y entidades puedan sugerir modificaciones o incluso informar de preceptos contrarios a Derecho.

Esto lo digo por propia experiencia: desde que expuse ilegalidades en varios informes que he emitido sobre normas andaluzas, incluido Decretos-Leyes, no he vuelto a recibir ninguna petición más de informes sobre nuevas normas que ha ido aprobando el Consejo de Gobierno. Así funciona la Junta de Andalucía: si un funcionario expone en sus informes determinadas ilegalidades, no se cuenta con él en adelante siempre que sea posible, o se adoptan medidas más drásticas.

Y si habiendo denunciado en la Fiscalía Superior del TSJA y el Defensor del Pueblo ilegalidades con los mismos fundamentos, sin resultado alguno salvo el archivo de las denuncias, poca salida me queda salvo la denuncia pública. Esto constituye una de las tantas pruebas que he ido recopilando durante años sobre el ineficaz funcionamiento de las instituciones públicas, especialmente las de control. Esta ineficacia es lo mejor que puede ocurrir para que la corrupción se instituya definitiva y permanentemente en nuestro sistema político-administrativo.

3) Al tener que convalidarse el Decreto-Ley en el Parlamento de Andalucía, desde el momento en que obtenga el voto favorable de los demás grupos parlamentarios, aunque el Decreto-Ley salga “rana”, todos callarán, al haber sido “pringados” por el PSOE vía votación favorable para su convalidación en el Parlamento.

La trampa es obvia, y suelen caer en ella. Y esto no resulta difícil, dado el bajo nivel en preparación y formación de nuestros parlamentarios, así como el deber de pleitesía al jefe del partido de turno, y les guste o no a los diputados, votan siempre lo que les ordenen (si no, no vuelve a aparecer en las listas electorales ni se promociona en el partido). Suele ocurrir cuando los partidos pactan entre ellos para sus propios intereses: si tú me apoyas hoy para algo que me interesa, mañana haré lo propio con lo que a ti te interese, aunque no sea para el bien de la ciudadanía.

Si eligiéramos a nuestros diputados con un régimen electoral diferente al actual, sin las interferencias de los partidos políticos, difícilmente podrían efectuarse esos contubernios y trapicheos. Cuando tienen que votar 109 diputados en el Parlamento andaluz o 350 diputados en el Congreso, es más complejo conseguir el apoyo de los diputados, si cada uno se debe directamente a sus votantes y no al partido que elabora las listas, que llegar a un pacto entre dos o tres partidos. ¿Entienden ustedes por qué los partidos políticos se oponen a ese cambio del régimen electoral? Porque favorece a los partidos, no a los ciudadanos. De esa manera los partidos políticos consiguen su clientela social: o pasa por ellos, o no hay nada que rascar. Es sumamente perverso.

No es difícil conseguir la convalidación de los decretos-leyes en el Parlamento andaluz. El PSOE es especialista en usar el “chantaje político”. Reviste sus decretos-leyes de objetivos bienaventurados, loables, imposibles de rechazar, buscando la debilidad del contrario: ayudar a los desempleados, evitar desigualdades, apoyar a los jóvenes y mayores, usar las políticas activas de empleo como mejor inversión, mejorar el desarrollo local, dinamizar el mercado de trabajo, fortalecer una cultura empresarial, apoyar a los trabajadores autónomos, ayudas a personas en riesgo de exclusión social, etcétera.

Ante estos objetivos, y ante el miedo que tienen todos los partidos de la oposición a que el PSOE utilice demagógicamente el voto contrario a estos Decretos-Leyes por no apoyar a los necesitados, desempleados y a las víctimas de las malas políticas del resto de partidos –nunca de ellos-, casi todos acaban apoyándolo, aunque la norma incurra en inconstitucionalidad. Como me dijo cierto alto cargo del PSOE, se trata de “hacer política”, aunque para ello haya que “bordear la norma”, que es como suelen denominar a su incumplimiento.

Esto lleva ocurriendo años, y ha vuelto a ocurrir con la Ley 2/2015, de 29 de diciembre, que procede de la tramitación urgente como proyecto de Ley del Decreto-Ley 2/2015, de 3 de marzo, de medidas urgentes para favorecer la inserción laboral, la estabilidad en el empleo, el retorno del talento y el fomento del trabajo autónomo, así como con el Decreto-Ley 1/2016, que pretendía modificar la Ley 2/2015 y otros Decretos-Leyes.

La noticia a la que me refería al comienzo del artículo es la derogación aprobada por el Parlamento andaluz el pasado 6 de abril, del Decreto Ley 1/2016, de 15 de marzo, por el que se modifican la Ley 2/2015, de 29 de diciembre, de medidas urgentes para favorecer la inserción laboral, la estabilidad en el empleo, el retorno del talento y el fomento del trabajo autónomo; el Decreto-Ley 6/2014, de 29 de abril, por el que se aprueba el Programa EMPLE@JOVEN y la INICIATIVA @MPRENDE+ y el Decreto Ley 9/2014, de 15 de julio, por el que se aprueba el Programa EMPLE@30+, aprobado por el Consejo de Gobierno

Este Decreto-Ley 1/2016 tenía, entre otros objetivos aberrantes, los siguientes: exceptuar de forma general el cumplimiento de determinadas obligaciones de los beneficiarios de las subvenciones cuando se trate de Ayuntamientos, y por otro lado, atribuir a personal laboral de la antigua fundación pública FAFFE y otros laborales potestades administrativas que por Ley no pueden ejercer.

Pero lo más llamativo es que el informe jurídico sobre el expediente de aprobación del Decreto-Ley, realizado por el letrado del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, concluía que “En definitiva, en los términos expuestos, no se considera acreditada la concurrencia de una situación de extraordinaria y urgente necesidad que justifique la aprobación de este Decreto-Ley”.

Esto último es gravísimo: ¿ha prevaricado el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía por haber aprobado la norma a sabiendas de que no era posible jurídicamente? Si es así, el Gobierno debería dimitir inmediatamente. ¿Cómo es posible que los medios de comunicación silencien esta noticia? ¿Y la oposición política? ¿Qué está ocurriendo en Andalucía? ¿Cuántos grupos sociales viven de las acciones y omisiones del PSOE andaluz?

Yo no comulgo para nada con las ideas que defiende el partido político de Podemos, pero eso no es óbice para que aplauda dos de los varios motivos que expuso en su intervención el diputado del grupo parlamentario de Podemos, el Sr. Romero Sánchez, para rechazar el Decreto-Ley, en el debate que se sostuvo en el Parlamento (si tienen interés en leerlo, les dejo con el enlace: DSPA de 6 de abril de 2016).

El primer motivo, en la misma línea de lo que he expuesto, indicaba que convertir en regla general las excepciones al cumplimiento de la Ley llevan al fraude; dijo literalmente que “la dinámica de volver a crear exceptuaciones o exoneraciones de manera general, que, como la práctica ha demostrado, y hemos visto todos aquellos que estamos en la comisión de investigación, lo único que produce es una puerta abierta al fraude”, y que “tenemos que ser garantes de que, al mismo tiempo, se pague a la Seguridad Social, se pague a Hacienda, se cumpla con las deudas”. Asimismo, añadió que “esto no se soluciona con este decreto, esto se soluciona con una mejora de la financiación”.

El Sr. Sánchez Romero tiene toda la razón. Por un lado, no puede justificarse una exceptuación de forma general en el cumplimiento de requisitos legales a todos los Ayuntamientos en una materia como el empleo, porque cada caso habrá que estudiarlo. El empleo no es un servicio esencial y obligatorio que deban prestar los municipios a sus vecinos a través de los Ayuntamientos. La norma actual prevé que una vez analizado cada caso, el Consejero competente en la materia puede exceptuar de dicho cumplimiento si queda justificado en el expediente particular.

Parece más bien que el Decreto-Ley intenta evitar que cada caso se analice individualmente, por si el problema de un Ayuntamiento radica en la nefasta gestión de políticos que suelen pertenecer a los mismos partidos en su mayoría, de forma que sea el Parlamento el que salve ese escollo y no el Consejero mediante una resolución administrativa con la que podría incurrir en prevaricación (como presuntamente ha ocurrido en la formación para el empleo), y así no conste en los expedientes dichas resoluciones. Así podrán evitar los Consejeros sus posibles responsabilidades penales, con la ayuda de los diputados de los demás partidos políticos.

En materia de subvenciones, los Ayuntamientos beneficiarios están al mismo nivel que cualquier ciudadano, asociación o empresa beneficiaria en cuanto a la exigencia del cumplimiento de los requisitos, como reiteradamente ha repetido el Tribunal Supremo. No puede ser lo mismo exceptuar a un Ayuntamiento que incumple reiteradamente los pagos a la Seguridad Social o a Hacienda, aún disponiendo de fondos, que aquél que no tiene siquiera fondos por motivos ajenos al mismo. Y el Gobierno andaluz pretende meterlos a todos en el mismo saco, con la bendición de los grupos parlamentarios de la oposición.

Por otro lado, en vez de solucionar el problema de la financiación de los Ayuntamientos vía fondos incondicionados, el PSOE intenta resolver el problema que plantea subvencionarlos con fondos condicionados con la exceptuación de una obligación legal. Lo que no puede hacer el PSOE en Andalucía es congelar la PATRICA (participación en los tributos de la Comunidad Autónoma) durante cuatro años - desde el año 2013-, que son fondos incondicionados que reciben los Ayuntamientos y que pueden destinar a lo que realmente necesitan (pagar deudas, hacer obras, contratar mediante ofertas de empleo público, etc.), y en vez de eso utiliza ese dinero para fines partidistas condicionando su uso con multitud de planes vistosos que vende públicamente para su provecho particular, especialmente fines electorales.

Y para colmo sin resultados positivos para Andalucía, pues ya me dirán ustedes que riqueza crea contratar a desempleados para la “realización de proyectos de cooperación social y comunitaria” por los Ayuntamientos. De hecho, la Ley 2/2015 menciona realizar “obras y servicios”. ¿Se trata de otro “plan E”, de tener ocupada a las personas desempleadas mientras duren las obras o los servicios? ¿Esto es lo máximo que alcanza la “intelectualidad” del PSOE para crear riqueza en Andalucía? Resulta lamentable. Lo peor de todo es que seguirán consiguiendo el voto cautivo para mantenerse en el poder, ante la pasividad de una oposición política que parece aplaudir la medida, una oposición tan inútil como el mismo PSOE.

Y ojo al problema que plantea financiar contratos por los Ayuntamientos, así como por otras entidades, porque crea un problema grave en las justificaciones: la Junta no dispone de los medios necesarios para comprobar si los documentos justificativos que se presentan por dichas entidades beneficiarias (contratos, nóminas, etc.) para justificar el empleo de estas ayudas, se presentan igualmente para justificar otras ayudas públicas que otorgue el Estado y la Comunidad andaluza. Y aunque se hicieran controles posteriores por la Intervención, no sería posible detectarlo, dado que no hay conexiones entre las diferentes Consejerías, ni entre éstas y el Estado. La bolsa de fraude está servida, y los corruptos que viven de las ayudas públicas lo saben.

El día que la Comunidad deje de subvencionar tanto y a tantos, reduzca su Administración paralela y baje los impuestos, entre otras medidas, descubriremos en Andalucía lo que es crear riqueza, disminuyendo la corrupción.

Y el segundo motivo esgrimido por el diputado Sánchez Romero, que ha sido la tónica de todos los grupos parlamentarios –menos el PSOE-, es que no se puede con un Decreto-Ley solucionar el caos existente en el SAE (Servicio Andaluz de Empleo), cimentado únicamente por los gobiernos del PSOE durante años.

En un artículo próximo explicaré con detalle como el PSOE ha llevado interesadamente al caos la organización del SAE y de otros entes, y les demostraré por qué tenía tanto interés en crear urgentemente las agencias empresariales para incorporar en ellas al personal que fue contratado al margen de los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad en distintas fundaciones, consorcios, empresas públicas y sociedades mercantiles. Desde aquí advierto a la ciudadanía y a la oposición política en el Parlamento que la intención de crear una nueva agencia empresarial para introducir al personal del ente “Andalucía Emprende- Fundación Pública Andaluza” es otra argucia del PSOE en su política de crear más caos dentro de la Administración. Ya conocen el dicho popular: “a río revuelto, ganancia de pescadores”.

A continuación les detallaré como el Gobierno andaluz consigue, una vez más, que el árbol no deje ver el bosque en materia de empleo.

El PSOE, ante su continuo fracaso en materia de creación de riqueza y empleo, ha inventado otra estrategia para luchar contra el desempleo en Andalucía: la Agenda por el Empleo. Esta estrategia, aprobada por el Gobierno andaluz el 22 de julio de 2014, ha sido fruto del “diálogo social con los agentes económicos y sociales más representativos de Andalucía” (así le llaman al reparto de la tarta): CEA, UGT-A y CCOO-A. Una vez más, todos a participar de la comilona pagada por los demás.

El Gobierno andaluz puso en marcha distintas medidas, plasmadas en el Decreto-ley 6/2014, por el que se aprueba el Programa Emple@Joven y la Iniciativa @mprende+, en el Decreto-ley 9/2014, por el que se aprueba el Programa Emple@30+, así como en el Decreto-ley 2/2015, de medidas urgentes para favorecer la inserción laboral, la estabilidad en el empleo, el retorno del talento y el fomento del trabajo autónomo.

Todos los grupos parlamentarios han dado por válido jurídicamente estas normas, sin que ninguno haya expresado, ni en el Parlamento ni públicamente, lo que llevo denunciando en numerosos artículos, con fundamentación jurídica avalada por el Tribunal Constitucional: la Comunidad Autónoma de Andalucía no tiene competencias para regular condiciones y requisitos de los beneficiarios de posibles ayudas en materia de empleo. Es una competencia exclusiva del Estado. Si lo hace –y en las normas indicadas lo hace-, vulnera la Constitución española. Y la UE debería saberlo, a no ser que esté mirando para otra parte por motivos interesados.

No voy a extenderme más en esta materia, pues para ello pueden leer lo que escribí en el artículo “Investigación de la formación para el empleo”. Insisto: la Comunidad andaluza sí puede emplear fondos propios para fomentar el empleo, y utilizar para la gestión de esos fondos sus órganos administrativos, pero en ningún caso puede regular condiciones ni requisitos para otorgar ayudas. Para eso están las normas del Estado. Y respecto a los Ayuntamientos, más grave es el asunto, pues sólo podrían ejercer las competencias de ejecución en materia de empleo si se las delegara la Comunidad Autónoma o el Estado, y siempre que cumpliera determinados requisitos legales.

Ni el PSOE ni el PP dicen algo al respecto en Andalucía, quizá porque mientras estuvieron en el gobierno de la nación, no han recurrido dichas normas, salvo en pocos casos. Y no quieren remover el asunto, no vayan a salir salpicados en el caso de los ERE y de la formación para el empleo, como les expliqué en anteriores artículos.

Respecto a IU, como fue socia del PSOE en Andalucía en la anterior legislatura, y permitió esas aberraciones, igualmente calla y traga lo que le echen. Pero lo que no puede entenderse es que Podemos y Ciudadanos pasen por lo mismo, dado que hasta ahora no han estado en ningún gobierno, ni en el de la nación ni en el andaluz. Y en este caso, es Ciudadanos quien tiene la sartén por el mango, pues sólo su apoyo mantiene al PSOE vivo en Andalucía. Si permite al PSOE esa ilegalidad manifiesta, será cómplice una vez más.

En política no cabe sólo vivir de lo público, promocionarse en el partido de turno por si puede pillar algo mejor, pavonearse ante todos, ser el protagonista de las numerosas entrevistas realizadas por medios de comunicación en las que callan los sapos que el partido de turno les hace tragar, a fin de no resultar incómodo en el partido o agrupación que está en manos del jefe de turno. Exige responsabilidad, decir lo que verdaderamente piensa en beneficio de la ciudadanía, trabajar por el bien de todos, marginando intereses partidistas y particulares, y, por supuesto, actuar dentro de la Ley, porque si esto también falla, si el Estado de Derecho no se respeta, acabaremos viviendo en una jungla ingobernable.

Cosas de Andalucía, la Cosa Nostra.