Alaya y la inseparación de poderes

Artículo de Manuel Ramos

La juez Mercedes Alaya es un referente moral para muchos españoles así que cuando hace declaraciones públicas suele llamar la atención porque ha demostrado un criterio íntegro. Todo ello acompañado de la instrucción del uno de los casos de corrupción más grandes de España, en cuanto a dinero defraudado y también a personas relacionadas. 

Este miércoles pasado Alaya pronunció una conferencia en el Hotel Las Arenas de Valencia, organizada por Foro de Opinión Cívico de la Comunidad Valenciana. Como cuenta el digital Valencia Plaza, la juez ha manifestado su parecer sobre la corrupción que ha aflorado recientemente en torno al Partido Popular (PP) y los manejos que desde el poder ejecutivo se ejerce sobre el judicial para proteger a los corruptos. La explicación parte de la experiencia personal. La pregunta venía al hilo de las conversaciones entre Ignacio González (PP, expresidente de la Comunidad de Madrid) y Eduardo Zaplana (PP, expresidente de la Generalidad Valenciana). Reproducimos lo que le comentaba González a Zaplana, este último ministro con Aznar:

«Vamos a ver Eduardo, tenemos el Gobierno, el Ministerio de Justicia no sé qué y tal, y escucha, tenemos a un juez que está provisional... tú lo asciendes... yo le digo, a ver, venga usted, ¿cuál es la plaza que le toca? Onteniente, a tomar por el culo a Onteniente y aquí que venga el titular, que ya me apañaré con el titular, coño»

Este compadreo de poner y quitar jueces, que puede ser calificado como algo digno de la mafia más siniestra, es contestado con Alaya con esta declaración: "Claro que mueven los jueces a su antojo. Yo estoy en la Sección Séptima porque no se me permitió quedarme porque el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) votó unánime, PP y PSOE, y por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA)". Lo que todos sospechábamos ella se atreve a decirlo públicamente. Añade que "no se puede utilizar a los fiscales como lacayos". Y cualquiera está con ella pero, ¿cuál es la raíz del problema? La misma Alaya da en el clavo: "El Gobierno elige al fiscal general del Estado, y este a los de Anticorrupción. El Gobierno está presente en todos los casos de corrupción". Pero ya ha citado, además, a los principales órganos judiciales que la controlaban. El CGPJ y el TSJA.

Afirma la juez que "el Ministerio Fiscal tiene dos problemas, la jerarquía y la unidad de actuación". Esos “problemas” no serían tales si el fiscal fuera independiente y la Justicia, en lugar de aplicarse en nombre del rey se aplicara, como en EEUU, en nombre de la Ley.

En España, cualquiera que tenga dos ojos lo ve, no hay separación de poderes. Pero no porque el poder judicial se vea maniatado por el ejecutivo. Los verdaderos poderes del Estado son el ejecutivo y el legislativo, la coerción y la legislación. Los jueces y fiscales en democracia están atados al texto legal y más aún en un sistema codificado como el continental/europeo. Lo que se le debe pedir a una persona que ejerce profesión jurídica es la independencia, la mayor libertad y conocimiento de la Ley para aplicarla sin presiones. Lo que denuncia Alaya es precisamente la total injerencia del ejecutivo cuando se trata de casos de ámbito partidista, cuando afecta a la oligarquía de partidos.

Sobre este particular señala que "los fiscales son implacables en los delitos comunes, pero no se comportan de la misma manera en los casos de corrupción". Se queja de que "conceder la instrucción a un Ministerio Fiscal absolutamente politizado dejará al juez como si fuese una figura de piedra. No hay garantías de que nos llegue la realidad de lo que se ha investigado". Y es que un fiscal, y sobre todo el Fiscal General del Estado, ¿a quién va a defender? ¡Pues al Estado! Si los españoles supieran diferenciar nación y Estado se darían cuenta de que tienen el enemigo delante de las narices. Como los partidos son estatales, no son de la sociedad civil sino que son órganos del Estado, cuando hay un problema todos los mecanismos actúan para proteger cualquier ataque o minimizar los posibles traspiés. A ver, corrupción hay constantemente, lo que conocemos hoy es lo que se filtra.

Lo curioso del Estado de partidos actual es que los medios de comunicación, armas de la sociedad civil para informarse sobre la política, están completamente vendidos al poder. La misma Alaya lo afirma que "los medios de comunicación están a favor del poder". "Los partidos políticos dan órdenes para hablar muy poco de temas judiciales", añade. El mismo diario El País, al referirse a esta noticia titula: La juez Alaya ataca a Moix: “No se puede utilizar a los fiscales como lacayos”. Es decir, Alaya ataca a una persona. El País oculta deliberadamente la crítica al régimen de poder y de designación de cargos en el Estado. Una maniobra más de ocultación del verdadero problema: la no separación de poderes.

Sin embargo la batalladora magistrada sabe de leyes pero no sabe de política. Como es natural, en el transcurso de la conferencia es interpelada para ofrecer soluciones ante al panorama tan desalentador que describe. Es entonces cuando demuestra no saber cuál es la clave de la democracia: la lucha entre poderes. Una lucha eterna que tiene que ser forjada por una constitución que divida y separe los poderes, además de que configure la representación de los ciudadanos, aunque ese es otro tema. Si no hay una constitución que separe los poderes no puede haber ni poder judicial ni democracia. ¿Por qué se equivoca Alaya? Porque propuso “un pacto de Estado entre las principales fuerzas políticas para evitar que ningún procedimiento pueda ser moneda de cambio para pactos entre partidos, algo que está ocurriendo".

Es decir, todavía la juez cree que los mafiosos se van a poner de acuerdo entre ellos para no robar. Esa ingenuidad propia de años y años de propaganda machacona repitiendo que “España es una democracia” “la democracia que tanto nos ha costado conseguir” “la democracia que nos hemos dado”. Todas estas décadas pesan sobre las mentes de los siervos del Estado que siguen pensando que este régimen puede regenerarse y convertirse en lo que no es. Los “pactos de Estado” sólo se hacen entre estados. Italia y España, Francia y Alemania, etc. Los pactos de un Estado consigo mismo, sin otro poder que lo vigile resulta como decirse a uno mismo que se va a levantar temprano sin tener luego que dar cuentas a nadie. ¡Qué fácil sería quedarse en la cama! ¡Qué buenos negociadores somos con nosotros mismos para estar 5 minutos más bajo las sábanas! Pues eso mismo cuando es Estado dice que va a hacer un “pacto de Estado”.

Hasta que este régimen no caiga por falta de oxígeno electoral o algún cataclismo político/económico, la mal llamada constitución consolida un régimen de poder que otorga toda la libertad política a los partidos estatales. Los jueces, los funcionarios, los legisladores, los trabajadores por cuenta propia o ajena y todo hijo de vecino tenemos nuestros derechos otorgados. Los únicos con verdadera libertad son los partidos… y el rey. Son impunes y si aparece alguna sombra, cambian jueces y fiscales. ¿Cabe alguna situación más privilegiada?

Pedro de Tena nos actualiza el estado del proceso judicial por los ERE fraudulentos de Andalucía, el caso del que echaron a Alaya. Se aproximan declaraciones de 22 altísimos cargos de la Junta de Andalucía. Entre ellos Chaves y Griñán. Pero también Magdalena Álvarez, Gaspar Zarrías, José Antonio Viera, Francisco Vallejo, Antonio Fernández o Carmen Martínez Aguayo. ¿Creen ustedes que van a pagar por los cientos de millones que han defraudado a los españoles? Ustedes saben como yo que cuanto más alto es el cargo, más baja es la condena. Y aun así, hay gente que sigue llamando a esto democracia.