Las mentiras de la jornada de las 35 horas

   Artículo de Antonio Barreda

Zapatero decidió castigar a los empleados públicos en 2010, cuando anunció en el Congreso de los Diputados que rebajaba en un 5 % la nómina

Montoro continuó con la poda de derechos y salarios de los empleados públicos. Más congelaciones e incluso la supresión de la paga extra de la navidad de 2012

El 2 de junio de 2016 el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó el acuerdo suscrito el 2 de junio por la Mesa General de Negociación que suponía la recuperación progresiva de los derechos suspendidos en 2012

El gobierno nacional sabía de este decreto de las 35 horas desde octubre de 2016 y silenció el posible recurso en el Tribunal Constitucional

Moreno Bonilla ha intentado que no le salpique esta polémica con la Junta, pero finalmente ha salido tocado por ella

Parece que no va a acabar nunca la aversión que tiene el gobierno de Mariano Rajoy con los funcionarios y empleados públicos y de lo que Montoro – que es funcionario - es su brazo ejecutor. Los empleados públicos son los primeros a los que se les ha hecho pagar el precio de la salida de la crisis. Pero no solo lo ha gestionado este gobierno. Desde la época de Solchaga o Miguel Boyer el gobierno de turno siempre ha atacado con saña los derechos laborales de los empleados públicos en su conjunto. Y lo ha hecho para ponerlos de ejemplo a toda la sociedad, para que la confederación de empresarios tuviera las tijeras bien afiladas cuando se sentaba a rebajar las condiciones laborales del conjunto de los trabajadores en España.

Zapatero decidió castigar a los empleados públicos en 2010, cuando anunció en el Congreso de los Diputados que rebajaba en un 5 % la nómina de todos los empleados públicos y congelarlas en 2011. Se convertía en el primer presidente que rebajaba los sueldos de los empleados públicos. Todo un aldabonazo de aviso a todos los trabajadores de la privada. Hasta la fecha tan solo se habían congelado los salarios de los empleados públicos en dos ocasiones, en 1994 con Felipe González de presidente y la segunda en 1997 con el primer mandato de Aznar. 

A esto se sumaba la suspensión para 2011 de la revalorización de las pensiones, excluyendo las no contributivas y las mínimas, la eliminación del régimen transitorio para la jubilación parcial de la Ley 40/2007 y la eliminación del cheque bebé, la prestación por nacimiento de 2.500 euros a partir del 1 de enero de 2015. Se inauguraba toda una poda en derechos y en salarios de los empleados públicos y, subsidiariamente, de los pensionistas en España. 

Montoro continuó con la poda de derechos y salarios de los empleados públicos. Más congelaciones e incluso la supresión de la paga extra de la navidad de 2012, aunque esta última la ha ido devolviendo, poda de moscosos, etc. Esto lo aprovechó la Junta de Andalucía para realizar todo un conjunto de recortes a los empleados públicos andaluces, recortes que se ampliaron en Andalucía a la eliminación de toda la acción social en su conjunto, eliminación de premios de jubilación por Convenio Colectivo del personal laboral de la Junta, y el hecho de que aún no hayan devuelto la última parte que queda por pagar de la paga extra suprimida en 2012.

La recuperación de los derechos perdidos

Sin embargo, la Junta avanzó antes que el gobierno de Rajoy para recuperar derechos de los empleados públicos. Así, el 2 de junio de 2016 el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó el acuerdo suscrito el 2 de junio por la Mesa General de Negociación Común del Personal Funcionario, Estatutario y Laboral de la Administración de la Junta, que suponía la recuperación progresiva de los derechos suspendidos en 2012 como consecuencia de la aplicación en Andalucía de las normativas estatales de reequilibrio económico-financiero.

Entre los derechos que se reponían en este acuerdo destacan la jornada laboral de 35 horas semanales, que volvió a implantarse a partir de 2017, y la devolución de la paga extra completa del mes de diciembre de 2012. Respecto a la jornada, la medida tendrá en cuenta las características especiales del sector sanitario, donde se aplicará en función de los turnos de trabajo diario, mientras que en el ámbito docente se implantará progresivamente a partir del curso 2017-2018 por razones de organización y planificación del calendario escolar. Por su parte, el abono de las cantidades pendientes se realizaría con el siguiente reparto equivalente: 48 días en la nómina de septiembre de este año, 46 en febrero de 2017 y 45 en febrero de 2018.

En relación con los días adicionales de vacaciones en función del tiempo de servicio prestado, el acuerdo recoge que a partir de los 15 años de antigüedad serán 23 hábiles anuales que se incrementarán en uno más a los 20, 25 y 30 años. En 2016, el personal con derecho a estos días puede ya disfrutar de dos días adicionales como máximo, que en 2017 se ampliarán a cuatro (el máximo posible).

Asimismo, se establecía la restitución progresiva del 10% que se suprimió de los conceptos retributivos variables por consecución de objetivos, incentivos al rendimiento, complementos de productividad, atención continuada y carrera profesional, entre otros. Esta medida se llevará a cabo en dos tramos, a razón de un 5% en el ejercicio de 2018 y otro 5% en 2019, aunque habrá que esperar a este año de 2019 para recuperar las ayudas de acción social.

Tampoco se debe olvidar la normalización de devolución de los recortes.  Los empleados públicos de la Junta perciben desde junio de 2015 la totalidad de sus pagas extraordinarias y desde el 1 de enero de este año sus retribuciones han crecido un 1%, el máximo permitido por la legislación estatal, al igual que pasa ya en 2017 que van a pagar el 1% de subida con atrasos desde enero. También desde enero de 2016 todo el personal con relación no permanente ha recuperado el 100% de la jornada de trabajo y las remuneraciones. Además, la administración autonómica ha devuelto ya los días adicionales de permiso por asuntos particulares en función de la antigüedad.

También se han dado pasos, aunque lentos en el Estado. En la Mesa General de Negociación de finales de marzo el ministerio de Hacienda y Administración Pública con los sindicatos firmaron la conversión de 250.000 interinos en fijos en tres años. Así, la oferta de empleo público ascenderá a 67.000 plazas, de las que 19.000 serán del Estado, 28.144 plazas, aproximadamente se convocarán en las comunidades autónomas y en torno a 20.000 plazas en las entidades locales. Pero convocatorias derivadas por presiones de la sentencia del Tribunal Europeo sobre los interinos en España.

La polémica sobre la jornada de las 35 horas

El BOJA del día 19 de octubre de 2016 publicaba el Decreto-ley 5/2016, de 11 de octubre, por el que se regula la jornada de trabajo del personal empleado público de la Junta de Andalucía, donde se establecía, con carácter general, la vuelta a la jornada laboral de las 35 horas. El mismo incluía 5 puntos.

 

1. A partir del 16 de enero de 2017 el personal a que se refieren las letras a), b) y c) del artículo 3 de la Ley 3/2012, de 21 de septiembre, de Medidas Fiscales, Administrativas, Laborales y en materia de Hacienda Pública para el reequilibrio económico-financiero de la Junta de Andalucía, recupera la jornada ordinaria de trabajo de treinta y cinco horas semanales de promedio en cómputo anual, cuando así lo tuviese reconocido con anterioridad en su regulación específica.

Los procesos de adaptación que deban llevarse a cabo para la efectiva implantación de esta jornada en la Administración de la Junta de Andalucía, sus entidades instrumentales y consorcios, serán objeto de la correspondiente negociación colectiva en su ámbito respectivo.

Todo ello sin perjuicio de las demás modalidades de jornada normativa o convencionalmente establecidas, que se adaptarán a esta jornada ordinaria en lo que fuere necesario.

2. El horario en el que se realizará la jornada ordinaria del personal estatutario y laboral de las instituciones sanitarias se aplicará en función de los turnos de trabajo diario que, con la necesaria flexibilidad, se establezcan a través de pactos con los representantes de las personas trabajadoras y que se adaptarán a esta jornada ordinaria.

3. En el ámbito del personal docente que imparte las enseñanzas reguladas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, debido a la necesaria planificación y adaptación al calendario escolar, la implantación de la jornada de trabajo de treinta y cinco horas semanales de promedio en cómputo anual y la jornada lectiva de 18 horas, serán coincidentes con el inicio del curso escolar 2017-2018.

En este sentido, el restablecimiento de las 18 horas de la parte lectiva de la jornada semanal del personal docente, a excepción del que imparte las enseñanzas de educación infantil y primaria y el de los Centros Específicos de Educación Especial, se llevará a cabo reduciendo una hora lectiva en el curso escolar 2017-2018 y otra hora en el curso escolar 2018-2019.

4. El personal que ocupa puestos de trabajo que tengan establecida la dedicación exclusiva deberá realizar, además de la jornada general de trabajo, el número de horas anuales que dicha dedicación suponga.

5. Se podrán establecer jornadas especiales a través de pactos con los representantes de las personas trabajadoras.

La postura de Rajoy

 

El gobierno nacional sabía de este decreto desde octubre de 2016 y silenció el posible recurso en el Tribunal Constitucional. Nada pasa al azar, y si nos fijamos las fechas son importantes. Coinciden con la defenestración política de Pedro Sánchez el 2 de octubre de 2016 en un tumultuoso Comité Director por el veto al gobierno de Rajoy o la abstención. El día 30 de ese mismo mes, el gobierno de Rajoy superaba la investidura gracias a las 68 abstenciones de los diputados del PSOE en el Parlamento y establecía puentes de diálogo con el PSOE de cara a la estabilidad del gobierno nacional y la aprobación de los presupuestos.

Luego han venido las primarias en el PSOE donde le han dado una hostia, como ella definió, a Susana Díaz, el triunfo de Pedro Sánchez en las primarias el pasado mayo ofrecían un cambio de status quo al gobierno de Rajoy. El “no es no” volvía ahora con fuerza, como paralelamente se producía una moción de censura de PODEMOS que fracasó estrepitosamente por carecer de apoyos.

La llegada de Pedro Sánchez a la Secretaría General del PSOE ha hecho volar todos los puentes que había entre el PSOE de la gestora y el gobierno nacional. Fruto de ese encontronazo es que el gobierno de Rajoy daba por cerrada cualquier puerta o negociación que hubiera con el PSOE. Y entre ellas estaba la jornada laboral de las 35 horas del gobierno de Susana Díaz. Por ello ha esperado hasta el pasado consejo de ministros del 14 de julio para recurrir ante el Tribunal Constitucional el decreto Decreto-ley 5/2016, de 11 de octubre, por el que se regula la jornada de trabajo del personal empleado público de la Junta de Andalucía.

El delegado del gobierno en Andalucía sale en defensa de Rajoy

El mismo 14 de Julio Antonio Sanz, al que no se le conoce nómina fuera de la política, y que es el delegado del Gobierno en Andalucía, lanzaba una nota de prensa contra el gobierno de Susana Díaz, donde indicaba que el recurso del Gobierno contra las 35 horas en el sector público andaluz busca “garantizar la igualdad de horarios" en toda España y ha emplazado a la Junta a rectificar la medida "ahorrando un nuevo episodio de confrontación”.

El delegado ha precisado que, aunque la Junta defiende su competencia para regular la jornada de su personal, el Gobierno estima que su decreto-ley de 2016 contraviene la disposición adicional septuagésima primera de la Ley de Presupuestos del Estado para 2013, que estableció la jornada de personal al servicio de las Administraciones Públicas en 37,5 horas, así como el artículo 3 del Real Decreto-ley 14/2012, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo.

Además, el Gobierno considera “que un decreto-ley no es el instrumento adecuado para regular la jornada de los empleados públicos, al existir una legislación estatal en la materia”. También ha acordado el Ejecutivo presentar un recurso contra el Presupuesto de Andalucía para 2017, que habilita la contratación de personal laboral temporal y el nombramiento de personal estatutario temporal y funcionario interino, cuando sea necesario, para reforzar la plantilla por la aplicación de la jornada laboral ordinaria de 35 horas semanales. O sea, que no se puede contratar personal para reforzar las plantillas, lo que en sí supone un ataque en toda regla a las prestaciones de servicio públicos en Andalucía.

El papel del ceniciento Moreno Bonilla

Moreno Bonilla ha intentado que no le salpique esta polémica con la Junta, pero finalmente ha salido tocado por ella. Primero porque no define si está o no de acuerdo con la norma de las 35 horas tanto en Andalucía como en España, y segundo porque le imponen un recurso el gobierno de su partido que incide en la calidad de vida y los servicios públicos que se prestan en Andalucía.

Esto es lo mismo que el gobierno de Rajoy le hizo al PP de Andalucía de Arenas cuando le impusieron la reforma laboral y los recortes sociales que reactivaron a los sindicatos y perdió la posibilidad de gobernar en Andalucía frente al inocuo Griñán. El actual delegado del gobierno no debe olvidar la espantá que dio junto a su señor Arenas cuando llegaron a las puertas de San Telmo, para luego deambular por su partido en busca de una nómina donde refugiarse.

Moreno Bonilla parece que ha hecho un master en mediación y quiere ahora aparecer como el hombre de consenso en Andalucía para indicar que ha mantenido contactos con Montoro para que el recurso de amparo en el Constitucional no tenga efectos inmediatos y los empleados públicos andaluces no vean peligrar su horario. “Si se puede evitar que se evite” ha señalado totalmente circunspecto. Además, acusaba a Susana Díaz de que esta medida se debe a una estrategia electoralista. Cuando hay que recordarle al ceniciento Moreno Bonilla que quedan aún dos años para cualquier cita electoral, con lo que se queda sin argumentos.

El gobierno de Rajoy recula con la jornada de las 35 horas

El pasado 17 de julio conocimos que el gobierno de Rajoy se había comprometido a revisar sector a sector para decidir en qué ámbitos de la Administración se puede reducir la jornada laboral de los funcionarios a 35 horas. Su intención es incluir esta rebaja ya en los Presupuestos Generales del Estado del próximo año. “Se va a revisar su posible aplicación de cara a los Presupuestos de 2018”, explicó el secretario de Estado para las Administraciones Territoriales, Roberto Bermúdez de Castro, tras la reunión del comité de seguimiento de la Conferencia de Presidentes que presidieron la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. 

El propio Montoro también le aseguró al vicepresidente de la Junta y consejero de la Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática, Manuel Jiménez Barrios, que su intención es “hacer todo lo posible por evitar la conflictividad”, cuando el propio delegado del gobierno en Andalucía ya acusaba en su nota de prensa del pasado 14 de julio de conflictividad al gobierno de Susana Díaz, sacando su etapa política más oscura de confrontación que ya ejerció cuando era portavoz del grupo parlamentario popular en el Parlamento de Andalucía.

Bermúdez de Castro confirmó la voluntad del Gobierno de analizar “a futuro” los distintos sectores; el plazo que se dio es breve puesto que enmarcó la revisión en el ámbito de tramitación del proyecto de Cuentas del Estado para 2018 que deberán remitirse al Congreso de los Diputados a finales del mes de septiembre. “El ministro ha planteado la posibilidad de ir viendo sectores específicos que necesiten, en función de su particularidad, un ajuste de la jornada”, explicó el consejero andaluz de Presidencia.

En términos económicos, una rebaja de la jornada laboral en el conjunto del sector público tendría un impacto de hasta 1.200 millones de euros, según las cifras que en abril ya ofreció la secretaria de Estado de Función Pública, Elena Collado. 

Sin embargo, el anterior responsable de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, cifró en 2.500 millones el ahorro que obtuvieron las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos cuando se implantó la medida en 2012. Fue una de las actuaciones con las que, desde la Administración Pública, se trató de hacer frente a la crisis y junto a su anuncio Beteta también señaló a los funcionarios que debían olvidarse “del cafelito y de leer el periódico” y ser más productivos.