Los claroscuros del PP de Moreno Bonilla

 Artículo de Antonio Barreda

Lleva a la política la mejor definición del arte de no hacer nada, y junto a su equipo de ninis del PP tienen la estrategia de no ganar nunca en Andalucía.

El rescate a la banca ha costado al menos 60.718 millones de euros, según informó el pasado enero el Tribunal de Cuentas en base a datos de cierre de 2015.

Algo que nos oculta Moreno Bonilla en sus demandas a la Junta de Andalucía son las gestiones de sus compañeros del PP de Madrid sobre la sanidad.

Las mentiras de Moreno Bonilla sobre la jornada de las 35 horas.

Moreno Bonilla es la mejor oposición de Susana en Andalucía. Lleva a la política la mejor definición del arte de no hacer nada, y junto a su equipo de ninis del PP tienen la estrategia de no ganar nunca en Andalucía, que con los contratos que se reparten entre diputados, asesores y demás cubren sus necesidades, que para eso Arenas ya hizo un PP municipalista. Y todo porque le debe obediencia debida a quien lo puso a dedo desde Madrid, dando el mayor ejemplo de dedocracia dentro de un partido. El dedo de Rajoy señaló a un funcionario del PP como era Moreno Bonilla para que conquistara el trono de la Khalessi de Triana. Pero ni tiene tropas, ni gente, ni ideas, ni ilusión alguna para esa tarea. Y mira que se lo pone fácil el PSOE de Andalucía para hacer oposición.

Estos días anda Moreno Bonilla perdido y enredando en las 35 horas de los funcionarios de la Junta de Andalucía y en los problemas de la sanidad de Andalucía. Pero vamos por partes. Porque pocos nos han explicado el costo de la crisis. No debe olvidarse que ninguno de nosotros ha sido responsable del crack español de 2.008, ni tampoco de la época de vino y rosas que nos vendían los gobiernos del PSOE de Zapatero. Con una banca cuyas cajas de ahorro públicas tenían en su cúspide a gestores que eran políticos y que han sido los grandes responsables de la banca rota del estado.

Conviene recordar que el rescate a la banca ha costado al menos 60.718 millones de euros, según informó el pasado enero el Tribunal de Cuentas en base a datos de cierre de 2015. La cifra es similar a los 61.495 millones en los que el Banco de España había cifrado las ayudas en un informe publicado el pasado septiembre y que arrojaba que solo se ha recuperado el 5 % de las ayudas financieras realizadas a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). El principal componente de este coste ha sido el derivado de las aportaciones al capital y cuotas participativas, que ascienden a 46.021 millones de euros, explica el Tribunal de Cuentas en su informe de fiscalización del proceso de reestructuración bancaria.

La operación que más ha costado es el saneamiento y posterior venta de CatalunyaBanc, que se ha llevado 12.676 millones de las cuentas públicas. Está incluso por encima de lo que ha costado rescatar a Bankia y su matriz BFA, que han supuesto un desembolso de 12.347 millones de euros. En cualquier caso, es esta última la que más ha centrado la atención en los últimos años, ya que el Gobierno aún posee una participación del 65%, de la que se deberá desprender antes de 2019. Por detrás se sitúa el Banco CAM, con un coste de 11.065 millones de euros para los españoles, mientras que Novacaixagalicia ha supuesto otros 9.159 millones.

El Tribunal de Cuentas aclara en su informe de fiscalización del proceso de reestructuración bancaria que “los recursos públicos comprometidos” en la reestructuración bancaria como consecuencia de las actuaciones realizadas sólo entre 2009 y 2015 ascienden realmente a 122.122 millones de euros. Al margen de ese importe, la Administración General del Estado otorgó avales a las entidades de crédito relacionadas con los procesos de reestructuración o resolución, por un máximo de 85.965 millones, aunque el saldo vivo de la única emisión sin amortizar es de 1.059 millones.

Los recortes sanitarios en la Comunidad de Madrid.

Todo este rescate se ha hecho con dinero público – a escote entre todos - a través de créditos financiados por la Unión Europea. Eso evitó el inmisericorde rescate que nos tenían preparado a la griega. Rebajas de pensiones, rebajas asistenciales del conjunto de servicios del estado del bienestar, aunque en la sanidad ha sido donde más daño han hecho los recortes. La diferencia es que mientras en la Comunidad de Madrid se llegó a poner en duda la viabilidad de la misma, se optó por privatizar la gestión.

Algo que nos oculta Moreno Bonilla en sus demandas a la Junta de Andalucía son las gestiones de sus compañeros del PP de Madrid sobre la sanidad que avergonzarían a toda una generación de españoles. El hoy detenido ex presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, junto a su consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, pusieron en marcha en 2012 el mayor proceso de privatización sanitaria de España: adjudicaron la gestión médica de seis hospitales a tres contratistas. Un contrato global de 4.600 millones euros para diez años. 

Pero, es más, subastarían la atención especializada de más de 1 millón de ciudadanos, a los que servían de referencia estos 6 hospitales, que sumaban entre sí 1.149 camas y 5.128 profesionales sanitarios y que pasarían a estar en manos privadas. Anunciaron incluso, en los presupuestos de 2013 de Madrid, la medida estrella de cobrar 1 euro por receta para contribuir al uso racional de los medicamentos, se excusaron, e incluso dijeron que era una medida más disuasoria que recaudatoria. Esta medida tenía hasta cuantificado el coste de 83 millones de euros en ingresos vía tasa de receta. Solo escapaban a esta medida los afectados de síndrome tóxico, discapacitados, las personas de rentas de inserción, no contributivas, los parados sin subsidio. En todo caso, se establecía un límite de 72 euros al año por persona.

Además, se potenciaba la iniciativa privada en la sanidad. Es decir, se extendía el modelo de hospitales privados con financiación pública (aplicado en Valdemoro, Torrejón y Móstoles) a otros seis hospitales más (Vallecas, San Sebastián de los Reyes, Parla, Henares, del Sureste y el del Tajo). Para defenderlo, afirmaban que el coste de la asistencia sanitaria es de 600 euros por habitante, y que aspira a reducirlo en 159 euros (a 441 por habitante). Es decir, si Madrid tiene 6.489.680 habitantes, estaríamos hablando de un pretendido ahorro de hasta 1.000 millones de euros, a lo que había que sumar que se preveía la posibilidad de abrir hasta un 10% los centros de salud a profesionales sanitarios que quisieran constituir sociedades para gestionarlos, como ya ocurría en Cataluña, donde fue la primera comunidad autónoma en cobrar un euro por receta. Añadiendo la externalización de todos los servicios no sanitarios como cocinas, lavanderías y mantenimiento de todos los hospitales de la Comunidad de Madrid.

Solo la Justicia pudo parar la mayor agresión realizada a los usuarios de la sanidad en España. El día 27 de enero de 2.014, cuatro magistrados rechazaron la petición de permitir avanzar en el traspaso a manos privadas de los hospitales. Ignacio González tras la presión social anunciaba que dejaba morir el proyecto, las empresas privadas no podían seguir esperando. Lasquetty dimitió, y de Ignacio González todos hemos sabido dónde está ahora por la gestión del Canal de Isabel II.

Los recortes sanitarios en Andalucía.

Los recortes no fueron solo en Madrid. Mientras la marea blanca salía en Madrid a defender la sanidad pública, en Andalucía asistíamos todos los andaluces atónitos a que nadie saliera a la calle a luchar contra los recortes sanitarios de la Junta de Andalucía. Aquí todos callaban. Hubo que esperar a que Jesús Candel movilizara a toda la sociedad granadina para que los andaluces tomaran conciencia de los recortes sanitarios. El régimen ha vendido estos años de crisis que tenía en la sanidad la joya de la corona. Y la realidad es que la sanidad andaluza está en una grave crisis provocada por los recortes de la Junta de Andalucía, el caos sanitario provocado por la mala gestión -derivado de la falta de recursos materiales y humanos-, y, sobre todo, por decisiones políticas inadecuadas que ponen en entredicho toda la política sanitaria de la Junta de Andalucía. Los ciudadanos se han cansado de tantas mentiras y de tanta publicidad engañosa de la Junta de Andalucía y se están movilizando al margen de partidos y sindicatos para reclamar sus derechos en la calle. 

Con los datos de la estadística del Gasto Sanitario Público que se publica en el Ministerio de Sanidad, la Junta de Andalucía es la segunda comunidad autónoma que más ha reducido en sanidad estos últimos años: mil millones de euros desde 2010 a 2016.  Los datos arrojan otro dato aterrador para los andaluces: mientras que el conjunto de las Comunidades Autónomas reducía en algo más de tres mil trescientos millones de euros el presupuesto de sanidad de 2010 a 2016, casi un tercio de esta cantidad era, en exclusiva, recortada por la Junta de Andalucía. Todo un tajo a la joya de la corona de la que tanto presume la presidenta Susana Díaz en el Parlamento y en la prensa. La otra comunidad recortadora es Cataluña con algo más de 1.400 millones en estos 6 años. O sea, que juntas recortaron 2.400 millones de euros.

Para que se hagan una idea del volumen de recorte, estos mil millones de euros significan un 10,19 % de presupuesto menos entre 2010 y 2016. Y eso se traduce consecuentemente en todos y cada uno de los problemas y espectáculos de camas en los hospitales andaluces que estamos viendo cada verano, en las interminables listas de espera de la sanidad andaluza y en la subasta farmacéutica que hace la Junta de Andalucía para recortar el gasto sanitario.

Las medidas de Rajoy.

Hay que recordar que una de las medidas estrella de Montoro para pagar a escote el rescate de la banca y pasarnos a nuestros bolsillos el costo total del mismo es el Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público. Entre las medidas para los empleados públicos estaban la congelación de las retribuciones, la prohibición de realizar aportaciones a planes de pensiones o contratos de seguro colectivos que incluyan la cobertura de la contingencia de jubilación, el que no se incorporara nuevo personal a la administración, y la no contratación de personal temporal ni interino, salvo causas de urgente necesidad y en sectores prioritarios, y la imposición de la jornada laboral de 37,5 horas a todos los empleados públicos.

Las políticas económicas de Montoro y de Luís de Guindos han hecho que la recuperación económica no sea igual para todos. La crisis y las políticas restrictivas han hecho que la economía haya perdido en su conjunto casi 35.000 millones de euros en salarios -una cantidad superior al presupuesto de la propia Junta de Andalucía para 2017-. Es decir, que la recuperación ha sido a costa del empleo y los salarios, y a favor claramente del capital.

La masa salarial total en 2016, según los datos del INE, fue de 526.000 millones de euros (incluidos las cotizaciones sociales). Esto significa que, a la hora de repartir los beneficios de la producción interna, los asalariados se quedan algo más de un 47% de lo producido, el dato más bajo de toda la serie histórica que arranca en el año 1995. Antes del estallido de la crisis los salarios representaban más de la mitad del PIB, con una masa salarial que alcanzó los 560.000 millones de euros en el año 2008.

Por la última EPA sabemos que el empleo ha crecido en España. El desempleo ha caído entre abril y junio por debajo de la cota de los cuatro millones de parados por primera vez desde el primer trimestre de 2009, una cifra que queda aún lejos de los 1,7 millones de desempleados que se registraron en el verano de 2007. Y no alcanza todavía los 3,2 millones anotados en el último trimestre de 2008.

Por los últimos datos del PIB de España sabemos que la economía española creció un 0,9% entre abril y junio de este año en comparación con el trimestre anterior. El Producto Interior Bruto (PIB) mejora así una décima su incremento trimestral y registra su mejor dato desde el tercer trimestre de 2015. Además, supone el segundo mayor crecimiento de España en un trimestre desde el final de la crisis. Sólo el 1% que creció la economía entre enero y marzo de 2015 mejora el dato revelado el pasado viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). De esta forma, España encadena 15 trimestres consecutivos con alzas del PIB, desde que la economía pasase de retroceder un 0,1% en el tercer trimestre de 2013 a crecer un 0,3% en el último trimestre de ese año.

Pero a pesar de estos datos macroeconómicos y de que se ha producido un aumento notable en el empleo las cuentas de la Seguridad Social no son positivas. Y es que gracias a la Reforma Laboral del gobierno de Mariano Rajoy la mayoría de las cotizaciones a la Seguridad Social son muy bajas por los contratos precarios y por los bajos sueldos que se pagan cuando se contrata.  Ahí está una parte muy importante de la generación del déficit de la Seguridad Social. Se recauda menos que en 2011 con más trabajadores de alta. Eso lo dice todo sobre los males de la precariedad del mercado laboral que ha generado el PP en España. Si los gastos siguen subiendo más que los ingresos la quiebra de la Seguridad Social llegará antes de lo previsto. Y esto nos afecta a todos. Pero nadie lo explica.

Las mentiras de Moreno Bonilla sobre la jornada de las 35 horas.

Ya comentamos la semana pasada el pasteleo entre la gestora del PSOE y el gobierno de Rajoy, entre la defenestración de Pedro Sánchez y la estrategia del gobierno del PP que conocía el decreto de las 35 horas en Andalucía desde que se publicó en BOJA en octubre de 2016 y no hizo nada para recurrirlo. La pérdida de las primarias por Susana Díaz y la llegada de Pedro Sánchez ha roto todos los pactos y diálogos que el PSOE había llegado con Rajoy.

El mismo día de la toma de la Bastilla y el inicio de la Revolución francesa, el pasado 14 de julio. El gobierno llevaba al Tribunal Constitucional la paralización del decreto de la Junta de Andalucía sobre las 35 horas. La medida cogió en fuera de juego a los funcionarios del PP de Andalucía con el ceniciento y grado en protocolo Moreno Bonilla a la cabeza, sabedor de que se la juega entre los más de 270.000 empleados públicos de Andalucía. Tras aparecer estos días pasados como mediador entre la Junta y Madrid, anunció que había mantenido diálogo con el ministro de Hacienda Montoro para que eliminara la suspensión cautelar de la jornada de las 35 horas y el recurso no tenga efectos inmediatos.

El pasado 26 de julio, el sindicato nacional de CC.OO., a través de su área pública, lanzaba un comunicado que indicaba que: Esta mañana CCOO, junto con otros sindicatos, se ha reunido con la secretaria de Estado de Función Pública, Elena Collado, para desarrollar el Acuerdo de Mejora del Empleo Público, firmado en marzo de este año, con el objetivo de acordar los criterios generales de la Oferta de Empleo Público (OEP) a convocar en los próximos dos años.

En relación con la recuperación de la jornada de 35 horas —tema que no estaba previsto tratar en la reunión pero que el sindicato ha planteado— desde CCOO se han criticado las declaraciones del PP en Andalucía, en las que afirmaban que se estaba negociando. “En la reunión se ha puesto de manifiesto que es falso que se esté negociando. Desde CCOO, como primer sindicato de las Administraciones Públicas, hemos instado al Gobierno a que respete el derecho a la negociación colectiva y los acuerdos alcanzados para recuperar los derechos robados, incluidas por supuesto las 35 horas. Y también les hemos reclamado que soliciten el levantamiento de la suspensión llevada a cabo por el Tribunal Constitucional”.