lunes, 11 de junio de 2018

La herencia de María Jesús Montero en Andalucía


Artículo de Antonio Barreda


La herencia de María Jesús Montero en Andalucía

La gran recaudadora de impuestos de Andalucía ha sido nombrada ministra de Hacienda en el gobierno de Pedro Sánchez. La exconsejera y ahora ministra Montero ha sido una de las más nefastas gestoras que ha tenido la Junta de Andalucía desde su existencia. Ha sido responsable de todos y cada uno de los recortes realizados a la sanidad y a la educación estos últimos años, unido a que ha sido la mayor exprimidora de los bolsillos de los andaluces, con una presión fiscal de las más alta de toda España.

La llegada a Madrid parece que la libera de todas las actuaciones negativas que ha tenido para con los andaluces. Pero no solo ha sido un lastre para la hacienda regional, sino que ha sido una mala gestora para los intereses de los andaluces convirtiéndose con el tiempo en una recaudadora de impuestos insaciable, sobre todo en el impuesto de sucesiones y donaciones con cuya recaudación ha logrado arruinar a miles de familias en Andalucía, antes de su modificación.

Ella es una de las responsables de los procesos de externalización de la Junta de Andalucía. Se entiende por “externalización” de servicios de la Junta de Andalucía el uso de trabajadores no vinculados a la función pública para realizar trabajos propios de funcionarios o empleados laborales de la Administración. Ya se utilice para tales fines personal de las empresas públicas dependientes de la Junta o sus Organismos, casi siempre Sociedades Anónimas regidas por el Derecho Laboral; ya se recurra a personal de Fundaciones u otros Entes Instrumentales; ya se resuelva mediante contratos administrativos para trabajos específicos o se acuda para proveerse de personal a empresas privadas contratadas.

Andalucía entre las regiones con mayor presión fiscal de España.

Es una de las regiones que más impuestos propios tiene con un total de ocho. Entre ellos, destacan algunos como el que grava las tierras infrautilizadas o las bolsas de plástico de un solo uso. El IRPF que aplica es también uno de los más altos de España y hasta la reforma del impuesto de sucesiones era la comunidad que tenía el impuesto más alto. A raíz de la presión ejercida por Ciudadanos Andalucía terminó aprobando una reducción de hasta un millón de euros que, desde 2018, ha igualado el tratamiento de las herencias en Andalucía con las normas vigentes en Madrid o Canarias. Lo que no ha hecho la exconsejera Montero es reducir el Impuesto de Donaciones de forma equivalente.

Según los datos de la Agencia Tributaria de Andalucía. La Junta de Andalucía recaudó en 2017 un total de 245 millones de euros entre el impuesto de sucesiones y donaciones. Por otro lado, Andalucía también se coloca a la cabeza en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y en el gravamen de Actos Jurídicos Documentados de toda España.

En cuanto al Índice de Frank, que mide el esfuerzo fiscal al poner en relación la recaudación tributaria con el PIB per cápita, encontramos que el marco de impuestos altos que ha venido aplicando Montero supera en un 44% el promedio nacional. Y es que, frente a un Índice de Frank de 0,16 puntos para toda España, Andalucía se mueve en 0,23, solo por detrás de Extremadura y sus 0,25.

En cuanto a la presión fiscal definida esta como comparativa entre recaudación tributaria y PIB Andalucía queda en la cuarta región con mayor presión fiscal. En España los impuestos se llevan el 38,7% de la renta, pero hay grandes diferencias entre unas y otras regiones. Así, en el extremo superior de la tabla aparecen Baleares (40,48% de la renta), Asturias (40,34%), Extremadura (40,24%), Andalucía (40,03%), Aragón (39,94%) y Castilla-La Mancha (39,68%).

Los recortes sanitarios en Andalucía.
Montero ha ninguneado sistemáticamente las críticas a la gestión de la sanidad, a la mejora de la misma y ha dado la espalda constantemente a los profesionales sanitarios, a los sindicatos, a los medios y a los ciudadanos. Estos  últimos se han levantado para denunciar las carencias del sistema público de sanidad y los brutales recortes que ha venido sufriendo estos años de crisis. Montero es la responsables de todos los recortes y tajos sanitarios realizados a la sanidad en Andalucía, tanto como consejera de salud como consejera de hacienda.

Andalucía es la comunidad autónoma que menos invierte en sanidad por habitante, tan solo 1.110 euros, mientras la media nacional es de 1.332 euros, según últimos datos publicados. Datos, que por cierto, ponen cifras también a los recortes de la Junta de Andalucía. En 2008 el año de la crisis, el gasto sanitario en Andalucía alcanzaba los 10.307 millones de euros mientras que en el año 2014 alcanzó tan solo los 8.737 millones de euros. Estas cifras nos indican que se recortaron o se dejaron de invertir en sanidad durante estos 6 años 1.570 millones de euros. (Recuerden que el dinero defraudado con los ERE fue de 844 millones de euros).

A lo que hay que añadir el brutal recorte perpetrado en materia de personal, con 7.500 puestos de trabajo amortizados por los responsables sanitarios de la Junta de Andalucía. El gasto ahorrado en remuneración de personal de los servicios hospitalarios y de la atención primaria, se eleva nada más y nada menos que a 808 millones de euros (algo más de 133 mil millones de pesetas). Desde 2009 a 2014 la Junta dejó de gastar 474 millones de euros gracias a prescindir de personal que prestaba servicios en hospitales. Ahorro en sueldos y contratos que se extendió a la atención primaria en la que dejó de gastar en contratos desde 2009 el a 2014 la cifra de 334 millones de euros.

Además, Montero es la ideóloga de la fusión hospitalaria en Andalucía que  no era más que una forma de ahorrar, pero no era una forma de gestionar la salud de los andaluces. Gracias a las fusiones las listas de espera se dispararon por toda la región. Montero es la responsable con los recortes de la sanidad que quien pueda pagarse la sanidad privada que se vaya de la pública

Estableció el corralito farmacéutico en Andalucía.

Montero fue la ideóloga de las subastas farmacéuticas en Andalucía. Con lo que es la responsable de la creación del corralito farmacéutico al que tiene sometido a los andaluces.  Está empezando ya a haber en España una sanidad de primera para unos ciudadanos y otra de segunda o tercera para otros ciudadanos. Problema que se agrava en Andalucía con la famosa subasta farmacéutica que el Tribunal Constitucional ha avalado, siendo Andalucía la que retira de la cartera medicamentos genéricos en beneficio de determinados laboratorios que son los que ganan la subasta.

Además, los laboratorios que ganan las subastas suelen ser extranjeros y pequeños, sin capacidad logística ni estructura suficiente, por lo que muchas veces renuncian a la subasta o dejan desasistido puntualmente el mercado. La subasta provoca también una ruptura de la unidad de mercado al excluir en la práctica durante dos años los medicamentos que no son seleccionados.

A lo que se añade el problema que los pacientes andaluces no tienen la posibilidad de elegir, como sí ocurre en otras autonomías, entre todos los medicamentos que se encuentran a precio más bajo. De los 10.000 medicamentos que se pueden vender en toda España con cargo a la Seguridad Social, en Andalucía solo se pueden dispensar 400, y tienen que ser de las subastas. A lo que se añade el que la Junta de Andalucía no ha publicado aun el supuesto ahorro que se da con las subastas, y menos aun dónde invierte ese supuesto ahorro farmacéutico.

La sanidad andaluza solo tiene un hospital entre los 10 primeros de España.

Gracias a los recortes y a las fusiones hospitalarias realizadas por Montero, con el beneplácito de Susana Díaz, ha conseguido hundir a la sanidad andaluza. Tanto es así que el último análisis de la sanidad pública realizado por Merco (Monitor Empresarial de Reputación Corporativa) Entre los 10 primeros hospitales de España tan solo hay uno andaluz, el Virgen del Rocío de Sevilla, que ocupa el puesto número 8. Los demás hospitales andaluces se van perdiendo en el listado del ranking de mejores hospitales de España. Así el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba está en el puesto 13, el Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla en el 15, el Complejo Hospitalario Regional de Málaga en el 22, el Hospital Universitario Virgen de Valme en Sevilla en el 26, el Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada en el 27, el Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga en el 34, El complejo Hospitalario Universitario de Huelva en el 35, El Complejo Hospitalario Torrecárdenas de Almería en el 40 y cierra la lista de hospitales andaluces el Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz en el puesto 41, descendiendo desde el puesto 30 que ocupaba el año pasado. Por otro lado, es imprescindible señalar que la provincia de Jaén no tiene a uno solo de sus hospitales públicos entre los 75 primeros de España.

El proceso de desmantelamiento de la Administración.

Montero, como responsable de la Hacienda y la Función Pública, ha sido una de las responsables del desmantelamiento de la propia administración de la Junta de Andalucía. Así, mientras la Junta de Andalucía reduce personal de la Administración General -personal que trabaja para las Consejerías y sus Organismos Autónomos-, sanidad y educación, su administración paralela no ha dejado de crecer estos últimos años con una clara intención clientelar y con otra descarada de que las potestades públicas pasaran a esta administración paralela. Además, el costo de mantener esta administración paralela supera con creces los 7.000 millones de euros.

Así nace el espíritu de la Ley 1/2011, con la idea de darle cobertura legal a esta administración paralela. Una ley -precedida de un Decreto- que cuela por la puerta de atrás  a 23.899 trabajadores de todos los entes instrumentales como empleados públicos, sin haber realizado una sola prueba de acceso a la Administración reguladas en la Ley 6/1985 de Función Pública de la Junta de Andalucía.

Desde 1997 hasta 2017, la Cámara de Cuentas ha fiscalizado con diferentes intensidades a entidades de esta administración paralela con un resultado común, detectando irregularidades en la contratación del personal. Como demuestra lo que indicaba en cuanto al personal de convenio de DAPSA (Desarrollo Agrario y Pesquero S.A.) en su integración en la Agencia Agraria y Pesquera de Andalucía, la Cámara de Cuentas indica que en relación con los expedientes analizados se concluye, en línea con lo señalado en el informe de control financiero permanente elaborado por la Intervención General de la Junta de Andalucía, y en cuanto a la provisión de puestos de trabajo en el ejercicio 2010, que los expedientes de personal contratado no aportan documentación suficiente para garantizar que se hayan respetado los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad.

El castigo a los empleados públicos andaluces.

Desde que Zapatero decidió castigar a los empleados públicos en 2010, cuando anunció en el Congreso de los Diputados que rebajaba en un 5 % la nómina de todos los empleados públicos y congelarlas en 2011,  se inauguraba toda una poda en derechos y en salarios de los empleados públicos y, subsidiariamente, de los pensionistas en España. Montoro continuó con la poda de derechos y salarios de los empleados públicos. Más congelaciones e incluso la supresión de la paga extra de la navidad de 2012, aunque esta última la ha ido devolviendo, poda de moscosos, etc.

Esto lo aprovechó la Junta de Andalucía para realizar todo un conjunto de recortes a los empleados públicos andaluces, recortes que se ampliaron en Andalucía a la eliminación de toda la acción social en su conjunto (que no ha sido repuesta), eliminación de premios de jubilación por Convenio Colectivo del personal laboral de la Junta, y el hecho de que aún no hayan devuelto aun parte de lo que queda por pagar de la paga extra suprimida en 2012.

Continuó con la congelación de las ofertas públicas y la poda de relaciones de puestos de trabajo al no reponer personal. Lo peor de estos años ha sido las 7.500 plazas recortadas en Sanidad que no han sido recuperadas, y los 4.512 efectivos de la Administración General recortados en la Junta de Andalucía entre personal funcionario y laboral que se han perdido estos años, en beneficio de la administración paralela de la Junta de Andalucía.

Luego empezó a devolver derechos como la jornada laboral de las 35 horas más interesada en el enfrentamiento con el gobierno de Rajoy que en que los trabajadores de la administración andaluza recuperaran de verdad las 35 horas sabedora del recurso al tribunal constitucional por parte del gobierno de Madrid.

La gran impulsora de la sanidad paralela.

Ella ha sido una de las responsables de la creación y extensión de la sanidad paralela en Andalucía, dando continuidad a un modelo sanitario que empezaron sus antecesores como Consejeros de Salud. Una sanidad paralela que no está integrada en el SAS, cuyo personal no es estatutario del SAS, sino personal laboral de las Agencias Sanitarias, con sus propios convenios colectivos y sometidos al derecho privado.

La Junta asume la financiación de las Agencias Sanitarias a las que encarga la función de proveedores públicos de servicios sanitarios, señalando en el Contrato Programa qué servicios han de prestar, a quien, cuando y en qué condiciones, realizando estas actividades en régimen de descentralización funcional.

Fueron 5 las Empresas Públicas que se crearon entre 1993 y 2006, la primera de ellas, la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES) fue creada para prestar asistencia a las emergencias sanitarias en toda la Comunidad Autónoma; las cuatro restantes, en la actualidad, asumen la gestión de 17 hospitales públicos y prestan servicios de atención especializada a una población de 1.287.938 habitantes. Son hospitales de especialidades (1), comarcales (3) y de alta resolución (13). Estas cinco agencias que conforman la sanidad paralela de la Junta de Andalucía, en este momento hay 5.053 empleados en su conjunto.

Ella fue la responsable desde la Consejería de Salud de la extensión de la sanidad paralela de Andalucía con la creación de los CHARES, ahora llamados HARES. Los Hospitales de Alta Resolución son centros incluidos en el Libro Blanco de Atención Especializada, (2004) elaborado por la Consejería de Salud por mandato del Parlamento andaluz y que llegaron a ser hasta 26 los prometidos. En junio de 2005 fue inaugurado el primero. Ahora funcionan 13 de ellos. El Toyo en Almería; Puente Genil y Valle del Guadiato en Córdoba; Alcaudete, Sierra del Segura y Alcalá la Real en Jaén; Utrera, Sierra Norte, Écija y Morón en Sevilla; Guadix y Loja en Granada; y por último Benalmádena en Málaga. El de Lebrija y el del Valle del Guadalhorce están abriendo escalonadamente, y aún están pendientes los HARE de La Janda en Cádiz, Lepe y Cazorla.

La gran impulsora de la externalización de la investigación sanitaria.

Con Montero de Consejera en Andalucía se ha ido tejiendo por toda la red sanitaria una serie de fundaciones que detentan la investigación y las patentes que generan el sistema público sanitario andaluz, con miles de trabajadores colocados en esta externalización. Es el caso de la Fundación Progreso y Salud, que tiene varias líneas de trabajo entre las que destacan la Agencia Andaluza de Calidad Sanitaria de Andalucía, la Línea Iavante (antigua fundación Iavante hoy integrada en la Progreso y Salud) para la formación y evaluación de Competencias profesionales, y la línea I+i donde está la Red de Fundaciones Gestoras de la Investigación y la Gestión de Centros y Proyectos, entre los que destacan la Iniciativa Andaluza de Terapias Avanzadas, el CABIMER (donde trabaja el exministro Bernat Soria), GENYO Centro Pfzier-Universidad de Granada-Junta de Andalucía de Genómica e Investigación Oncológica, BIONAND Centro Andaluz de Nanomedicina y Biotecnología, GBPA Genomics and Bioinformatics Platform of Andalusia, LARCEL Laboratorio Andaluz de Reprogramación Celular, La Biblioteca Virtual del Sistema Sanitario Público Andaluz (que dirige Verónica Juan Quilis, la mujer del citado exministro de sanidad socialista) y el BIOBANCO del Sistema Sanitario Público Andaluz.

El marco que regula las relaciones entre el SAS y la RFGI-SSPA, lo componen principalmente la Encomienda de Gestión a la Fundación Progreso y Salud, de derechos y transferencia de resultados derivados de investigaciones en ciencias de la salud realizadas en centros del SAS (BOJA nº 100; mayo de 2010) y el Convenio de Colaboración entre el SAS y las Fundaciones Gestoras de la I+D+i del SSPA firmado en febrero de 2012. La Red de Fundaciones Gestoras de la Investigación del Sistema Sanitario Público de Andalucía (RFGI-SSPA) está compuesta por siete fundaciones: FCÁDIZ (Cádiz), FIBICO (Córdoba), FABIS (Huelva), FIMABIS (Málaga), FISEVI (Sevilla), FIBAO (con carácter interprovincial, dando cobertura a Granada, Jaén y Almería) y la Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud (FPS) como entidad coordinadora de la Red.




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