lunes, 20 de enero de 2020

El Gobierno del PP y Cs se sumerge en un océano de ilegalidades


Un artículo de Luis Escribano


Con el presente artículo y los dos anteriores publicados, ya son tres los artículos consecutivos dedicados a incumplimientos legales del SAS, aunque hay anteriores publicados que habría que añadirlos a estos tres.

Tal como publiqué el pasado mes de noviembre en este mismo diario, en el reportaje de investigación titulado “El PSOE andaluz creó un sistema opaco para el “descontrol” del gasto sanitario que el nuevo Gobierno mantiene”, la Instrucción 8/2003 de la Intervención General de la Junta de Andalucía, sobre control financiero permanente en los centros de gastos periféricos del Servicio Andaluz de Salud (SAS), que ha sido modificada parcialmente por la Instrucción 8/2004 y la Instrucción 9/2017, eliminó el control previo de los gastos en 66 centros, distritos y áreas sanitarias de toda Andalucía, incluidos los cinco grandes Hospitales en los que ya se venía haciendo.

A la vista de dicha Instrucción 8/2003, la Asociación “Justicia por la Sanidad” solicitó el pasado 30 de septiembre de 2019, tanto al SAS como a la Consejería de Hacienda, a través del Portal de Transparencia de la Junta, determinados informes de cumplimiento de legalidad de los actos de gestión económico-financiera de los centro, tanto parciales como los anuales a realizar.

Dichos informes deben incluir, básicamente, los incumplimientos y abusos significativos que hayan sido detectados durante o en conexión con la auditoría, y recogerán una mención expresa del grado de observancia de la legislación aplicable.

Como ya ocurrió con otras solicitudes, el SAS –como Pilatos- derivó el 3 de octubre de 2019 dicha solicitud a la Consejería de Hacienda, Industria y Energía, y el 31 de octubre siguiente se recibió su resolución: la Interventora General de la Junta de Andalucía, Amelia Ignacia Martínez Sánchez, denegó el acceso a la información solicitada con unos pretextos absurdos, resolución que ha sido recurrida por la citada Asociación al Consejo de Transparencia de Andalucía, aunque no se espera que sea resuelto el recurso hasta mediados del año 2021, viendo los plazos actuales de resolución que mantiene dicho Consejo, que supera el año y varios meses.

El colapso del citado Consejo es absoluto teniendo en cuenta que el plazo legal para resolver es de 3 meses, sin que nadie ponga remedio (sus recursos humanos y económicos dependen de Consejerías del PP, Hacienda y Presidencia, y del Parlamento). No obstante, les recuerdo que la mayoría de su personal procede de reubicaciones “a dedo” realizadas por el Gobierno del PSOE. ¿Qué medidas está adoptando su Director, Manuel Medina Guerrero, para mejorar su gestión?

No obstante, la citada Interventora General de la Consejería de Hacienda manifestó en su Resolución que es el Servicio Andaluz de Salud el que, en su caso, “deberá decidir con arreglo a las normas y principios contenidos en las legislación sobre transparencia y protección de datos personales si concede o deniega el acceso a la misma.”

Es decir, el SAS remitió la solicitud de la Asociación a la Consejería de Hacienda porque consideró que era el órgano competente para resolverla, y este deniega el acceso añadiendo que es el SAS el que debe decidir, pero sin devolverle la solicitud al SAS. Todo muy kafkiano, como es este nuevo Gobierno del PP y Cs que apoya incondicionalmente Vox: una auténtica tomadura de pelo a la ciudadanía….y al principio de legalidad.

A la vista de dicha resolución de la Interventora General, la Asociación se lo comunicó a la Unidad de Transparencia del SAS el pasado 13 de noviembre de 2019, pidiéndole de nuevo que el SAS resolviera la solicitud y que acusara recibo. El 21 de noviembre de 2019, al no recibir nada, la Asociación reiteró el acuse de recibo.

Por fin, el 22 de noviembre de 2019 se recibe un correo electrónico del SAS acusando recibo de los correos de la Asociación, informando que han iniciado su tramitación (SOL-2019/00002490-PID@) de acuerdo a las estipulaciones contempladas en la Ley 9/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y en la Ley 1/2014, de Transparencia Pública de Andalucía.


El plazo estipulado en la Ley para resolver la solicitud es de 20 días. Han transcurrido casi dos meses, y nada se sabe respecto a dicha solicitud.

Con el presente artículo y los dos anteriores publicados, ya son tres los artículos consecutivos dedicados a los incumplimientos legales del SAS, un órgano del nuevo Gobierno que, según repiten, constantemente, son el Gobierno del “cambio”, de la “regeneración” y la “transparencia”. Claro, y los burros vuelan.

¿Y qué hace mientras tanto la oposición de Vox, Adelante Andalucía y PSOE en el Parlamento de Andalucía? Contar nubes, obviamente, sin dejar de colaborar para que la corrupción sistémica de este régimen partidocrático no cese.

¿Y qué hacen los ciudadanos ante estas ilegalidades? Salvo unos pocos, nada. Sólo me queda recordarles que “cuando las barbas de tu vecino veas pelar, pon las tuyas a remojar”. Ustedes sabrán.

La Asociación "Justicia por la Sanidad", una vez más, ha convocado para el próximo domingo 2 de febrero una manifestación en la ciudad de Sevilla, no sólo por estos incumplimientos legales, sino porque el deterioro de la Sanidad pública va a más, y es necesario que los ciudadanos lo expresemos en la calle, único reducto que nos queda para hacernos oír, dado nuestro abandono por las instituciones públicas. Aquí tienen la información: Sevilla 2-F  



No hay comentarios:

Publicar un comentario