martes, 6 de octubre de 2015

Política de cortos vuelos


Artículo de Luis Marín Sicilia


“Sin la política de Estado se abre la espita totalitaria y la pérdida de la ciudadanía como conjunto inderogable de derechos y deberes”

Resulta descorazonadora la insistencia de nuestros políticos en separar la acción propia de su actividad del respeto a la legalidad, insistiendo muchas veces en que no basta con exigir el cumplimiento de la ley sino que, ante desafíos de gran calado, hay que aplicar recetas políticas. Ignoran quienes así piensan que en un Estado democrático no se trata de hacer política en sentido amplio, concepto al que parecen referirse y que consiste en la actividad, arte, doctrina u opinión que tiende a la búsqueda del poder público, a su mantenimiento o a su desaparición en cualquier grupo humano de convivencia. Eso es la pequeña política, la mala política de cortos vuelos.
 
Sin embargo, en un Estado de derecho, la ley y la acción política van indisolublemente unidas y esta se expresa a través y desde el respeto a la legalidad que, democráticamente, se ha establecido como norma de convivencia aplicable a todos los ciudadanos. Esta es la gran política, la política de Estado, sin la cual se abre la espita totalitaria y la pérdida de la ciudadanía como conjunto inderogable de derechos y deberes. Por ello me ha resultado sorprendente escuchar en una emisora de radio a la política de moda, Inés Arrimadas, repetir el mantra tan desgastado de que en la cuestión catalana tiene su parte de culpa el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, porque “no basta con aplicar la ley sino que hay que hacer política”. Y siento que ello sea así por la buena impresión que se desprende de la trayectoria política de la lideresa de Ciudadanos, formación que no sería bueno que jugara a la ambigüedad o a la equidistancia en temas de gran calado político.

Resulta pernicioso insistir en cuestiones tangenciales cuando algunos pretenden, sin conseguirlo, redimir a quienes no quieren ser redimidos. Hacer política cuando se viola la legalidad parece resultar muy socorrido para ciertos actores sociales, hasta haberlo viciado los socialistas catalanes, que olvidan que sin respeto a la ley no hay política posible... salvo en las dictaduras. Diálogo, hacer política se dice, pero no se añade que, ambas cosas, deben hacerse desde los cauces y los límites que impone la ley.

Hay mucha nueva clase política, que ha sido catapultada a la popularidad desde las tertulias televisivas, que se deben ir aclarando ante la ciudadanía, dada su próxima presencia en las Cortes Generales. Y para ello debieran ir explicando cuestiones como las siguientes: ¿Qué política hay que hacer frente a quienes se niegan a cumplir la legalidad vigente? ¿En qué consiste la federalización del Estado español? ¿Sobre qué se quiere dialogar? ¿Qué pretendemos, cumplir la ley, reformarla o soslayarla? ¿Qué reforma de la Constitución se propone? ¿Para ampliar las competencias de las autonomías, para reducirlas o para controlarlas? ¿Vamos a ser todos los españoles iguales ante la ley, o bajo el síndrome de la singularidad, se esconde una fuente de privilegios?

“Lo peor es que, a este juego del diálogo sustitutivo, se preste -¡arrogándose un buen talante democrático!- el partido que más tiempo ha gobernado en democracia”

Si hay algo que chirría y desentona en la conciencia ciudadana es el diferente trato judicial y las distintas lecturas que se producen, según se investigue a políticos soberanistas catalanes o a políticos de otros segmentos geográficos e ideológicos. Basta con observar el respeto a las decisiones que perjudican al partido del Gobierno, casos Gürtel o Rato, y la orquesta sinfónica de aviesas intenciones sobre las citaciones de Artur Mas o el caso Pujol.

El problema de fondo es la poca consistencia del espíritu democrático en nuestro país, donde se empieza suplantando el respeto a la legalidad por una peculiar forma de dialogar y hacer política, para terminar, como ya anuncian algunos, no cumpliendo las leyes que no les gustan. Lo peor es que, a este juego del diálogo sustitutivo, se preste -¡arrogándose un buen talante democrático!- el partido que más tiempo ha gobernado en democracia, y a la vez parece atraer a otros que expenden halos regeneradores y comportamientos ejemplares. Triste es que tengan que aprenderse tales principios desde la responsabilidad de gobernar, pero esta es la consecuencia de haber convertido a la política en un espectáculo mediático donde prima la seducción populista para arañar votos lo más fácilmente posible. Luego, su aprendizaje lo pagamos los ciudadanos cuando acceden al poder, y así nos va con esta casta, sea la vieja o sea la nueva.

Sin miedo a las reformas legales que vayan mejorando nuestra convivencia, hay que dar la bienvenida a todas las aportaciones de savia nueva para conseguirlo. Pero siempre desde la legalidad, es decir, los pasos han de darse desde la ley hasta la ley, con arreglo a las formalidades previstas para su reforma. Cualquier otra disquisición, sin explicar el qué, el cómo y el cuando del diálogo y de la reforma, son ganas de confundir al personal y denota poca confianza en lo que se quiere si no se es capaz de explicarlo convincentemente.

“Quienes hablan de dialogar y vinieron para regenerar la política deben aclarar su disposición para dar satisfacción a quienes protestan por la corrupción andaluza y por la existencia de verdaderas bandas organizadas, en torno a la acción política, para delinquir”

Hablar de todo, reformar lo reformable sin más límites que los pilares de nuestro Estado de derecho, que son la unidad, la soberanía nacional y la igualdad de los españoles. Pero necesidad también, y sobre todo, de regenerar a fondo la política, acabar con los fueros y privilegios, limpiar las administraciones de advenedizos y recuperar la independencia judicial. Porque lo que no puede ser es que el deterioro de las instituciones siga su deriva amenazando, si no se corrige, con la destrucción del sistema democrático.

Ese deterioro institucional es particularmente notable en Andalucía, donde cada día surge una nueva irregularidad, siempre con el mismo "modus operandi": expedientes a posteriori para lavar  la mordida, ignorancia de los responsables, que nunca saben nada, y maniobras de todo tipo para que la responsabilidad sea de los cuatro golfos que se comerán el marrón.

Quienes hablan de dialogar y vinieron para regenerar la política deben aclarar su disposición para dar satisfacción a quienes protestan por la corrupción andaluza y por la existencia de verdaderas bandas organizadas, en torno a la acción política, para delinquir. No basta con presidir comisiones de investigación, de acuerdo con el partido gobernante. Hay que saber si los "regeneradores" serán cómplices de la operación orquestada para convertir lo que la juez Alaya y el instructor del Tribunal Supremo calificaron como una responsabilidad penal de estructura piramidal, en una simple metedura de mano de cuatro "mandados" convertidos en chivos expiatorios. Esto último es lo que ocurre cuando un sistema democrático deviene en régimen político, donde se habla y dialoga pero se orilla la legalidad, haciendo política de cortos vuelos.



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