La implacabilidad del régimen

Artículo de Paco Romero

Hace escasas semanas tuve la ocasión de asistir a unas interesantes jornadas sobre las “novedades introducidas en las leyes 39 y 40 de 2015”  que entrarán en vigor en casi toda su extensión a primeros de octubre. Ambas ordenarán la regulación ad intra del funcionamiento interno de cada Administración y de las relaciones entre ellas y la ordenación de las relaciones ad extra de las Administraciones con los ciudadanos y empresas.

A modo meramente introductorio, es necesario precisar que ambas vienen a suceder, tras un cuarto de siglo de vigencia, a la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del Procedimiento Administrativo Común, reformada por la Ley 4/1999. A partir de entonces, el procedimiento corresponderá a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones públicas (LPACAP), mientras que lo orgánico u organizativo será objeto de la Ley 40/2015, también de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector público (LRJSP).

Sin duda, se trata de dos leyes esenciales, para lo bueno y para lo menos bueno, en el discurrir cotidiano de la administración. Las ponencias fueron expuestas por un elenco de profesores de Derecho Administrativo de primer nivel, coordinados por la catedrática de la Hispalense doña Encarnación Montoya.

La coordinadora, en el preámbulo, se limitó a “ensalzar” las maldades de ambas leyes, sus lagunas, sus excesos, sus debilidades… que sin duda las tienen, sin que en ningún momento exaltara, ni siquiera ponderara, los considerables beneficios que ambas normas aportarán a una administración anclada en el último tercio del siglo XX y que pretenden la modernización de sus estructuras: fin al papel, ventanillas y registros electrónicos, consumación del “vuelva usted mañana” a través de una directiva de plazos terminante, etc.

Curiosamente, no lo entendieron así los ponentes cuyas disquisiciones, desde la óptica puramente académica, fluctuaron entre las bondades -de las que algunos se mostraron encomiables aclamadores- y los remediables deslices y lapsos -a la hora de ponerlas en marcha- de los que, a su entender, gozan ambas normas. Lo que no fue óbice para que ya en la clausura en inopinado "déjà vu" de doña Encarnación, la concurrencia -conformada por casi tres centenares de responsables políticos y funcionarios de alto nivel- hubiera de sufrir  el aleccionador epílogo de sus conclusiones en nada compadecido con lo allí esgrimido a lo largo de dos días.