miércoles, 29 de marzo de 2017

Redes sociales y subversión

Artículo de Paco Romero



“Pasar de puntillas sobre una noticia es disculpable, tergiversarla es sectarismo, retuitearla o compartirla fanáticamente sin comprobar su autenticidad, u obviando sus fundamentos, resulta subversivo”


Si algo bueno tienen las redes sociales es que, igual que Zapatero se hizo experto en Economía en dos tardes de la mano de su amigo Jordi Sevilla, el resto de mortales -¡mea culpa!- le echamos la pata al leonés de Valladolid y somos capaces de hacer la carrera y el master en esa disciplina y en cualquier otra en dos segundos, justo el tiempo que tardamos en leer el titular de la “noticia” que nos brinda el amigo de turno. El tiempo se eterniza hasta los dos minutos si ya osamos “pincharla”, ver el contenido y, encima, “llegar a entenderlo”.

Opinamos en 140 caracteres, por ejemplo, de la energía solar y del impuesto al sol con la misma soltura-desfachatez que del rescate de las autopistas. Eso sí -¡ni puñetera falta que nos hace!- nadie ojea siquiera los preámbulos de las directivas, leyes, decretos y órdenes que lo regulan ni los fallos de las sentencias que nos obligan.

¿Quién no ha leído y ha dado por bueno que el mangante gobierno de España pretende, no solo que los autoconsumidores de energía solar -los que han instalado su placa en la azotea- estén obligados a pagar los peajes de transporte y distribución de la energía eléctrica y contribuyan a sufragar los costes, sino que incluso se han detenido a los primeros testarudos que se resisten a ello? ¿Quién con algo de vida social en Instagram desconoce a estas alturas que el Estado, por culpa del mismo ratero gobierno, se tendrá que hacer cargo de las autopistas de peaje en quiebra, lo que podría suponer un desembolso de entre 4.000 y 5.000 millones de euros?

Los indignados de Facebook debiéramos saber que lo aprobado por el RD 900/2015 podría tacharse desde el punto de vista liberal, y tiempo habrá de reprochárselo a sus autores llegado el caso, como algo funesto (por lo que supondrían, llegado el caso, los que podríamos denominar derechos solares de autor, como ya ocurre por la compra de CD y DVD vírgenes que hoy sí pagamos gozosamente sin rechistar “no vaya a ser que grabemos una canción”), pero nunca catalogarse de impuesto al sol ya que las placas solares que no estén conectadas a la red eléctrica seguirán haciendo disfrutar a su propietario de la energía generada de gañote. Se trata, pues, de un impuesto por acceso a la red del sistema eléctrico sobre el que -hay que recordar- recaen dos costes fijos: el de la generación de la electricidad y el de su transporte y distribución, cuantías que, por supuesto, hemos de seguir soportando entre todos, incluidos los que se acogen al autoconsumo.

Queda claro que quien no precise enchufarse al sistema se lo ahorra y no paga ni un céntimo, pero quien le dé a la palanquita hacia arriba -y, en general, todos- debemos partir de una realidad física irrebatible por mucho que nos opongamos en las calles: la electricidad no es almacenable y en épocas en las que las puñeteras nubes entorpecen la lluvia gratuita de fotones sencillamente no hay electricidad fotovoltaica, único motivo por el que a muy pocos autoconsumidores les interesa desenchufarse totalmente. Ese potencial acceso a la red es el que grava el real decreto. Un escándalo que no tiene similar respuesta cuando se sigue sin acometer el principal reto que no es otro que reducir esos costes fijos a través de quitas a las primas de las renovables, un cascabel difícil de encasquetar a un gato sediento de subvenciones. Si esa necesidad no se acomete pronto, los consumidores nos reiremos por no llorar del impuesto al sol en las futuras facturas.

Cosa parecida ocurre con la nacionalización de las autopistas de peaje en quiebra que vuelve a ser noticia: El consorcio Abertis, ACS, Bankia y Sacyr, entre el ruido de Twitter, reclama al Estado lo estipulado en la cláusula de responsabilidad patrimonial de la administración existente en todo contrato de concesión, en este caso entre cuatro y cinco mil millones de euros por la inversión no recuperada de las concesionarias, un “ajuste” similar al que reclama Bruselas en nuestras cuentas para 2017. En definitiva, otra consecuencia del boom económico, del “dinero no es de nadie”, de la etapa de despilfarro, de contratos administrativos forzando o ignorando el texto refundido de la ley que los regula.

La locución latina pacta sunt servanda (“los contratos son para cumplirlos” o “lo pactado obliga”) debe ser puesta en práctica a la misma velocidad que se abre una investigación de tales concesiones y se dirimen las correspondientes responsabilidades. Y ya puestos (con esto no contaban los más feroces críticos de la medida) podría empezarse por Magdalena Álvarez, ministra de Fomento allá por 2006, la misma que negligentemente no tuvo en cuenta la advertencia que le hizo el Consejo de Estado sobre la inclusión de una peligrosa cláusula de compensación que implicaba, si caía el tráfico en la autopista de peaje AP-7 como finalmente ocurrió, “la desaparición del riesgo” para la empresa concesionaria y su asunción por el Estado. Maleni, ni corta ni perezosa, firmó el convenio y lo llevó al Consejo de Ministros un 7 de abril con las consecuencias que ahora se derivan tras la reciente sentencia favorable a Abertis del Tribunal Superior de Justicia de Madrid: 1.500 millones de euros por el capricho de Lady Aviaco.

Pasar de puntillas sobre una noticia es disculpable, tergiversarla es sectarismo, retuitearla o compartirla fanáticamente sin comprobar su autenticidad, u obviando sus fundamentos, resulta subversivo.


P.S.- Resulta cuando menos curioso que nos posicionemos en contra del mal llamado “impuesto al sol” quienes, por su alto coste, ni tenemos capacidad de autoconsumo, ni soñamos con la posibilidad de generar nuestra propia electricidad; quienes, encima, desconocemos que, con nuestra rechazo, la factura de la luz nos llegará todavía más inflada.


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