miércoles, 17 de mayo de 2017

Con pólvora ajena

Artículo de Paco Romero




Más madera: El nuevo Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 y el Programa de Subvenciones de Construcción Sostenible


Vuelve a resurgir algo la economía y nadie mejor que un político en permanente campaña electoral para embaucar al prójimo tirando de populismo. Populismo que no tiene, necesariamente, que calificarse siempre de podemita.

El Ministerio de Fomento, tras hacer embarrancar el anterior, ha dado a conocer el borrador del nuevo Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, centrándose en especial en la rehabilitación y el alquiler, incrementando de 600 a 900 euros el coste máximo de los alquileres subvencionables y sufragando hasta un 50 % de la renta. Además prevé que el Estado (aportando un 80 %) y las Comunidades Autónomas (el 20 % restante) asuman el pago de hasta 400 euros de alquiler a personas desahuciadas o a colectivos vulnerables.

Sin embargo, la medida más inesperada ha llegado de la mano del anuncio estrella de una ayuda de hasta 10.800 euros destinada a menores de 35 años para afrontar los gastos de adquisición de su vivienda, libre o protegida, siempre que sus ingresos anuales no superen los 22.000 euros. Y es imprevista porque fue el mismo gobierno quien dictó la Disposición Adicional Segunda de la Ley 4/2013. Norma que, si bien, en plena crisis económica mantuvo las ayudas de subsidiación reconocidas a la fecha de su entrada en vigor, impidió no solo nuevos reconocimientos sino que -propiciando una expropiación de derechos en toda regla- negó cualquier tipo de renovación, prórroga o subrogación previamente reconocidas por los planes estatales de vivienda.

Es ahora, cuatro años después, cuando el gobierno, en aras de la “inseguridad jurídica”, relegando al olvido a casi 300.000 familias que sufren en sus bolsillos un sobrecoste de entre 90 y 300 euros mensuales, pretende engatusar a otra caterva de pardillos que pueden correr la misma suerte en el no improbable caso de que las cuentas vuelvan a no cuadrar.

Pero que no venga ahora la Junta de Susanidá a convertirse en defensora de estos malparados, que no saque pecho la misma que en Andalucía aplica con denuedo la citada disposición adicional culpando, naturalmente, a “Madrid” mientras oculta que estapresidenta no necesitó disposición estatal alguna para incumplir ya un lustro antes sus compromisos con los adquirentes de VPO en  Andalucía, a los que les adeuda una cantidad de 15.000 euros de promedio. Sí, a los mismos que, ilusionados entonces, se embarcaron en un proyecto muy distinto al que finalmente, ilusos ahora, le han endilgado.

Y hablando de inseguridad jurídica (esta vez sin comillas), qué mejor ejemplo que el de esta administración autonómica de nuestras culpas volviendo a endosar a la Agencia Andaluza de la Energía, previa transferencia inicial de 75,6 millones de euros, la gestión de ayudas millonarias para el programa de subvenciones de “construcción sostenible”: ventanas, puertas, carpintería y cristalería de última generación para no dejar escapar las calorías por los quicios de los particulares, sin importar su situación económica, sin fiscalización previa ni control por funcionarios como exige la ley. Esto es: 12.579 millones de las antiguas pesetas que sumados a los 25.190 (destinados a los programas “pyme sostenible” y “redes inteligentes”) elevarán a casi 40.000 millones de pesetas -que hemos perdido ya la perspectiva- los fondos que gestionará personal regido por el derecho laboral, en detrimento del personal funcionario.

Hace ya más de dos años narré en primera persona mis peripecias al respecto y anteayer se repitió la historia al abrirse la nueva convocatoria en forma de lluvia de millones. ¡Que siga la fiesta!

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