Artículo de Antonio Barreda
La Intervención General y la Cámara de Cuentas señalan que los
préstamos de IDEA podrían suponer menoscabo de fondos públicos
Ayudas
de 68 millones de euros del fondo de reptiles a Santana Motor
En febrero de 2011 y tras 600 millones de euros gastados por la Junta de
Andalucía se termina liquidando Santana Motor. Los entonces consejeros de Economía,
Innovación y Ciencia, Antonio Ávila, de Empleo, Manuel Recio, y de Hacienda y
Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo - los tres hoy imputados por los
ERE fraudulentos de la Junta de Andalucía-
junto a los secretarios generales de UGT-A, Manuel Pastrana, y CCOO-A,
Francisco Carbonero, presentaban el plan Linares Futuro, ante un abarrotado
salón de plenos el Ayuntamiento de Linares, como un gran acuerdo. El plan
termina liquidando una empresa que tenía 1431 trabajadores, firmando un acuerdo de
prejubilaciones para 742 trabajadores mayores de 50 años e intentando recolocar
al resto en empresas de la zona a través del plan Linares futuro, incluyendo un
plan de formación hasta diciembre de 2012 y una ayuda de 1,5 veces del SMI.
Tras la retirada de la japonesa Suzuki en 1991 la Junta se convirtió en
accionista mayoritario y en 1993 tomó el 83,75 % restante, y en 1995 los
japoneses se retiraron por completo de la empresa. Desde entonces no paró la
inyección de dinero público. Se llegaron a firmar acuerdos como con CAF (2005) para
fabricar vagones de trenes ligeros metropolitanos, con Gamesa (2005) para
elaborar componentes de equipos de energías renovables, o con la compañía
israelí Ener-t (2007) de la industria solar. Pero todo fue en vano, al igual
que ocurrió con la homóloga Delphi en Cádiz, en 2010 las últimas negociaciones
con Iveco y la rusa Tagaz fracasan. El final estaba cerca. La Junta seguía
inmersa en lo que mejor sabe hacer: publicitarse en Linares vendiendo humo y
mentiras a los trabajadores y presentando el plan Linares Futuro. Incluso José
Antonio Griñán anunció en una visita la implantación de manera progresiva de
siete empresas: Bertelsmann, Ogesa, Magtel, Telvent, Atos Origen, Rustarazo y
Addendia Outsourcing, relacionadas con los sectores de la comunicación, las
tecnologías de seguridad, la creación de software, la fibra óptica, la
maquinaria agrícola y los servicios de consultoría.
La Federación de MCA de UGT-A entra de
consejera en Santana Motor
Mientras
tanto, en el Registro Mercantil hay cosas interesantes. El 24 de marzo de 2010
se nombra como consejero de la empresa a “Metal Construcción y afines de la
UGT” y se hace presidente del Consejo de Administración a SOPREA (Sociedad para
la Promoción y la Reconversión Económica de Andalucía), dependiente de IDEA. El
29 de julio de 2011 se produce el cese de todo el consejo de administración y
se nombra liquidador a la Agencia IDEA, modificando los estatutos a liquidación
de la sociedad. En abril de 2012 se absorbe Santana Motor Andalucía en
liquidación, Santana Militar SL. en liquidación y Fabricados para la Automoción
del Sur SA El 26 de abril de 2015 cesa como liquidadora la Agencia Idea y se
nombra a Consejeros Externos Asociados SLP como liquidadora. El pasado 15 de
septiembre de 2016 se inscribe el acto de justificación de no aprobación de
cuentas en 2015 mediante certificación del Consejo de Administración. El 22 de
septiembre de 2016 se inscribe la reapertura de hoja registral por falta de
aprobación de las cuentas (artículo 378.7 del Reglamento del Registro
Mercantil) indicando la fecha de 29 de julio de 2016.
En la web de Santana Motor, aun en Internet, solo
se indica: “SANTANA-MOTOR,
SA, en Liquidación” Disolución. En cumplimiento de lo establecido en el
artículo 369 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, y concordantes
del Reglamento del Registro Mercantil, se hace público que con fecha 29 de
abril de 2011, la Junta General de Extraordinaria de Accionistas de la sociedad
“SANTANA-MOTOR SA, en Liquidación”, ha acordado la disolución de la misma e
inicio del periodo de liquidación.
SOPREA indica préstamos pendientes de
cobro de Santana desde 2001
En
la cuenta general 2014 de la Junta de Andalucía de SOPREA, en la Memoria de
cuentas anuales cerrada a diciembre de 2014 se indica que con fecha 27 de noviembre de 2001 la Sociedad concedió un préstamo a
Santana Motor SA por importe de 39 millones de euros, el cual estuvo dispuesto
en su totalidad a 31 de diciembre de 2007. Las condiciones del mencionado
crédito se detallan a continuación:
- El plazo y la cuantía de la devolución
estén condicionados a la obtención de resultados positivos antes de impuestos
por la prestataria.
- La cuantía total de las aportaciones
serán reintegradas en un periodo de 10 años a contar desde la fecha de
suscripción del Convenio, y será prorrogable automáticamente por períodos de 5
años.
No obstante, lo anterior, Santana Motor
SA, si así lo desea, podrá efectuar amortizaciones anticipadas parciales o
totales de las cantidades dispuestas siempre que el pago se compense con una
ampliación de igual cuantía de sus fondos propios. La operación devengará un tipo de interés del 5 %
de los resultados positivos disponibles en cada ejercicio de Santana Motor, SA
Con fecha 29
de abril de 2011, el Socio Único de Santana Motor, SA y de las sociedades
participadas Santana Motor Andalucía SL y Santana Militar SL, así como de
Fabricados para la Automoción del Sur, SAU, decidieron la disolución de las
citadas sociedades, y consecuentemente la apertura del período de liquidación
de las mismas. A partir de dicha fecha se inició el proceso de liquidación, el
cual se encuentra en un importante grado de avance, si bien no está definido
para la totalidad de los activos y compromisos a satisfacer. Como consecuencia
de esa situación, el Administrador Único mantiene íntegramente deteriorado el
crédito concedido a Grupo Santana.
En relación
con este crédito en 2014, se ha procedido a su reclasificación a créditos con
empresas del grupo, en atención al porcentaje de participación tras la
operación de absorción del hasta entonces su accionista (Incuba) por parte de
SOPREA.
La
Intervención General y la Cámara de Cuentas señalan que los préstamos de IDEA
podrían suponer menoscabo de fondos públicos
Por otro lado, la Cámara de Cuentas indica que
los préstamos entre IDEA y Santana podrían suponer un menoscabo de fondos
públicos, en su Fiscalización de Recursos y Aplicaciones de Fondos de la
Agencia IDEA publicado el pasado febrero de 2016 donde se indica respecto a
Santana:
A 31 de diciembre de 2012, todos los
préstamos participativos formalizados entre IDEA y Santana se encuentran
completamente deteriorados. Con base en la información analizada se puede
entender que los pagos autorizados por el Consejo Rector y ratificados por el
Consejo de Gobierno han sido, de facto, ayudas a fondo perdido concedidas por
la Agencia IDEA al Grupo Santana Motor, con independencia de que se hayan
podido formalizar y contabilizar como un contrato de préstamo participativo. No
se contiene en los expedientes documentación que permita comprobar el
cumplimiento de las condiciones establecidas por parte de la entidad
beneficiaria, ni la aplicación de los fondos a la finalidad para la que fueron
concedidos.
Con fecha 26 de febrero de 2014, la IGJA
(Intervención General de la Junta de Andalucía) emitió un Informe de Actuación
en relación con el citado convenio. En el informe se ponían de manifiesto
incidencias detectadas en las actuaciones de control financiero consistentes en
la supresión y modificación de determinadas cláusulas del texto del convenio
que se sometió a fiscalización previa. Las modificaciones suponían, a juicio de
la IGJA, una alteración sustancial de su contenido y naturaleza jurídica de
forma que lo que IDEA (y posteriormente Santana Motor) recibe no es un crédito
reintegrable, como había autorizado el Consejo de Gobierno, sino una ayuda a
fondo perdido.
Las conclusiones del informe de actuación
fueron las siguientes:
“En conclusión, nos encontramos ante un
nuevo convenio firmado entre la Consejería y la Agencia IDEA incumpliéndose
distintos preceptos:
1. Se ha omitido la fiscalización previa
(art. 88.1 TRLGHP).
2. No ha sido autorizado previamente por
el Consejo de Gobierno, incumpliéndose el art.21.1 Ley Presupuesto 2010 (Ley
5/2009, de 28 de diciembre).
3. Se ha podido cometer una infracción de
las previstas en el art. 109.b) del TRLGHP, consistente en comprometer gastos y
ordenar pagos con infracción de lo dispuesto en la Ley del Presupuesto.
Lo descrito anteriormente podría suponer
un menoscabo de fondos públicos, que han sido entregados a Santana Motor sin
autorización del Consejo de Gobierno, y sin que los mismos hayan sido
recuperados por IDEA dada la situación en que se encuentra Santana desde hace
años. De hecho, en la contabilidad de IDEA el préstamo otorgado a Santana
aparece totalmente provisionado, y se han reconocido ingresos por el mismo
importe procedentes de la Consejería.”
“(…) En el marco de este convenio, la Agencia,
mediante dos Acuerdos del Consejo Rector, de 08/06/2010 y 08/02/2011,
ratificados por Consejo de Gobierno de 22/06/2010 y 01/03/2011 respectivamente,
aprueba la concesión de un préstamo reembolsable a Santana Motor por importe de
25.735.044 € y 10.370.000 € respectivamente, lo que supone un importe acumulado
de 36.105.044 €.
La jueza Alaya abre una investigación
sobre esta ayuda
En base al informe de la Intervención General de la Junta de Andalucía,
señalado ya por la Cámara de Cuentas, en febrero de 2015 la Juez Alaya, a
instancias de la fiscalía, abrió
una nueva investigación para
determinar si la Junta incurrió en delito al alterar un convenio para convertir
un crédito de 36,1 millones a Santana Motor en una ayuda a fondo perdido. Así lo acuerda la
titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla en un auto fechado el pasado 6
de febrero, con lo que accede a la petición que hizo la Fiscalía Anticorrupción
el 26 de enero. El Ministerio Público considera que los hechos son constitutivos de delitos de
prevaricación, falsedad y malversación de caudales públicos.
La
Fiscalía, según señaló El Mundo, tuvo conocimiento de las presuntas irregularidades tras
incorporarse a la causa de los ERE el informe de actuación que el interventor
general de la Junta, recogido ya en el informe de la Cámara de Cuentas señalado
anteriormente, emitido el 26 de febrero de 2014 al apreciar menoscabo de fondos
públicos. El interventor constató que el borrador sobre el que fiscalizó el
expediente antes de que fuera elevado al Consejo de Gobierno para su
autorización era diferente al clausulado que contenía el convenio finalmente
firmado entre la Consejería de Innovación e IDEA. Desapareció el apartado que debía garantizar el cumplimiento de
los requisitos de información y publicidad (cláusula segunda) y se cambió el
tenor de otra (cuarta). Esta segunda modificación, según se lee en el informe
de actuación, tiene como efecto principal que, «concedido y pagado el préstamo reembolsable por la
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa a la Agencia IDEA, la primera
deberá transferir nuevamente a la segunda otro importe equivalente para que
ésta le reintegre el préstamo».
A
juicio de la Intervención, quedaba claro que el crédito autorizado por el
Consejo de Gobierno pasó a ser una “entrega de fondos sin contraprestación” por parte de Santana. Ello habría supuesto
la omisión de la fiscalización previa de la subvención y el incumplimiento de
la Ley de Presupuestos de 2010, ya que no fue autorizada, como marca la ley,
previamente por el Consejo de Gobierno.
La interventora de Idea afirma que hay
indicios de menoscabo de fondos públicos
Por
otro lado, según indicó la agencia EFE el pasado mes de junio de 2016, la
interventora de la agencia pública Idea, María Luisa Royo, afirmó que existen
"indicios" de menoscabo de fondos públicos en el préstamo de 36,1
millones de euros aprobado en 2010 por la Junta de Andalucía a la empresa
Santana Motor. La interventora había hecho esta afirmación en su declaración
como testigo en la causa de los ERE y dentro de la investigación por la
subvención concedida por Idea a Santana.
En
respuesta a las preguntas de los abogados del PP personados en la causa, que
instruye la juez de instrucción 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, la
interventora ha dicho que el préstamo concedido a Santana fue simultáneo a la
liquidación de la empresa de automoción. Además, los indicios de menoscabo se
basan en que en 2010 la agencia Idea ya había calificado el préstamo como
"deteriorado" a pesar de que el pago estaba previsto a partir de
2013, lo que suponía que consideraba que no lo iba a cobrar, según las fuentes.
Cuando se produjo la liquidación de Santana, el préstamo ordinario se
convirtió, de forma "prevaricadora y absurda", en préstamo
participativo, lo que significaba que Idea se ponía "a la cola de los
acreedores" y renunciaba a su cobro, han subrayado las fuentes.
Ayudas de 68
millones de euros del fondo de reptiles a Santana Motor
El pasado mes de mayo de 2016 saltó la noticia que la Junta había recurrido
al fondo de reptiles para poner 68 de millones de euros a Santana Motor, sin
que este dinero tuviera cobertura presupuestaria ni que hubiera sido ratificado
por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.
El Mundo señala que entre la
documentación que el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla ha trasladado
recientemente a las partes personadas en el marco del caso ERE figura el resumen ejecutivo que el
extinto Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) elaboró para justificar la
necesidad de aportación de fondos a Santana con motivo del plan de actuación
2004-2006.
Ese documento se preparó con
motivo de la reunión que el Consejo Rector del
IFA celebró el 22 de julio de 2004, en la que se
autorizó al ente que actuaba como 'caja pagadora' de las ayudas sociolaborales
y a empresas que concedía la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social a
aportar «hasta un importe máximo de veinte millones de euros» al antiguo grupo
industrial con sede en Linares, bien directamente, o a través de la Sociedad
para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía SA (Soprea).
En dicho resumen ejecutivo -
indica El Mundo - se lee textualmente: “La
propuesta que se eleva al consejo rector del IFA supone 189.442.000 euros
porque incluye el importe (68.078.000 euros), no cubierto presupuestariamente,
destinado por el IFA de manera anticipada a atender las obligaciones del Plan
de Acción de Santana que le fueron encomendadas y que están debidamente
justificadas”.
El plan de actuación
2004-2006 para Santana Motor, que tenía entre sus objetivos más importantes
aumentar las ventas del vehículo Aníbal, preveía para ello unas necesidades
financieras de 189,4 millones de euros. “Por
razones de prudencia y de adecuación a un calendario más razonable de pagos se
consideran sólo los dos primeros ejercicios (2004 y 2005), por lo que la
cantidad que se propone es de 146.162.000 euros (25.554.000 del año 2004,
52.530.000 del año 2005 y 68.078.000 de anticipos)”, incluye el citado
resumen ejecutivo. Esas actuaciones iban a ser planteadas al consejo rector del
IFA “en los próximos meses”, según anticipaba el documento.
En la sesión del 22 de julio
de 2004, el IFA acordó un desembolso de 20 millones de euros para Santana
Motor, lo que ratificó el Consejo de Gobierno cinco días después. Ello venía a
revocar el acuerdo adoptado el 2 de marzo de 2004 -12 días antes de las
elecciones andaluzas- por el que se autorizaba a dicho ente a aportar fondos
hasta un máximo de 180.483.000 euros “a fin de dar continuidad al Plan de
Santana Motor”.
El
PP relaciona esos pagos a Santana con el fondo de reptiles
En un escrito presentado en
el juzgado a finales del pasado mes de abril los abogados que ejercen la
acusación popular en representación del PP han puesto en relación dicho párrafo
con las declaraciones que el ex director general de Trabajo y Seguridad Social Javier Guerrero hizo
ante la juez Alaya cuando declaró el 8 de marzo de 2012. Deducen que ese
anticipo a Santana Motor se imputó a la partida presupuestaria 22.E o 31.L, el
conocido como fondo de reptiles.
En su interrogatorio la
instructora preguntó a Guerrero: “¿Es
cierto que Vd. resolvía la concesión de subvenciones a empresas desconociendo
si existía cobertura presupuestaria para el pago de las mismas, puesto que en
muchos casos el ejercicio presupuestario contemplado en su resolución nada
tenía que ver con el que se establecía en el Convenio firmado posteriormente?”.
Esa pregunta le dio pie al antiguo alto cargo a explicar el desvío de una
transferencia de 86 millones de euros desde la Dirección General de Trabajo al
IFA supuestamente para el pago de las prejubilaciones de operarios de Santana.
A ese fin, según detalló, se terminó destinando “tan solo 18 millones y el resto -aproximadamente unos 68 millones- se
empleó en otros pagos distintos para Santana Motor”.
Guerrero señaló que esa
circunstancia ocurrió “a finales de 2002
o principios de 2003”
y que le obligó a retrasar los compromisos de pago “más de dos ejercicios”, así como a tener que provisionar
nuevamente los 68 millones que tendrían que haberse destinado a abonar las prejubilaciones.
Extendiendo la explicación,
el ex director general de Trabajo indicó que el desvío de ese dinero le supuso
un “desastre”, de tal modo que cuando
fue destituido del cargo el 28 de abril de 2008 “todavía se le debía 12 millones de euros a la póliza de
prejubilaciones de Santana”. Los 68 millones referidos por Guerrero en su
declaración judicial coinciden con la cantidad (68.078.000 euros) que el propio
IFA reconoció en el documento que se elevó a aprobación del consejo rector en
la sesión celebrada el 22 de julio de 2004 bajo la presidencia de Francisco
Vallejo, cuando este era consejero de Innovación, Ciencia y Empresa.
El
PP pide que la UCO investigue estos hechos
La acusación del PP,
personada en la causa, pidió el pasado mes de mayo a la Juez Núñez Bolaños que
ordene a la UCO de
la Guardia Civil que investigue los hechos y que requiera a la
Junta para que, en el plazo de 10 días, aporte los documentos justificativos
del pago a Santana de los 68.078.000 euros sin cobertura presupuestaria y copia
de los acuerdos o resoluciones de los órganos de gobierno del IFA o de la
propia Junta mediante los que se acordaron dichos anticipos y los pagos, “especificando el origen de dichos fondos”.
El PP sospecha que la Agencia IDEA -sucesora del
IFA- “habría falseado la documentación
que ha remitido al juzgado, al no haber aportado a la investigación ningún
expediente relativo a dichos pagos ni constar los mismos en ninguno de los
desplegables que han sido elaborados y remitidos por la agencia, ocultándolos
deliberadamente al juzgado”.
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