Artículo de Paco Romero
Hace casi un mes, con
ocasión de la aprobación por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía
del Decreto-ley 5/2016 que ha(bría)
de regular la jornada de trabajo del personal empleado público de la Junta de
Andalucía, tuve la ocasión de
manifestar mi opinión al respecto, que no es otra que la del respeto a la legalidad,
sin triquiñuelas ni retorcimientos, basándome, exclusivamente, en que se trata
de una competencia estatal que, en concreto, ha fijado una jornada laboral mínima de 37 horas y media semanales
y que, a más a más, había sido refrendada por la Sentencia del TC
99/2016 que desestimó una reclamación similar de la Generalidad de Cataluña y de otra más reciente,
del Gobierno
de Castilla-La Mancha.
Terminaba la disquisición recordando: el decreto “que
promueve tan engañosa expectativa habrá de ser ratificado, o no, en el pleno de
las Cinco Llagas. Será el momento en el que todos y cada uno se retraten…”.
Y llegó el instante de la foto: el pasado día 10 nuestros
109 apoderados en el Parlamento andaluz tuvieron la ocasión de mostrar
sus cartas.
Naturalmente -está obligado- que el gobierno lo recurrirá al
tiempo que negociará la baza para otros menesteres desde su minoría en la
Carrera de San Jerónimo…
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