martes, 22 de noviembre de 2016

Engañar deliberadamente o prevaricar tan ricamente


Artículo de Paco Romero


El Parlamento andaluz ratifica las 35 horas semanales para los empleados públicos con los votos de PSOE, IU y Podemos y las abstenciones de PP y Ciudadanos

“¿Qué pasa  por la mente de los responsables del PP y de Ciudadanos para que no se atrevan a votar en conciencia, respetando la legalidad?”


Que las instituciones autonómicas de la representación popular están bajo mínimos en cuestiones de vergüenza, de moral y de ética, cuando no ayunas de la más mínima instrucción, ya a nadie extraña. Que nuestros representantes -¡sálvese quién pueda!- actúan como mandados de las direcciones de sus partidos y no de sus electores, es una evidencia cada vez mayor.

Hace casi un mes, con ocasión de la aprobación por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía del Decreto-ley 5/2016 que ha(bría) de regular la jornada de trabajo del personal empleado público de la Junta de Andalucía, tuve la ocasión de manifestar mi opinión al respecto, que no es otra que la del respeto a la legalidad, sin triquiñuelas ni retorcimientos, basándome, exclusivamente, en que se trata de una competencia estatal que, en concreto, ha fijado una jornada laboral mínima de 37 horas y media semanales y que, a más a más, había sido refrendada por la Sentencia del TC 99/2016 que desestimó una reclamación similar de la Generalidad de Cataluña y de otra más reciente, del Gobierno de Castilla-La Mancha.

Terminaba la disquisición recordando: el fraudulento decreto “que promueve tan engañosa expectativa habrá de ser ratificado, o no, en el pleno de las Cinco Llagas. Será el momento en el que todos y cada uno se retraten…”.

Y llegó el instante de la foto: el pasado día 10 nuestros 109 apoderados en el Parlamento andaluz tuvieron la ocasión de mostrar sus (des)vergüenzas. El texto propuesto por el gobierno se aprobó, naturalmente, con los votos del PSOE -cuyos responsables, como tienen acreditado, vienen conjugado los verbos contravenir y engañar al unísono- a los que se sumaron, al carecer de un programa medianamente serio en esta y en el resto de materias, los de Podemos e IU, en su único y celebrado afán de abrir un nuevo frente con el gobierno del Estado.

Si todo ello era esperable, las abstenciones de PP y de Ciudadanos deja el adjetivo maricomplejines -made in Jiménez Losantos- en desfasado e insuficiente a la hora de calificar el desahogo moral de los llamados a mantener el orden, la compostura, la decencia de las instituciones en definitiva.

Pero colmo, el decreto ley debatido en el Parlamento no contaba con ningún informe jurídico que lo respaldase, porque a ningún letrado en ejercicio le va eso de prevaricar alegremente y, además, porque el presidente de la cámara -que para eso debutó saltándose el Reglamento- no lo permitió. Tan seguros están el gobierno y sus respaldos en La Macarena de la infracción que, tras dictaminar el Consejo Consultivo que se trata de normativa básica estatal, ha hecho desaparecer del Proyecto de Ley de Presupuestos para 2017 la disposición adicional del anteproyecto que recogía las 35 horas semanales.

¿Qué pasa, pues, por la mente de los responsables del PP y de Ciudadanos para que no se atrevan a votar en conciencia, respetando la legalidad? ¿Es que votar en contra de una ley nula por ilegal, es votar en contra de los intereses de los funcionarios andaluces? ¿Prefieren los empleados públicos un beneficio ilegal aunque les traten como incapacitados? O todo lo contrario: ¿votando en contra no les están diciendo la verdad?, ¿votando en contra no huyen de la engañifa?, ¿votando en contra no se les está considerando gente madura y responsable?

Naturalmente -está obligado- que el gobierno de Rajoy, en contra de la petición de estapresidenta, recurrirá el dislate al tiempo que negociará la baza para otros menesteres desde su minoría en la Carrera de San Jerónimo… Por eso y porque no todo el mundo goza prevaricando.

Y no estamos solos en el circo de la ignorancia: Si el presidente del Parlamento de Andalucía, previamente a la votación, ni admitió ni solicitó informe jurídico alguno, no le va a la zaga su colega en la Asamblea de Extremadura a la hora de deshacer un empate en una votación. Hasta tres veces hubieron los diputados extremeños de “darle al botoncito” a mayor gloria de la licenciada -así está la Complutense- en Ciencias Políticas doña Blanca Martín que, seguramente, sería quien al final deshizo el “empate”. Disfruten de los tres minutos porque no tienen desperdicio:



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