miércoles, 26 de abril de 2017

La toga justiciera: suprema arma contra la corrupción

Artículo de Paco Romero



Que los jueces se metan en política, que se empapen bien de toda la inmundicia que acumulan las letrinas de las zonas nobles del poder y que, convenientemente despechados, con las entrañas renegrías y los pendrives llenos de información sensible, vuelvan a revestirse de puñetas

“Desde Garzón todo está inventado: venganza disfrazada de justicia”


El pasado viernes, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco, mediante un auto que “en exclusiva” ha publicado hasta la desaparecida Hoja del Lunes y del que, dicen, se ha hecho eco Radio Taxi, envió a prisión al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, tras haber sido detenido por la Guardia Civil en una operación que investiga su gestión en la empresa pública madrileña “Canal de Isabel II”.

Hasta un total de 12 personas fueron detenidas. Además de otras investigaciones en marcha sobre operaciones para desviar dinero de los fondos públicos en beneficio propio, se les imputan presuntos delitos de prevaricación, organización criminal, malversación, cohecho, blanqueo, fraude, falsificación documental y corrupción en los negocios. Para hacer más inmarcesible el oprobio, se habla incluso de comisiones chavistas.

¿Presuntos? ¿Puede un juez imaginarse todo esto? ¿Puede la Guardia Civil inventarse semejantes despropósitos? ¿Prevarican o realmente existen indicios tan flagrantes?

Dice -o quizá decía, ya no lo sé- el artículo 103 de nuestra Constitución que “la Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho. Nada más lejos de la letra y de su propio espíritu el resultado obtenido tras la consentida fuga del Derecho Administrativo y el desembarco de gran parte de la gestión en la empresa pública, impune y acertadamente denominada administración paralela por estos lares.

Es el caso de la empresa pública madrileña “Canal de Isabel II”. ¿Qué intereses tiene y a cuento de qué compra una empresa brasileña denominada Emissao? ¿Por qué y para qué adquiere la sociedad que gestiona el agua en la localidad colombiana de Barranquilla? No busquen respuesta, no puede haberla: solo el burdo afán de lucro de chorizos sin escrúpulos que, además, mastuerzos de nacimiento, se creen infalibles a la hora de hacer la trampa hecha previamente la ley.

Dicen que rectificar es de sabios. Nunca lo he creído, más parece cosa de imbéciles y en esas andamos… Tan es así que hoy impugno la crítica a la politización de la justicia que realicé hace solo tres semanas (La toga y la mujer del César) en estas mismas páginas. Observo ahora como la mejor de las soluciones en la lucha contra la corrupción lo contrario: que los jueces se metan en política, que se empapen bien de toda la inmundicia que acumulan las letrinas de las zonas nobles del poder y que, convenientemente despechados, con las entrañas renegrías y los pendrives llenos de información sensible, vuelvan a revestirse de puñetas.

Emulando a Pablo de Tarso, descabalgados en el camino de la Justicia, que no de Damasco, puede que hayamos encontrado la solución. Eso es: la esperanza ha de estar ahora en los jueces que usaron las puertas giratorias, los que, de forma parecida a esos mansos que salen toreados de toriles, se orientan con extrema rapidez y son capaces de empitonar “to lo que  se menea”. Nada nuevo. Desde Garzón todo está inventado: venganza disfrazada de justicia.

En una entrevista light, casi de beso de tornillo, sin alusión alguna ni al denostado Montesquieu, ni a la separación de poderes, ni a la diaria vulneración de los secretos sumariales, el juez Velasco, que en las últimas horas apunta también hacia su exjefe Zaplana, respondía el pasado domingo en el diario El Mundo, abusando de soflamas populistas y anticapitalistas, a cuatro cuestiones sin chicha ni limoná. A la pregunta con mayor trascendencia desde el punto de vista de las incestuosas relaciones de poder, que es el principal problema en el que se asienta la corrupción (¿volvería a la política tras su etapa en la Generalitat Valenciana?), la respuesta del magistrado no tiene desperdicio: “¿Para qué? Además, en Valencia lo que hice fue gestión. Yo me dediqué a construir infraestructuras judiciales y a informatizar. Cuando llegué usaban máquina de escribir. Cuando me marché, los 300 juzgados usaban ordenadores”.

Curioso: precisamente la misma labor que el juez Pedro Izquierdo ha realizado al frente de la Justicia en la Junta de Andalucía justo antes de endilgársele la responsabilidad de dirimir el horizonte penal de Chaves y Griñán. ¿He dicho Pedro?

“¡Pedroooooooo!”, vociferamos por aquí -dejando en paños menores a la mismísima Penélope- los que hasta ayer, haciendo un flaco favor a la lucha contra la corrupción, pedíamos, imprudentes, su abstención en la causa.


P.S.-

Adelantándonos al futuro, ¡cuántos estarán echados en oración para el improbable momento en que Zoido se hastíe de la política y vuelva a la carrera judicial! Aunque estas criaturitas cuentan con una ventaja y es que el exalcalde ha llegado a la mesa del ejecutivo, meta que persiguieron sin éxito sus colegas antes de introducir el pendrive gubernamental en el puerto USB del portátil del juzgado.

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