Artículo de Antonio Barreda
Esto es lo que el PSOE quiere hacernos tragar a todos
tras la acusación de la fiscalía en la llamada trama política de los ERE. La
acusación sigue la estela marcada por la jueza Alaya y por la investigación de la UCO de la Guardia Civil : que
hubo delitos por parte de los responsables políticos de la Junta de Andalucía. Y ahora
tendrán que afrontar sus consecuencias. Ya no son 4 golfos como defendió el
PSOE en un primer momento intentando echar abajo la causa desde el mismo
momento que se supo. Están acusados dos expresidentes de la Junta , varios consejeros, ex
consejeros y directores generales.
Recordemos que el escándalo se supo cuando se investigaba
una denuncia de unos empresarios de La
Raza que denunciaron que les habían pedido una mordida para
instalar una Escuela de Hostelería. El hilo de la investigación posterior llegó
hasta los ERE de Mercasevilla donde se descubrieron intrusos. Es decir,
personas que nunca habían trabajado en Mercasevilla pero que eran perceptoras
de un dinero que, en derecho, no les correspondía, pero que fue financiado
por la Administración
regional, descubriéndose elementos picarescos como el conseguidor de las ayudas
por antonomasia, Juan Lanzas o el exdirector general Francisco Javier Guerrero
en la galería de personajes que ha dado esta trama.
Hay
un olor a venganza contra los empresarios de La Raza el intento de cierre de su negocio una vez
que el PSOE gobierna en el actual Ayuntamiento de Sevilla. Y, según informó
ABC, el informe jurídico en el
que se cambió la calificación del antiguo pabellón de Información de la Exposición Iberoamericana
de bien patrimonial a demanial,
provocando la conclusión de la concesión del inmueble al restaurante La Raza , fue realizado
por un funcionario municipal que había tenido relación directa durante años con
uno de los principales implicados en el caso Mercasevilla y en los ERE, Antonio Rivas.
La trama corrupta
De
los 4 golfos hemos pasado en la trama corrupta a casi 280 imputados. Desde
el principio el PSOE se puso a echar nubes de tinta sobre toda la investigación.
Se puso hasta a la propia jueza en el punto de mira político. El entonces
diputado Alfonso Guerra salió para decir que "incluso hay una relación fuerte personal entre la jueza y el
actual alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, que eran compañeros y dicen que
algún expediente en común tuvieron”.
La
jueza Alaya, en la exposición razonada que envió al Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía (TSJA) sobre los aforados autonómicos, señala que
indiciariamente “el beneficiario de
manera mediata o indirecta del uso absolutamente discrecional de los fondos
públicos por parte de la administración fue el propio partido de Gobierno
(PSOE) al engrasar durante años y de esta forma las relaciones con empresarios
y sindicatos, lo que le generaría réditos políticos y electorales”.
Ahora,
según la propia fiscalía, se perdieron unos 741 millones de euros como consecuencia
de la actuación de todos los intervinientes. En el PSOE hay quien defiende que
esta cifra no ha sido defraudada, sino que ha sido la totalidad del presupuesto
manejado que, en su mayor parte, sí fue a parar a las empresas en crisis y a
sus trabajadores. Y, si bien es cierto, que parte del dinero fue a financiar
despidos y prejubilaciones reales, los
beneficiarios de estas subvenciones fueron seleccionados de forma totalmente arbitraria,
a dedo. A los que hay que añadir una larguísima lista de intrusos que
nunca habían trabajado en estas empresas pero que sí fueron perceptores de
cantidades que nunca debían haber llegado a sus manos. Y el papel de UGT y
CC.OO. en esta trama no se nos debe de olvidar, ya que hay quienes entonces
eran altos cargos sindicales imputados. A parte del papel que jugaron en los
expedientes mismos de los ERE a través de sus gabinetes jurídicos.
Las empresas elegidas a
dedo
También
se olvidan estos defensores de los ERE, que defienden que la excusa fueron los
trabajadores, que los verdaderos beneficiarios de los ERE fueron las empresas
ya que se ahorraron el montante de despidos y de las prejubilaciones. Esta es
la madre de todas las cuestiones sobre los ERE. Además, resulta totalmente
escandaloso el hecho de que las empresas elegidas para recibir estas
pseudo-subvenciones fueran elegidas todas a dedo. Es decir, que el ejecutivo
decidía que empresas y trabajadores recibían dinero público en los expedientes
que se montaron para su pago. Desde 2008 a 2012 se generaron en Andalucía más de un
millón de parados. Y muchos cientos de miles de estos parados fueron
abandonados a su suerte, mientras que otros resultaron beneficiados de fondos
públicos porque la Junta
así lo quiso, ya que no se hizo una sola convocatoria pública para repartir
este dinero.
Y
todo se realizó sin norma alguna que sustentara este reparto millonario. Se
hicieron caso omiso a los informes de la Intervención General
que advertían del irregular sistema usado para el reparto de esos fondos,
transfiriéndolos desde el presupuesto de la Junta al presupuesto de la Agencia IDEA ,
sustrayendo así todo control presupuestario. Entonces supimos también la
existencia de la partida 31-L denominada en la jerga de la Junta Fondo de
Reptiles. Y después, empezaron la lista interminable de intrusos y supimos
hasta que el ERE de Cárnicas Molina figuraba en su acuerdo el depósito de este
en la caja fuerte de un banco, y que se pretendía jubilar a trabajadores con 48
y 50 años, cuando la Ley
solo contemplaba a partir de 52 años. También supimos que la partida 31-L
también sirvió a la financiación de 16
muestras de artesanía y jornadas relacionadas con el empleo organizadas
por municipios andaluces entre los años 2002 y 2004, con la particularidad de
que casi todos esos municipios estaban gobernados por el PSOE.
El dinero a Vitalia
seguros
Algo pasa cuando uno de los principales imputado por los ERE
Eduardo Pascual Arxé que gestionaba las pólizas de Vitalia está en paradero
desconocido después de pasar 15 meses en prisión. Según un informe de la Dirección General
de Seguros aportado a la causa de los ERE, Vitalia percibió al menos 36,2
millones de euros de “sobrecomisiones” por operaciones de corretaje en los ERE,
ya que sus tarifas eran muy superiores a la media del mercado. Ello era posible
porque no existía ni contrato, ni adjudicación, ni oferta previa, ni proceso de
selección. La Junta
de Andalucía encargaba la intermediación en los ERE a Vitalia de forma
discrecional y la empresa aplicaba los precios que consideraba oportunos. De
hecho, según los investigadores, parte de esas sobrecomisiones las repartió
Vitalia entre otros conseguidores e intermediarios e incluso entre los
sindicatos mayoritarios UGT y CCOO.
Y como desveló El Mundo Vitalia tenía una mutua llamada
Fortia Vida, vinculada a Eurobank y que también acabó quebrando, a la que la Junta de Andalucía encomendó
el aseguramiento de prejubilaciones por 98,5 millones de euros. Fortia es la
mutua que, como desveló EL MUNDO, desvió dinero a paraísos fiscales, entre
ellos República Dominicana, donde invirtió en un hotel del que era socio Jesús
Barderas, amigo del ex presidente Felipe González y en ocasiones su anfitrión
en la isla caribeña. Como también desveló EL MUNDO, en ese proyecto hotelero
están también embarcado David Marjaliza, presunto testaferro del ex dirigente
del PP madrileño Francisco Granados y uno de los imputados clave del caso
Púnica.
La acusación de la
fiscalía anticorrupción
Hay un total de 24 ex altos cargos acusados. La fiscalía
anticorrupción pide seis años de cárcel para el ex presidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán, y 10 años de
inhabilitación en empleo o cargo público para Manuel Chaves. Pide ocho años de prisión para tres ex consejeros
andaluces, José Antonio Viera, Antonio Fernández y Francisco Vallejo,
por el delito continuado de malversación, y seis años para otra ex consejera, Carmen
Martínez Aguayo, por el mismo delito.
En su escrito de acusación 26 políticos y técnicos del
Gobierno andaluz deben afrontar la devolución a la Hacienda pública de 741
millones en caso de condena. De ellos, a Griñán los fiscales le imputan la
devolución solidaria —junto a otros 18 altos cargos acusados de malversación—
de 483 millones, por conocer su destino irregular desde su puesto como
consejero de Hacienda. El resto de personas que tendrán que responder de manera
solidaria son José Antonio Viera Chacón, Antonio Fernández García, Carmen
Martínez Aguayo, Francisco Vallejo Serrano, Agustín Barberá Salvador, Justo
Mañas Alcón, Jesús María Rodríguez Román, Francisco Javier Guerrero Benítez,
Juan Márquez Contreras, Daniel Alberto Rivera Gómez, Juan Francisco Sánchez
García, Javier Aguado Hinojal, Lourdes Medina Varo, Manuel Gómez Martínez,
Miguel Ángel Serrano Aguilar, Jacinto Cañete Rolloso y Antonio Valverde Ramos.
En cuanto al delito de prevaricación, la fiscalía incluye en
su acusación a 24 personas, Gaspar Zarrías, José Antonio Viera, Antonio
Fernández García, Magdalena Álvarez, Carmen Martínez Aguayo, Francisco Vallejo,
Agustín Barberá Salvador, Justo Mañas Alcón, Gonzalo Suárez Martín, Jesús María
Rodríguez Román, José Salgueiro Carmona, Francisco Javier Guerrero Benítez,
Juan Márquez Contreras, Daniel Alberto Rivera Gómez, Juan Francisco Sánchez
García, Javier Aguado Hinojal, Lourdes Medina Varo, Antonio Estepa Giménez,
Antonio Vicente Lozano Peña, Manuel Gómez Martínez, Miguel Ángel Serrano
Aguilar, Jacinto Cañete Rolloso, Antonio Valverde Ramos y Francisco del Río
Muñoz.
Los hombres buenos
Sorprende la defensa bizantina realizada por los miembros
del PSOE, sobre todo la realizada por la presidenta de la Junta de Andalucía sobre
Chaves y Griñán, evidenciando que tiene dos varas de medir, una para el PSOE y
otra para todos los demás. La presidenta señaló hace unos días a la prensa que
los dos expresidentes andaluces asumieron responsabilidades políticas
"hace ya mucho tiempo" al dejar su escaño y abandonar el partido y ha
reiterado que, con todo el respeto a la Justicia , ella, "particularmente", cree
"en la honradez y honestidad de uno de otro porque a ninguno de los dos se
les ha acusado de beneficiarse personalmente". En ese punto, ha confiado
en que los que sí se beneficiaron en el caso de los ERE paguen "cuanto
antes" y que "lo hagan bien". "Espero que la justicia sea implacable con los
responsables", ha añadido. Además, la dirigente andaluza ha dicho haber
hablado con Chaves y Griñán recientemente: "Siempre he hablado con ellos y
en las últimas horas, también".
El problema que no entiende la presidenta Susana y el PSOE
es que no se les juzga por beneficiarse de los ERE, sino por dilapidar de forma
indiscriminada 741 millones de euros, sin
normas que amparen este riego de millones en subvenciones a empresas en
crisis con el que buscaban una paz social en Andalucía, mientras el resto de
los trabajadores andaluces se desangraban en las listas del paro sin tener la
suerte de estar en estos ERE.
Los ciudadanos eligen en las urnas cada 4 años a un partido
para que gobierne y mire por el dinero y las propiedades del pueblo, de los
ciudadanos, en definitiva. Es un concepto tan antiguo como aquel romano de la
res publica. Los gobernantes gobiernan en nombre del pueblo, y deben mirar por
el dinero del pueblo. El gobernante debe
mirar por cada céntimo gastado del presupuesto como si fuera suyo. Y en este
caso idearon un sistema para enviar dinero de los presupuestos de la Junta a una empresa pública
(IDEA) para eludir todos los controles de la intervención y asignar luego esas
cantidades a dedo a empresas en crisis. Añadiendo el escándalo que en medio de
este proceso algunos aprovecharon para meter intrusos en esos procesos y que el
dinero público llegara a esos intrusos.
Por
esto están acusados, por dilapidar una inmensa cantidad de dinero público sin
normas que sustentaran esa dilapidación. Y con criterios totalmente arbitrarios
para el reparto de esos fondos con la excusa de empresas en crisis. Hay que
reiterar que no fueron los trabajadores los últimos beneficiarios de las
ayudas, que lo fueron las empresas beneficiarias que se ahorraron despidos y
costes laborales que cubrió sobradamente el erario público de la Junta de Andalucía a través
de un sistema que creó el fondo de reptiles, y del que se beneficiaron los que
ellos decidieron de forma arbitraria.
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